El ministro Castells no confía en su Gobierno: «Todo depende de que el mundo no se hunda definitivamente»

El ministro de Universidades, Manuel Castells, dice que el curso se acabará en junio y se pone como objetivo limitar los precios de acceso el curso que viene

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Joan Guirado

Tras cuarenta días desaparecido, desde la declaración del estado de alarma, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha comparecido hoy por primera vez para dar cuenta de la gestión que estaba haciendo su departamento. Durante su atención a los medios, Castells ha avanzado que «el próximo curso se debería abrir en los plazos normales, pero todo depende de que el mundo no se hunda definitivamente». Toda una confirmación por parte del ministro de desconfianza en la gestión de su Ejecutivo.

El podemita ha reconocido durante su intervención que su Ministerio no sirve para nada. Castells ha afirmado que «el nuestro es un ministerio para las universidades más que de las universidades» ya que “en nuestro país las universidades son autónomas y las competencias de políticas universitarias están transferidas a las comunidades”. A pesar de eso, ha dicho, su equipo “se ha matado en plena pandemia trabajando en el ministerio».

Manuel Castells ha anunciado que el curso universitario finalizaría en junio tal como estaba previsto. Ha pedido «flexibilidad» a la hora de las evaluaciones para que «ningún estudiante pierda el curso por causa de la pandemia». El titular de Universidades también ha avanzado que la voluntad del Gobierno es que los estudiantes puedan realizar los exámenes de forma online o por evaluación continua. También se va a flexibilizar la prueba de acceso a la universidad.

Sobre el curso que viene, Castells, ha asegurado que «se habrá que adecuar las clases presenciales para poder respetar el distanciamiento social». Con el fin de romper «con las tasas de los gobiernos conservadores» el ministro de Universidades ha explicado que trabajarían para poner tope al precio que pagan los alumnos para sus estudios. En este sentido Manuel Castells apunta que la voluntad es acabar con el sistema actual y fijar unos precios máximos que deban respetar todas las instituciones universitarias.

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