Nemesio Rodríguez, presidente de la FAPE: «No quiero prejuzgar al Gobierno pero estamos preocupados»

«No quiero prejuzgar al Gobierno pero estamos preocupados». Es lo que afirma a OKDIARIO Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). La FAPE ha pedido explicaciones al ejecutivo de Pedro Sánchez por la orden ministerial que crea un Comité para -oficialmente- combatir campañas de desinformación viralizadas desde el extranjero y que sitúa en la cúspide de un complejo y poco claro entramado gubernamental a Iván Redondo, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno y a Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Nemesio Rodríguez reconoce la «profunda preocupación» que hay entre la profesión periodística por el «riesgo de control político». «La disposición que se publicó en el BOE dice menos de lo que en realidad puede ser», afirma el presidente de la FAPE. Leyéndola le surgen más dudas que certezas, pero cree Nemesio Rodríguez que el problema fundamental del Gobierno ha sido de «mala comunicación».

Le preguntamos si, dada la vaguedad del texto legal, este Comité gubernamental no es un «arma peligrosa» en manos de un ejecutivo con Podemos, cuyos líderes participaron en la gestación del régimen de Venezuela. «Prefiero no prejuzgar hasta saber más detalles». Nemesio Rodríguez, presidente de la FAPE, no cree que la Unión Europea -como se ha interpretado- haya respaldado el Comité del Gobierno. «Lo que ha hecho el portavoz ha sido recordarle que tiene dos límites para luchar contra la desinformación: la seguridad jurídica y el derecho a la información y a la libre expresión».

Nemesio Rodríguez preside la FAPE, que es la primera organización profesional de periodistas de nuestro país con 49 asociaciones federadas y 17 vinculadas que representan a casi 19.000 asociados. La FAPE nació en 1922. Representantes de las asociaciones de la prensa de 26 provincias convocaron la Asamblea inaugural en Santander aprovechando que Alfonso XIII veraneaba en el Palacio de La Magdalena. Querían que el Rey participara en tan simbólico acto. Han pasado casi 100 años. La España de hoy nada se parece a aquella y la prensa investiga a otro Rey, nieto de aquel.

PREGUNTA.- ¿Qué valoración hace la FAPE de la orden ministerial?.

RESPUESTA.- Nosotros hemos pedido explicaciones al Gobierno para que especifique las funciones y objetivos del Comité, cómo va a combatir la desinformación o si hay algún tipo de sanciones. La disposición que se publicó en el BOE dice menos de lo que en realidad puede ser. No están muy claras las funciones, objetivos, etc… y, además, contiene afirmaciones que nos preocupan bastante. Habla de examinar la pluralidad de los medios. No sabemos cómo se va a examinar la pluralidad de los medios. ¿Eso supone que se va a intervenir para que el Gobierno decida lo que es información falsa y lo que no?. La decisión sobre si una información es falsa o no, si se publica o no, es una decisión que solo corresponde a los periodistas.

P.- La orden ministerial no aclara el «para qué» ni el «cómo», pero tampoco el «quién» porque en el Comité sólo hay cargos políticos.

R.- Sí. Otra de nuestras preocupaciones es que se conceda a una comisión del Gobierno esa decisión. Eso puede suponer un riesgo de control político. Nosotros sí creemos que la lucha contra la desinformación es una tarea de todos: los políticos, la sociedad, los medios, los ciudadanos… Pero nuestra tarea es la fundamental porque nosotros, los periodistas, somos verificadores por naturaleza. Un periodista tiene que verificar y contrastar si las fuentes son fiables porque nuestra obligación es difundir información veraz, amparada en el artículo 20 de la Constitución. Si no lo es, pierde ese amparo. Por eso somos los primeros verificados y estamos obligados a contrastar la información con fuentes fiables, respetando nuestro Código Deontológico y respetando los derechos de los demás. Luego hay otra tarea fundamental que es la de las plataformas digitales, que también tienen que estar en primera línea de combate contra la desinformación y las noticias falsas. Debería invertir más en ello de lo que hace ahora.

P.- Dices que habéis pedido explicaciones. ¿Os ha llamado alguien del Gobierno para dároslas?.

