Otro guiño de Sánchez a ERC: permite que las donaciones a los golpistas se libren de impuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha impugnado parte de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2020, pero ha evitado hacerlo en el artículo que exime prácticamente de tributación a aquellas donaciones realizadas a los golpistas a través de las cajas de resistencia organizadas por los separatistas para sufragar las fianzas de estos condenados por sedición y malversación.

Este gesto del Ejecutivo socialcomunista con los independentistas se produce en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que Moncloa quiere llevar al Congreso en las próximas semanas y que confía sacar adelante con el apoyo, entre otros grupos, de ERC. Este último guiño de Pedro Sánchez se suma al inicio de la tramitación de los indultos para los presos golpistas pese a las fuertes críticas de la oposición.

Fue precisamente Ciudadanos el partido que llevó al Consejo de Garantías Estatutarias la citada ley de Acompañamiento (o de Medidas Fiscales, Financieras, Administrativas y del Sector Público) y denunció, entre otras cuestiones, que ésta reformara -a través de su artículo 89- la ley 19/2010 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) de la Generalitat de Cataluña para beneficiar fiscalmente a las donaciones separatistas.

Así, introdujo una Sección Novena al Capítulo único del Título II de la Ley 19/2010 del ISD con el siguiente texto: «En las donaciones recibidas de Fundaciones y Asociaciones de régimen general, estén o no declaradas de utilidad pública, inscritas en los Registros del Departamento de Justicia de la Generalitat (o en Registros análogos de otras Administraciones), el contribuyente puede aplicar en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción del 95%».

La ministra Darias no actúa

Sin embargo, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó el pasado miércoles el acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y entre los artículos de dicha Ley de Acompañamiento que generan discrepancias entre ambas partes -comprometiéndose a revisar- no aparece el polémico precepto 89. Dicho acuerdo, con fecha del pasado 22 de septiembre, lleva la firma de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que evita actuar contra este artículo como representante del Gobierno de Pedro Sánchez,  y el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé.

Según fuentes del partido de Inés Arrimadas, Ciudadanos en su escrito al Consejo (CGE), órgano consultivo de la Generalitat que vela por la adecuación de las leyes regionales al Estatuto y la Constitución, denunció que tal reforma fue concebida «con la intención de convertirse en una ley ‘ad personam’ destinada a que las fianzas y garantías prestadas por asociaciones de naturaleza independentista, los deudores de las cuales son políticos incursos en procedimientos judiciales o administrativos, no tributen».

Además, los naranjas advirtieron de que «el otorgamiento de este beneficio fiscal para quien recibe alguna de estas donaciones o transmisiones lucrativas puede generar el efecto perverso de la excesiva facilitación del fraude tributario y el blanqueo de capitales». A juicio de Ciudadanos, esto «permitiría que, con la mera interposición de una entidad sin ánimo de lucro, el patrimonio pudiera llegar al beneficiario final sin casi ninguna carga tributaria».

No es de interés general

En cuanto a la reducción en la base imponible del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y otras transmisiones lucrativas efectuadas por entidades sin finalidad de lucro, el Consejo de Garantías Estatutarias atendió la reclamación de Ciudadanos y recomendó -sus informes no son vinculantes- acotar el asunto para no vulnerar el Estatut y la Constitución y excluir así de su ámbito de aplicación las «asociaciones de interés particular». El partido de Arrimadas remarca que la Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat, la entidad que gestiona la caja de resistencia de los independentistas, habría por tanto de quedar excluida al no ser de interés general.

Esta caja de resistencia se creó en mayo de 2017 para hacer frente a las multas y sanciones de los políticos condenados por el referéndum ilegal del 9-N y, posteriormente, abonar las fianzas de los dirigentes independentistas procesados por el 1-O. Con posterioridad, también ha prestado «ayuda» a los miembros de los autodenominados Comités de defensa de la República (CDR), así como los «funcionarios represaliados».

La fianza de Puigdemont

El pasado febrero, el ex presidente catalán y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, se benefició de este dinero que los independentistas donan de sus ahorros para la causa separatista. Así, la caja de resistencia abonó los dos millones que le faltaban al ex jefe de la Generalitat para cubrir la fianza de 4,1 millones que el Tribunal de Cuentas le impuso a él, Oriol Junqueras -socios de investidura de Pedro Sánchez- y una veintena de investigados, por su responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos con los que se pagó el referéndum ilegal del 1-O.

En el verano de 2019, la caja separatista también recaudó otros dos millones de euros que estaban pendientes para cubrir la multa de 4,9 millones impuesta por el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat Artur Mas y sus consellers Francesc Homs, Joana Ortega, Irene Rigau y Jordi Vilajoana por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.