PRESOS DE ETA

El partido de Otegi se vuelca con los presos de ETA y exige a Sánchez la «¡amnistía total!»

Pueblos y ciudades vascas se han llenado de mesas de 'Nochevieja' con las fotos de etarras

En Ondarroa, con una alcaldesa con pasado en ETA, se ha emitido una declaración por los presos

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Pelayo Barro

Sortu, la formación integrada en EH Bildu de la que proviene políticamente Arnaldo Otegi, se ha volcado esta Nochevieja con los presos de ETA que siguen cumpliendo condena en cárceles del País Vasco. Aproximadamente unos 140, aunque el ritmo de excarcelaciones ha aumentado en los últimos meses. Sortu, además de organizar las ya tradicionales ‘cenas etarras’ en las que se coloca en decenas de municipios mesas con las fotos de los terroristas presos de la localidad, también ha exigido la «¡amnistía total!» para los reos de ETA.

El colectivo de presos etarras acelera hacia sus objetivos de 2024, que pasan por encontrar una «vía política» que haga posible la salida de prisión anticipada de lo que ellos denominan «presos políticos». Un eufemismo para referirse al cerca de centenar y medio de miembros de la banda que cumplen condena por pertenencia a grupo terrorista y, muchos de ellos, por haber cometido o facilitado asesinatos.

Como suele ocurrir todos los años, el colectivo se muestra especialmente activo en la época navideña, especialmente al cierre del año. El 2023 no ha sido excepción: en decenas de municipios, Sortu y sus juventudes han instalado en zonas céntricas de los pueblos y ciudades una serie de mesas y sillas -vacías- con toda la vajilla y decoración preparada para comensales selectos: los etarras presos de esa misma localidad que no estarán en las cenas familiares al estar recluidos en una de las tres cárceles vascas. Hechos que han sido investigados en el pasado como apología del terrorismo.

«¡Amnistía total!»

En Lasarte-Oria, por ejemplo, se celebró un acto por parte de las juventudes de los de Otegi con bengalas y pancartas para exigir la «amnistía total» para los presos de ETA. «¡A la calle!», «¡etxerat!», gritaban los jóvenes de la corriente política que llevó a Arnaldo Otegi a la dirección de EH Bildu. «Para estos jóvenes, haber matado o ayudado a matar no merece ningún castigo penal. Está totalmente legitimado», ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo.

Las mismas escenas con largas mesas con fotografías de los asesinos de ETA se han podido ver en muchos otros municipios vascos: Irún, Hernani, Bilbao, Mondragón, Vitoria, Villabona, Aduna, Alquiza, Asteasu, Cizúrquil y Ondarroa. En este último municipio de Vizcaya han ido un paso más allá y ha sido el propio ayuntamiento el que ha colaborado en esta perfomance e incluso ha emitido una declaración institucional exigiendo una «vía política» para que las libertades de los presos etarras no dependan «de la Audiencia Nacional».

Esta plena identificación municipal con la causa tiene su explicación: en Ondarroa gobierna Urtza Alkorta, condenada a 5 años de prisión por colaborar con ETA en el traslado de explosivos y alcaldesa de la localidad desde el pasado mes de junio. Ella ostenta uno de los cuatro bastones de mando que alcanzaron miembros de ETA incluidos en esa lista de 44 candidatos con pasado terrorista que EH Bildu lanzó en las elecciones municipales de mayo del año pasado.

El propio Otegi también hizo un guiño a los presos de ETA para terminar el año, publicando un extracto del libro Rosa Luxemburgo donde relata su paso por la cárcel, acompañado de una alegórica imagen de puertas de celdas abiertas.

El triple de libertades

Mientras tanto, el colectivo de presos de ETA va viendo cumplidas sus aspiraciones y exigencias. En primer lugar fue con los acercamientos masivos al País Vasco ejecutados por el Gobierno de Pedro Sánchez, que terminaron con la liquidación de las políticas de excepción, a pesar de que muchos de los beneficiados ni se habían arrepentido ni habían colaborado con la Justicia para esclarecer asesinatos sin resolver. Y luego, con las progresiones a tercer grado y regímenes de semilibertad decretados por el Gobierno vasco liderado por Íñigo Urkullu (PNV), que ha triplicado la aprobación de terceros grados a los presos de la banda terrorista ETA desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le cediera la competencia en política penitenciaria, en octubre de 2021.

En 2023 el Ejecutivo vasco concedió el régimen de semilibertad a un total de 61 presos. La Audiencia Nacional ha revocado 15 de ellas. El Gobierno autonómico suma en poco más de dos años 34 concesiones más de terceros grados que las aprobadas por el Gobierno de Sánchez en tres años y medio, antes de que optase por ceder la competencia al Gobierno vasco y poner fin a la dispersión de presos de la banda terrorista a cambio del apoyo del PNV al Ejecutivo central.

Entre los presos de ETA beneficiados por esta política penitenciaria se encuentra Xabier Atristain Gorosabel, a quien se le aplica la propuesta de tercer grado por tercera vez. Así lo denuncia el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). También figuran Aitor García Aliaga e Iker Olabarrieta Colorado.

La concesión del régimen de semilibertad a Xabier Atristain ya fue recurrida con anterioridad por la Fiscalía, suspendiendo su aplicación, al alegar que su escrito de perdón no era «expresivo de un verdadero proceso de arrepentimiento y de repudio» al pasado terrorista de ETA.

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