R.- No. No lo han hecho. Nosotros instamos al Gobierno a que aclare todo esto, pero no esperamos una llamada ni la buscamos. Nuestra función es defender la libertad de expresión y los derechos de los periodistas y cuando vemos que algo puede afectar intervenimos. Pero, efectivamente, no nos han llamado para esas aclaraciones. Sí hemos recibido algunas informaciones del Gobierno para subrayar que no se va a controlar la información y hemos escuchado a algunos ministros públicamente.

P.- ¿Y qué te han parecido?.

R.- Aquí el problema que ha habido, desde mi punto de vista, es un problema de comunicación. Se ha comunicado mal la disposición y luego ha habido algunos disensos en el Gobierno. Tras nuestra nota se convocó un briefing restringido en Moncloa para explicar la orden ministerial. Pero luego salió la ministra de Exteriores diciendo que sí se iba a controlar a los medios de comunicación y a decidir qué información es falsa y cuál no y eso nos preocupa bastante. Por eso, digo que ha habido un problema serio de comunicación.

P.- Pero, yendo al fondo. Para la FAPE, a día de hoy, esto tiene el tufo de un órgano censor.

R.- Para nosotros el tufo que pueda tener viene de que es una comisión gubernamental con funcionarios gubernamentales y del hecho de que no sepamos qué campañas se van a hacer o a quién van a afectar, las medidas que se van a tomar. Todo esto nos preocupa porque eso puede indicar que va a haber un intento de control de la información que para nosotros es absolutamente rechazable.

P.- Pero las normas están para dar seguridad jurídica no para dejarlo al voluntarismo de los políticos.

R.- Exacto. Porque esta orden la puede usar este Gobierno o el que venga después. La Unión Europea fue muy clara en lo que tiene que contener una iniciativa contra la desinformación de este tipo: seguridad jurídica y respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión. Eso es lo básico. El Gobierno afirma que se van a respetar esos derechos, pero hay juristas que opinan que si el Gobierno quiere intervenir en algún derecho fundamental ha de intervenir la Justicia. Son los jueces los que deciden si una información se retira o no se retira y las sanciones. El control de la información no corresponde al Gobierno. Es independiente. Nosotros los periodistas y los medios hacemos el control conforme a una serie de normas: veracidad, verificación, contraste, códigos deontológicos y la ética personal de cada periodista.

P.- ¿La mejor Ley de Prensa es la que no existe?.

R.- Nosotros somos absolutamente contrarios a la regulación. Defendemos siempre la autoregulación. La FAPE ha fomentado la autorregulación mediante la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo que es una comisión independiente. Nosotros sólo les damos financiación, sostenimiento económico, y difusión a sus resoluciones. Está formada por magistrados, periodistas, abogados, catedráticos de ética. Ellos supervisan el Código Deontológico de la FAPE y recibe las quejas de ciudadanos o instituciones. Esa es la vía adecuada para solventar este asunto.

P.- ¿Qué os transmite la profesión?.

R.- Nos transmite una profunda preocupación por lo que no se sabe. No por lo que se sabe, sino por lo que no se sabe. Eso que pretenden hacer va a tener cobertura jurídica, qué medidas se tomarán, si va a haber una tipificación de faltas y de sanciones. Y todo eso no está nada claro y son incógnitas que preocupan a la profesión. Está claro.

P.- Con tantos vacíos e incógnitas en el texto legal, ¿esto no es una arma peligrosa en manos de los miembros de Podemos en el Gobierno, que han participado de regímenes como el de Venezuela?.

R.- Si es un Comité que entra en derechos fundamentales, claro que es peligroso. Pero yo no quiero prejuzgar hasta no saber más datos sobre funciones y competencias del Comité. Lo vamos a dejar en que es una disposición que ha aparecido en el BOE, que el Gobierno ha aclarado que no va a intervenir en los medios ni decidir o qué se puede publicar y que no y estaremos muy atentos a la evolución de los acontecimientos.

P- ¿Os ha pedido el Gobierno estar en el Comité de Expertos?.

R.- No. No nos lo han pedido y si nos lo pidieran querría tener antes aclaradas todas las dudas que hemos planteado y saber qué tipo de participación sería. Pero no nos han consultado nada. Ni previamente tampoco. Nos encontramos esto en el BOE como cualquier ciudadano.