Page se pliega a Sánchez y apoya recortar la autonomía de Ayuso para reducir impuestos en Madrid

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reunido en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para debatir sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que plantea el PSOE. Y de ese encuentro, García-Page ha salido apuntalando uno de los proyectos de Sánchez para liquidar la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid: la llamada ley de armonización fiscal, que obligaría a Isabel Díaz Ayuso a subir los impuestos.

Según le ha avanzado Page a Sánchez en ese encuentro, el presidente castellano-manchego tiene previsto remitir a Moncloa un documento de trabajo para plantear una «ley de armonización fiscal» que evite la «competencia fiscal entre comunidades». Una propuesta que va en consonancia de los planes anunciados por el Gobierno para recortar la autonomía de la Comunidad de Madrid a la hora de elegir su propia fiscalidad.

Page ha calificado de «necesaria» esa ley que, entre otras cosas, obligaría a Madrid a asumir cargas fiscales determinadas en impuestos prácticamente erradicados en la Comunidad, como Sucesiones y Donaciones. Según viene defendiendo el Gobierno, la fiscalidad de Madrid atrae a empresas al ser más beneficiosa y eso se nota en la financiación de los servicios públicos. Sin embargo, como ha demostrado la Comunidad de Madrid, la política fiscal madrileña genera mayores ingresos cuanto más bajos son sus impuestos.

La propuesta de Page, en la práctica, supone liquidar el principio de autonomía financiera que recoge la Constitución Española en su artículo 156: «Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles».

«La economía no se puede trocear en 17, como no tiene que haber 17 mercados o políticas fiscales», ha sostenido Page en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Sánchez.

Acuerdo con ERC

Además, García-Page ha instado a Sánchez a reconsiderar el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para transferir la gestión de los impuestos a Cataluña. En su lugar, ha propuesto un enfoque «multilateral» que involucre a todas las comunidades autónomas en un debate conjunto, con el objetivo de «resolver un desafío complejo».

Tras reunirse con Sánchez en el Palacio de La Moncloa, García-Page destacó en una rueda de prensa que el modelo de financiación debe ser «colectivo, sin regímenes especiales más allá de los que dicta la Constitución».

En este contexto, mencionó que tanto el País Vasco como Navarra deberían «sentirse preocupados por las demandas catalanas», argumentando que, si bien una excepción puede ser aceptable, «no sería lógico tensar la situación hasta que se rompa».

El líder regional también sugirió avanzar en una ley nacional de armonización fiscal para evitar el «dumping» entre comunidades autónomas, subrayando que «la capacidad fiscal no puede gestionarse con 17 regímenes diferentes». Recalcó la necesidad de «evitar la competencia fiscal» entre territorios.

García-Page mencionó que en la reunión se trataron 194 asuntos que afectan a las relaciones entre Castilla-La Mancha y el Gobierno central, muchos de los cuales deberán resolverse en coordinación con diversos ministerios. Sin embargo, señaló que el tema principal fue la financiación autonómica, tema sobre el que lleva tiempo insistiendo, tanto en reuniones privadas como en público.

Durante la conversación, destacó la importancia de defender un modelo basado en los principios de la socialdemocracia progresista, respetando la Constitución. Subrayó que la riqueza de España «es de todos» y no debe distribuirse territorialmente. «La riqueza de Castilla-La Mancha no pertenece solo a los castellanomanchegos, al igual que la de Cataluña no es exclusiva de los catalanes», afirmó, advirtiendo que un enfoque basado en la distribución de riqueza por territorios no sería un modelo federal, sino una contradicción a los principios de equidad.

Para García-Page, la «unidad» de España está más vinculada que nunca a la «igualdad». Enfatizó que la economía no puede dividirse en 17 mercados ni en 17 políticas fiscales diferentes, ya que los impuestos los pagan las personas y las empresas, y abogó por que quienes más tienen, contribuyan más, no solo en renta, sino también a nivel territorial.

El presidente regional demandó una «redistribución justa de la riqueza», recordando que el principio de que quien más tiene, más paga, debe aplicarse también entre territorios. Citó el artículo 156 de la Constitución para respaldar su visión de redistribución y solidaridad, señalando que el 90% del gasto autonómico se destina a sanidad, educación y servicios sociales, lo que hace imposible otorgar privilegios a unas regiones sobre otras.

Finalmente, García-Page concluyó afirmando que «ningún territorio puede pretender quedarse con toda su riqueza», ya que esta es el resultado del esfuerzo de generaciones.