Sánchez quiere ahora quedarse con 13.000 millones de los alcaldes para comprar apoyos a los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha liberado la posibilidad de que los ayuntamientos puedan gastar su superávit a cierre de año. Pero, pese a haber anunciado a bombo y platillo esta posibilidad después de haber intentado quedarse -sin éxito por el momento- con los fondos municipales, lo cierto es que lo ha hecho con trampas. La primera y más llamativa de las triquiñuelas consiste en que sólo ha permitido a los consistorios disponer de ese superávit generado en el año 2020, no del histórico acumulado y ahorrado a lo largo de años. Pero la segunda trampa aún se está gestando. Sánchez pelea por esos fondos porque necesita dinero para pagar el precio de lograr el apoyo de separatistas y proetarras a sus Presupuestos. Y ese dinero con el que pagar los apoyos políticos lo quiere sacar de los casi 13.000 millones que sigue aspirando a quedarse de las arcas municipales.

El Gobierno puso mucho empeño en saquear el dinero de los ayuntamientos. No lo consiguió en un primer asalto, pero estaba dispuesto a molestar incluso a municipios tradicionalmente controlados por los socialistas con tal de lograr los 14.000 millones que combinan las arcas municipales. Ahora aspira a conseguirlo parcialmente. No todo, pero sí el importe ahorrado a lo largo de todos los años previos a 2020: cerca de 13.000 millones de euros.

La razón es sencilla: el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a una serie de pagos y quiere comprometerse a todavía más y ahora no sabe cómo pagar toda esa factura.

El primer boquete en las cuentas de Sánchez procedió del compromiso de pago a las autonomías de 16.000 millones en concepto de ayudas por el Covid.

Pero a su vez, Podemos le exige en plena recesión que utilice todo el margen de endeudamiento en ayudas sociales, renta mínima, becas, planes de vivienda social y subvenciones ideológicas. Todo un elenco de gastos a los que Podemos exige que Sánchez haga hueco en los Presupuestos.

A las exigencias de Podemos hay que añadir a partidos necesarios para el esquema de alianzas de Sánchez, como ERC, BNG, EH Bildu o incluso JxCAT, también han pasado ya la factura de gasto con la que darían el visto bueno a las cuentas de Sánchez.

Gasto en inversiones en el País Vasco y Cataluña; en prestaciones sociales centradas en sus colectivos de voto; o gasto en regar asociaciones cercanas a sus intereses. Todo eso se negocia en estos momentos por parte de Pedro Sánchez con los partidos separatistas y proetarra. Y para eso el presidente necesita tener un remanente de dinero. Una bolsa de dinero que pretende arrebatar a los municipios.

Las cifras son evidentemente parecidas. Y así las debieron observar los equipos económicos del Gobierno. Las autonomías han empezado ya a recibir parte de esos 16.000 millones del plan anticoronavirus, de los que cerca de 9.000 millones acabarán destinados a reforzar el sistema sanitario y a pagar la factura de todo el gasto médico generado en la lucha contra el coronavirus -hay que recordar que la competencia y financiación de los servicios sanitarios son mayoritariamente autonómicas-. Pero lo cierto es que con caídas mensuales de recaudación de entre 5.000 millones y 3.000 millones como las que se están registrando desde el mes de abril en el conjunto de los grandes impuestos nacionales, es complicado hacer hueco a esos 16.000 millones sin que el Presupuesto nacional haga aguas por todas partes. Y aún más si hay que sumarles las exigencias presupuestarias de los socios de Pedro Sánchez.

La hucha de los Ayuntamientos

Los expertos del Gobierno no han tardado en mirar hacia la hucha de los ayuntamientos: 14.000 millones más que apetecibles para tapar agujeros financieros. El pequeño problema es que ese dinero no es del Gobierno. Ni siquiera es de los alcaldes: es de los ciudadanos que los han pagados en concepto de tributos municipales con destino a servicios locales.

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez se ahoga financieramente. Y, además, ha sufrido una derrota sin precedentes en el Congreso de los Diputados en su deseo por quedarse los 14.000 millones de los alcaldes. Ahora aspira a paralizar el gasto de 13.000 millones -el importe total, menos la parte correspondiente a 2020-, con el objetivo de volver a la carga más tarde. Porque, hay que recordar que el Congreso de los Diputados rechazó el acuerdo sobre los remanentes de los consistorios que el Gobierno y los alcaldes socialistas de la Federación de Municipios y Provincias (Femp) pactaron a espaldas del resto de ayuntamientos hace unas semanas y que se pretendía aprobar por decreto. La norma fue rechazada con 156 votos a favor, 193 votos en contra y 0 abstenciones.

Los alcaldes ‘populares’, aunque también de otras formaciones políticas, se habían opuesto a esta medida desde hacía meses. Y es que, en la práctica, implicaba la confiscación de hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos. Con este fracaso, Sánchez cosechó su segundo decreto rechazado. Un hito porque sólo han caído cinco en la democracia durante su tramitación parlamentaria.