Fondos de la UE

Sánchez bloquea desde hace un año en el Congreso mejoras en el control de los fondos europeos

Sánchez control de fondos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva prácticamente un año impidiendo que los partidos puedan enmendar el proyecto de ley sobre los fondos europeos con propuestas para dotar de un mayor control y agilidad al reparto. El Ejecutivo se ha aprovechado del trámite parlamentario para impedir el debate sobre la gestión de las ayudas procedentes de Bruselas, cuya distribución está siendo ampliamente criticada por el Partido Popular. Desde hace semanas, el partido de Pablo Casado ha lanzado una triple ofensiva -en el Congreso, los tribunales y en Europa- para denunciar la opacidad del reparto que, consideran, se hace a dedo para favorecer a territorios gobernados por el PSOE.

La Mesa del Congreso, donde los socios de la coalición cuentan con mayoría, retrasa desde el 17 de febrero de 2021 el trámite de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, lo que impide que estos puedan presentar sus medidas para fiscalizar los fondos. Aunque ello no implica su aprobación, sí obligaría al Gobierno a retratarse al tener que explicar por qué rechaza la supervisión. Desde el PP, por ejemplo, se insistirá en la creación de un mecanismo de auditoría independiente para controlar estos recursos.

En este tiempo, PSOE y Podemos han aprobado hasta 37 prórrogas en el plazo de enmiendas lo que implica que el proyecto de ley lleve un año paralizado en la Cámara baja. Cabe recordar que ese proyecto es el resultado del real decreto ley para la gestión de los fondos, aprobado por la mínima el 28 de enero del año pasado gracias al apoyo de Bildu y la abstención de Vox, lo que evitó a Sánchez una derrota histórica.

Tanto el Partido Popular como varios socios del líder socialista, entre ellos ERC, negaron su apoyo al texto. Los separatistas criticaron la «terrible centralización» que, en su opinión, se imponía al reparto de los fondos mientras que el PP denunció la «parafernalia y palabrería» del decreto que «no resuelve nada y lo complica todo».

El Gobierno no logró recabar el apoyo de sus habituales socios parlamentarios aunque, durante el debate, la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo aseguró la disposición de Moncloa a negociar y modificar el decreto durante su tramitación como proyecto de ley.

Pese a dicha promesa, el texto permanece inerte en el Congreso. En este tiempo, el PP ha alertado sobre la opacidad en el reparto de los fondos, los criterios que considera partidistas y la inexistencia de un mecanismo de control. Todo ello ha llevado recientemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a presentar un recurso por el reparto de forma «arbitraria» entre las comunidades autónomas, en relación a la distribución de un total de 9 millones de euros al País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Una ofensiva que apoyan otros barones.

«Nuestros socios europeos merecen que su solidaridad no acabe en proyectos clientelares y posibles corruptelas como lo que pasó con los fondos europeos que fueron a parar a los ERE de Andalucía», criticó estos días Pablo Casado, quien insiste en crear una autoridad independiente. Una propuesta a la que Sánchez se opone, como se lo hizo saber al líder del PP en la conversación que ambos mantuvieron este miércoles por la crisis entre Ucrania y Rusia y en la que el jefe del Ejecutivo despreció el trabajo de oposición al instar a Casado a «dejar de poner en duda» la gestión de los fondos.

Son múltiples los ejemplos que levantan sospechas sobre el reparto. Por ejemplo, los 2.000 millones para proyectos regionales que han sido distribuidos al margen de las reuniones de las conferencias sectoriales autonómicas, donde el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos pactan el destino de esas ayudas.

Como informó OKDIARIO, Génova rastrea 4.722 millones de euros en ayudas europeas, destinados a diversos asuntos, desde obras de saneamiento (100 millones), residuos (416 millones), movilidad eléctrica (400 millones), desarrollo local sostenible (325 millones), biodiversidad, violencia de género, energía limpia, reto demográfico, transporte urbano o mercados sostenibles.

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