Navarra exige menos a un etarra para ser reconocido como «víctima» que a un afectado por el terror de ETA

El Gobierno de Navarra, que preside la socialista María Chivite, ha dado impulso a la llamada «comisión de reconocimiento y reparación de víctimas por actos de motivación política», es decir, aquellos que declaren haber sufrido «torturas» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente durante la lucha antiterrorista. Para lograr ese «reconocimiento» como «víctima» apenas se exige una entrevista y un informe elaborado por forenses y psicólogos. Después, una comisión de perfil político, sin que medie sentencia judicial, estima o deniega la petición. Los requisitos de la ley navarra, pues, son menos exigentes que los que se les piden a las propias víctimas de ETA para ser reconocidas como tales.

Así, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo establece (artículo 3 bis) que, para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones, los interesados deberán tener reconocido «en virtud de sentencia firme» el «derecho a ser indemnizados». Si no existe tal sentencia, deberán haberse «llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos». La «condición de víctima» tendrá que acreditarse ante la Administración General del Estado con «un medio de prueba».

Sin sentencia

Por el contrario, las «víctimas» de supuestas «torturas» por parte de la Policía podrán ser «reconocidas» sin que medie sentencia alguna. Tras presentar el interesado la correspondiente solicitud, se inicia un procedimiento en el que se «escucha al solicitante», se «recaban antecedentes, datos o informes», se «solicitan testimonios» y «una vez analizada la documentación», la comisión elaborará un «informe motivado» con «un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos humanos de la víctima» y, en su caso, se «propondrá la declaración de víctima, así como las medidas reparadoras que consideren oportunas».

Las personas que sean declaradas víctimas «tendrán reconocidas, además de la asistencia sanitaria, indemnizaciones económicas por daños físicos y o psicológicos, y materiales», dice la ley navarra.

En estos momentos, la comisión analiza 41 solicitudes, de las cuales, 10 corresponden a personas fallecidas, cuyas familias solicitan el reconocimiento de víctimas. Otras trece responden a personas que solicitan su reconocimiento de víctimas por haber sufrido «torturas o malos tratos» y 18 se refieren a solicitudes de reconocimiento de víctima por haber sufrido «daños físicos y/o psicológicos».

«Los requisitos para ser considerado como víctima de este tipo de ataques de motivación política deberán ser los mismos que para ser considerado víctima» de ETA, aseveró el portavoz de UPN, Iñaki Iriarte, durante la comparecencia en el Parlamento de Navarra, este miércoles, de Martín Zabalza, presidente de la comisión de «reconocimiento y reparación de víctimas por actos de motivación política».

Iriarte lamentó que se deje «en manos de una comisión», de perfil político, el reconocimiento de las víctimas.

Su argumento fue criticado por la parlamentaria del PSOE Inma Jurío, que defendió «poner en el centro» a las víctimas de «vulneraciones de derechos» por parte de «funcionarios públicos» y el reconocimiento sin sentencia judicial.

«Hemos sido capaces de reconocer que por parte del Estado y de determinados funcionarios públicos se produjeron otro tipo de vulneraciones de derechos humanos, que hay que reparar y condenar», expresó la socialista.

Por parte de Bildu, se aplaudió que la comisión esté trabajando «ocho años después» de la aprobación de la ley. Sin embargo, su representante, Arantxa Izurdiaga, rechazó la «limitación impuesta por el Tribunal Constitucional» que impide «establecer ningún tipo de responsabilidad penal», ha criticado.

Javier García, portavoz del PPN, consideró que «el hecho de parcelar víctimas y crear diferentes comisiones en función del origen de la violencia que la motiva no es justo para el conjunto de las víctimas». «Queremos que se reconozca a todas las víctimas, no sólo las de una parte, y no que se recuerde a unas y a otras no, como se hace de manera continua en este Parlamento», aseveró, recordando que «la memoria no puede ser política», sino que ha de ser «objetiva».