Sánchez pretendía pagar los 16.000 millones de ayudas a las autonomías con el saqueo a los alcaldes

El Gobierno puso mucho empeño en saquear el dinero de los ayuntamientos. No lo consiguió, pero estaba dispuesto a molestar incluso a municipios tradicionalmente controlados por los socialistas con tal de lograr los 14.000 millones que combinan las arcas municipales. La razón es sencilla: el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a un pago a las autonomías de 16.000 millones en concepto de ayudas por el Covid y no sabe muy bien de dónde sacar semejante volumen de dinero.

A su vez Podemos le exige en plena recesión que utilice todo el margen de endeudamiento en ayudas sociales, renta mínima, becas, planes de vivienda social y subvenciones ideológicas. La solución buscada por los equipos de Sánchez era simple: se lo quito a los alcaldes y se lo doy a las autonomías. Y de ese modo, puedo seguir teniendo margen para hacer gasto social y electoralista. Ahora ese plan ha saltado por los aires.

Las cifras son evidentemente parecidas. Y así las debieron observar los equipos económicos del Gobierno. Las autonomías han empezado ya a recibir parte de esos 16.000 millones del plan anticoronavirus, de los que cerca de 9.000 millones acabarán destinados a reforzar el sistema sanitario y a pagar la factura de todo el gasto médico generado en la lucha contra el coronavirus -hay que recordar que la competencia y financiación de los servicios sanitarios son mayoritariamente autonómicas-. Pero lo cierto es que con caídas mensuales de recaudación de entre 5.000 millones y 3.000 millones como las que se están registrando desde el mes de abril en el conjunto de los grandes impuestos nacionales, es complicado hacer hueco a esos 16.000 millones sin que el Presupuesto nacional haga aguas por todas partes.

Por eso, los expertos del Gobierno no tardaron en mirar hacia la hucha de los ayuntamientos: 14.000 millones más que apetecibles para tapar agujeros financieros. El pequeño problema es que ese dinero no es del Gobierno. Ni siquiera es de los alcaldes: es de los ciudadanos que los han pagados en concepto de tributos municipales con destino a servicios locales.

Ahogo financiero

Lo cierto es que el Gobierno de Sánchez se ahoga financieramente. Ha sufrido en esta batalla una derrota con pocos precedentes en el Congreso de los Diputados, que demuestra que la política económica del Ejecutivo está cogida con pinzas.  El Congreso de los Diputados rechazó este jueves pasado el acuerdo sobre los remanentes de los consistorios que el Gobierno y los alcaldes socialistas de la Federación de Municipios y Provincias (Femp) pactaron a espaldas del resto de ayuntamientos hace unas semanas y que se pretendía aprobar por decreto. La norma fue rechazada con 156 votos a favor, 193 votos en contra y 0 abstenciones.

Los alcaldes populares, aunque también de otras formaciones políticas, se habían opuesto a esta medida desde hacía meses. Y es que, en la práctica, implicaba la confiscación de hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos. Con este fracaso, Sánchez ha cosechado su segundo decreto rechazado. Un hito porque sólo han caído cinco en la democracia durante su tramitación parlamentaria.

Pese a los intentos de última hora para negociar un acuerdo satisfactorio para todas las partes, que permitiera su aprobación y el uso de los remanentes para los consistorios y el Gobierno, los intentos no sirvieron de nada.

Los socios de investidura de Sánchez daban la espalda por primera vez a la coalición PSOE-Podemos, en una votación que era clave de cara al desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado. Y es que, sin ese superávit municipal, los alcaldes no pueden premiar colectivos o políticas decisivos en las renovaciones electorales. Y eso es un punto innegociable para cualquier alcalde. Sea del partido que sea.

Es decir, que el Gobierno ha mostrado sus fisuras cuando está a punto de empezar a tramitarse una Ley que tendrá que servir de guía para la política estatal en 2021, un año en el que, o España comienza la recuperación económica, o se sumirá en un abismo que obligará, de facto, a replantearse el Estado del Bienestar como lo conocemos.

La realidad es que Sánchez y su portavoz María Jesús Montero habían propuesto un negocio muy poco apetecible a los alcaldes españoles, que los socialistas sí que habían tenido que aceptar a regañadientes. Sánchez quiere enjugar el déficit del Estado durante esta crisis con los ahorros de cerca de 14.000 millones de las ciudades y municipios y, a cambio, les dejaba gastar 5.000 millones en dos años y el resto en 10 más. Es decir, un negocio muy poco atractivo que, en realidad, dejaría en la estacada a municipios que no cuentan con superávit y que también han visto como en los últimos meses se está desplomando la recaudación en sus arcas públicas.