Marlaska se niega a recibir a los guardias civiles que le reclaman ser considerados profesión de riesgo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió convocar una mesa de trabajo con representantes de la Guardia Civil para tratar las reclamaciones de los agentes del cuerpo sobre varios asuntos que les afectan directamente. Uno de los principales, la negativa hasta el momento del Gobierno de Pedro Sánchez de considerar la suya una profesión de riesgo, a pesar de un 2024 negro para la Guardia Civil en el que ya han fallecido 5 agentes. Sin embargo, a día de hoy el ministro aún no ha convocado a los guardias civiles ni hay previsión alguna de que vaya a hacerlo. El PSOE votó en contra de ello en el Parlamento Europeo y en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. No es asunto menor, ya que además de afectar a su seguridad, también lo hace a su jubilación.

Ni en Europa, ni en Madrid, ni en el Campo de Gibraltar. La profesión de Guardia Civil -tampoco la de Policía- no se considera de riesgo a pesar de las cifras de fallecimientos en acto de servicio y el aumento de las agresiones contra agentes. En 2023, respecto a 2022, los ataques con cuchillos o armas blancas contra guardias civiles y policías se duplicaron. Pero ninguno de esos datos ha sido suficiente para que le Gobierno convoque esa mesa de negociación que le reclaman los agentes a Grande-Marlaska.

Así, desde las organizaciones que representan a los guardias civiles muestran su «preocupación y descontento con la falta de acción por parte del ministro del Interior, Grande Marlaska, en relación al reconocimiento de los guardias civiles como trabajadores de riesgo», señalan desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Recuerdan, además, que esta negativa a considerarles profesión de riesgo afecta a otras condiciones muy importantes para su carrera profesional, como por ejemplo la jubilación. En otros cuerpos policiales, especialmente los autonómicos, ese calificativo de peligrosidad sí existe. «Esta consideración es vital para acabar con los agravios en materia de jubilación que los agentes sufren respecto al resto de policías autonómicas y locales», advierten.

Pese a todo ello, desde Interior, y desde el gabinete de Grande-Marlaska -a pesar de que así se lo había prometido-, no han comunicado ninguna intención por reunirse con los agentes. No es porque no lo hayan solicitado «media docena de veces», recuerdan a OKDIARIO fuentes de la Guardia Civil. Tampoco ha «proporcionado detalles sobre el avance del grupo de trabajo que se anunció previamente para tratar la jubilación de los agentes».

«Esta falta de comunicación y acción concreta nos lleva a cuestionar el compromiso del Ministerio con las necesidades y el bienestar de sus propios trabajadores», señalan. No saben qué tipo de pasos se están dando, si es que se está dando alguno, ya que todo se está haciendo «a nuestras espaldas», denuncian.

«No podemos permitir más demoras en un tema que afecta directamente a cuestiones profesionales, al bienestar y a la estabilidad económica de quienes dedican su vida a servir y proteger a la sociedad», recuerdan.

El PSOE no lo apoya

El PSOE de Pedro Sánchez no apoyó el pasado mes de febrero una proposición no de ley presentada por el PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que instaba al Gobierno a reconocer el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo. Una reivindicación que miembros de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil volvió a realizar tras registrarse la muerte de dos agentes en Sevilla al saltarse un camión un control de seguridad. El pasado febrero otros dos guardias civiles murieron en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha.

En concreto, el 28 de febrero el PP llevó a la Comisión de Interior dicha PNL emplazando al Ejecutivo a «declarar como profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil» y a «realizar las modificaciones legislativas oportunas para su jubilación anticipada al que así lo deseara». El texto salió adelante como mandato parlamentario al Gobierno con los votos a favor de PP, Vox y UPN, y la abstención del PSOE, Sumar y PNV. Por su parte, Bildu, ERC y Junts votaron en contra. En el momento de la votación, el diputado del PSOE Francisco Aranda, que es vocal de la Comisión de Interior y portavoz en la de Justicia, llegó a levantar la mano para votar en contra.