Montero obligará a incluir preguntas sobre «salud sexual» y aborto en las oposiciones a funcionario

La nueva ley del aborto -aprobada en el Consejo de Ministros y que inicia ahora el trámite parlamentario- pone el foco en la educación y sensibilización sobre los «derechos sexuales y reproductivos». La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, obligará, por ejemplo, a incorporar estos contenidos «en las carreras relacionadas con las ciencias jurídicas, las ciencias de la educación, las ciencias sociales, y en los currículos de oposiciones vinculadas a éstas». Estos materiales, se apunta, habrán de ser «de calidad, adaptados y suficientes».

La ley, que autoriza el aborto a las menores de 16 y 17 años sin necesidad de permiso de los padres y obligará a los médicos objetores a inscribirse en un registro, incide también en la formación de los profesionales sanitarios, que «se abordará con perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género», y entra en la escuela. «La educación afectivo-sexual, en todas sus dimensiones, forma parte del currículo durante toda la educación obligatoria, y será impartida por personal que habrá recibido la formación adecuada para ello», se indica.

La ley contempla medidas sobre lo que denomina «educación menstrual», de forma que en las aulas se preste «especial atención a la eliminación de los mitos, prejuicios y estereotipos de género que generan el estigma menstrual». También se promueve la «creación de espacios seguros y libres de discriminación para la generación y transmisión del conocimiento más actualizado relativo a la salud menstrual en las distintas etapas del ciclo vital de las mujeres».

Registro

Entre los puntos más destacados de esta reforma está la medida que permite a menores a partir de los 16 años interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin el permiso de sus progenitores. La norma, además, incluye otras medidas que han generado polémica, como las bajas por reglas dolorosas incapacitantes.

Según la ministra, la ley es indicativa «de la calidad democrática» del país, ya que el «derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud» y, al mismo tiempo, «abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos» como la posibilidad de que las mujeres puedan «elegir sus proyectos de vida».

Una de las medidas que ha generado más polémica entre la comunidad médica es la creación de registros de profesionales sanitarios contrarios al aborto. «Listas negras» de médicos antiabortistas.

La norma obliga a dejar por escrito en un registro qué médicos se oponen a realizar abortos, a fin de organizar el servicio en la red pública para que siempre haya profesionales sanitarios suficientes para poder practicarlos. Para vigilar que esto se cumpla, Montero prevé además reforzar el papel de la Alta Inspección, con la que se «velará por el cumplimiento homogéneo de la ley en el conjunto del territorio».

La medida de las listas negras de médicos contrarios al aborto ha provocado recelos entre la comunidad médica, donde se considera que puede contravenir el derecho de no tener obligación de declarar sobre ideología, religión o creencias, como se garantiza en el artículo 16.2 de la Constitución Española. Estiman, además, que el registro puede ser contrario al derecho a la confidencialidad e incluso a la no discriminación y recelan de que pueda derivar en consecuencias laborales, en la medida en que el servicio tendrá que organizarse según la disponibilidad de sanitarios que estén dispuestos a esta práctica.