Rovira y el conseller de Justicia controlaron las declaraciones ante la Guardia Civil de los investigados

La Guardia Civil tiene evidencias de que Marta Rovira, la actual candidata de ERC a la Presidencia de la Generalitat, creó un mecanismo de cortafuegos a las declaraciones y aportaciones de información que debían realizar ante la policía judicial y la Justicia los investigados por el golpe separatista. Lo realizó la mano derecha de Oriol Junqueras y actual secretaria general de ERC apoyándose en el consejero de Justicia ya depuesto, Carles Mundó.

La Guardia Civil ha trasladado ya al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona las grabaciones interceptadas en las que se plasma el esquema de control diseñado para boicotear la investigación de los preparativos del 1-O.

En una llamada realizada el 23 de agosto por José María Jové, secretario general de la Vicepresidencia Económica de Hacienda de la Generalitat, a Carles Mundó, el conseller de Justicia, se puede escuchar la siguiente explicación: “Me ha llamado el Iván diciendo que la Ana Molas ha recibido un requerimiento de la Guardia Civil, de un requerimiento de información, y entonces parece que tiene la indicación de la Marta Rovira de que antes de contestar cualquier cosa la veas tú”, confiesa uno de los hombres de máxima confianza de Junqueras. “Te la envío ahora por Telegram y te la miras”, añade acto seguido. El consejero de Justicia en aquel momento, Carles Mundó no duda en ningún momentos y contesta: “Vale perfecto”.

La conversación capturada dentro de la investigación de la Guardia Civil aludía a las primeras actuaciones de requerimiento de información por parte de la policía judicial en las que se investigaban los preparativos para el referéndum ilegal, el avance que tenían los separatistas en la acumulación del material electoral previsto por la Generalitat para el 1-O y los acuerdos que estaban cerrando para contar con posibles colegios electorales.

Otros de los temas que se entremezclan en esas llamadas interceptadas aluden al desarrollo de las necesidades tecnológicas para llevar a cabo el proceso electoral inconstitucional. Y en todas ellas surgen las dos constantes: la primera, las cautelas de remitir documentación por mecanismos de mensajería más seguros que los habituales, como es el caso de Telegram. Y dos: la consigna expresa de que debían controlarse y cortocircuitarse las labores de investigación de la Guardia Civil a través de un mecanismo dirigido expresamente por Marta Rovira y cuyo encargado directo de cuadrar las versiones y filtrar el material remitido a la Justicia era nada menos que el consejero de Justicia.

Debe recordarse que las competencias judiciales están compartidas entre el Estado y las CCAA: los gobiernos regionales administran los medios materiales, económicos y personales necesarios para el funcionamiento de la Justicia. Es decir, que el mismo conseller que boicoteaba las labores de investigación judicial del 1-O es el que tenía en sus manos la capacidad para decidir la dotación de los medios judiciales de cada sala dentro de sus territorio.