La «organización criminal» promarroquí que gobernó Melilla con el PSOE otorgó 357 contratos por 7 millones

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha atribuido el delito de «organización criminal» al grupo de consejeros melillenses de origen marroquí que gobernaron Melilla con el PSOE tras constatar, con informes policiales, que se adjudicaron 357 contratos públicos por un valor de siete millones de euros a cargo del erario. Tal y como ha podido saber este periódico examinando la documentación incluida en el sumario, los consejeros -detenidos y en prisión provisional- adjudicaron contratos menores a empresas pantalla lideradas por familiares. Además, la juez también investiga la red de compra de votos que los líderes de Coalición por Melilla (CpM) trataron de impulsar a raíz de los beneficios obtenidos por las adjudicaciones fraudulentas que llegaron a costarle el cargo al ex presidente de Melilla, Eduardo de Castro. 

La operación Santiago-Rusadir continúa instruyéndose en los juzgados de Melilla bajo secreto de sumario. La juez aprecia sólidos indicios para acusar a los consejeros de CpM de pertenencia a organización criminal, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y prevaricación. La instructora ha decidido mantenerles en prisión provisional por el alto riesgo de fuga.

La documentación consultada por este periódico sobre el procedimiento judicial sitúa a Mustafa Aberchán como líder de la organización criminal. Este médico llegó a presidir Melilla y los investigadores de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco), que han llevado a cabo la investigación, le sitúan como la persona que daba órdenes directas a los consejeros encargados de adjudicar los contratos públicos de forma fraudulenta. 

En el segundo escalafón de la organización criminal, los agentes de la Udyco sitúan al ex vicepresidente de Melilla y consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, y a la consejera de Infraestructuras, Yonaida Sel Lam. Ambos pertenecen a lo que los investigadores han denominado escalón A, en el que se situaban las personas clave del entramado delictivo. Además, tal y como publicó este periódico, Mohatar adjudicó una subvención de 70.000 euros a la ONG que presidía su sobrino, Abraham Mohamed Mohand. Gracias a estos fondos públicos, Abraham recibió un sueldo de 4.199 euros mensuales durante tres meses. 

A las órdenes de todos los anteriormente mencionados se sitúan el que fuera consejero de Deporte del Gobierno de Melilla, Rachid Bussian, y la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri. Según la juez, a Bussian se le atribuye la adjudicación fraudulenta de 119 contratos menores por un importe global de 2.494.157 euros públicos y a Almansouri, de 193 contratos menores por un importe de 3.866.838 euros. 

La suma de todas las cantidades defraudadas interceptadas por la Policía alcanza los 7.775.227 euros procedentes del erario público, que fueron a parar a la organización criminal que presidió el Gobierno de Melilla. El Partido Socialista gobernaba en coalición con ellos y al estar en el Ejecutivo podía conocer las adjudicaciones públicas que se otorgaban a las distintas empresas en la que los políticos del CpM colocaron a sus familiares. Previamente, PSOE y CpM concurrieron juntos a las elecciones firmando un acuerdo de colaboración en presencia del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Compra de votos en Melilla

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que parte del dinero obtenido a través de los contratos públicos servía para comprar votos de cara a las elecciones y asegurarse así la continuidad en el Gobierno. El techo de voto de Coalición por Melilla se ubica en torno a las 6.000 papeletas, mientras la mayoría absoluta del electorado melillense supera los 15.000 votos.

De este modo, los líderes de CpM idearon un plan para hacerse con la victoria e intentaron poner en marcha una red de compra de votos por correo que se investiga en el mismo juzgado que instruye la operación Santiago-Rusadir. Las fuentes pulsadas explican que los ciudadanos solicitaban su voto por correo y luego emisarios de CpM se hacían con las papeletas ofreciendo dinero. Por esta razón, la Junta Electoral de Melilla obligó a los votantes de la ciudad autónoma a presentar su DNI al entregar su voto en las oficinas de Correos.

Además, la juez de instrucción número 2 de Melilla paró esta red en las últimas elecciones autonómicas del 28 de mayo, procediendo a realizar detenciones de personas involucradas en la trama. La juez concluyó que el partido político promarroquí tenía comprada la mayoría absoluta.