Marlaska intenta apaciguar a los presos: permiso para recibir un kilo de mazapanes y otro de polvorones

Permitir la entrada de polvorones en Navidad es la última de las ocurrencias que Interior ha consentido en alguna de las cárceles de España pero no es la única: exigir que se registren celdas sin desordenar demasiado, permitir que un preso denuncie torturas, aunque ninguna lesión respalde su acusación, o invitar a los funcionarios a reducir a un preso amotinado usando siempre antes el diálogo que las medidas de inmovilización son solo algunas de las ocurrencias del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska en materia de prisiones.

Más de 600 agresiones con lesiones a funcionarios de prisiones en los últimos dos años y Marlaska premia a los presos dejándoles recibir dos kilos de dulces de Navidad de su familia. Una brecha de seguridad que supone una nueva orden en prisiones que acumula estrafalarias instrucciones siempre en favor del reo. El año 2020 está a punto de acabar y el saldo que va a dejar de agresiones e incidentes dentro de las prisiones españolas es muy preocupante. Y para mejorar esta situación poco está haciendo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

No es un descubrimiento que la relación entre el titular de Interior y el cuerpo de funcionarios de prisiones no está pasando por su mejor momento. Tampoco ayuda, aseguran fuentes penitenciarias, los gestos y las maneras que Marlaska protagoniza desde que asumió las responsabilidades del ministerio. Aún es muy recordado que el ministro, en plena pandemia, cuando las dificultades propias de las cárceles se multiplicaban, tuviera un afectuoso recuerdo y saludo para los reclusos de las cárceles españolas, cuyo comportamiento estaba facilitando la labor de los funcionarios de prisiones que los custodiaban. En dos cartas enviadas a los centros en el mes de marzo Marlaska agradeció literalmente “vuestro comportamiento ejemplar” en referencia a cómo los presos encajaban la suspensión de visitas de los familiares.

En un país con 50.000 reclusos y más de 100 centros penitenciarios, incluyendo todos los tipos de centros de internamiento, y con un cuerpo de funcionarios que ronda los 20.000, contando personal que nunca tiene contacto con los presos, poco o nada ha dicho Marlaska de una triste estadística que este año ha vuelto a ser preocupante y que refleja la realidad más dura de la cárcel: este año ha habido 213 funcionarios lesionados por agresiones de internos y otros 72 han sido agredidos sin sufrir lesiones. El año anterior, un año sin pandemia, las agresiones con lesión fueron 352 y hubo otras 90 sin consecuencias físicas graves. Teniendo en cuenta que no existen estadísticas oficiales que reflejen este hecho y que también existe una cifra oscura que no se conoce no es arriesgado afirmar que no hay un solo día al año en el que no haya una agresión por parte de presos a funcionarios de prisiones.

En 2020 ha habido 213 funcionarios lesionados por agresiones de internos y otros 72 han sido agredidos sin sufrir lesiones

En medio de esta situación OKDIARIO ha tenido acceso una circular interna emitida este mes de diciembre y cuya copia que obra en poder de este diario estaría firmada en Nanclares de Oca. Se trata de un documento oficial, con membrete del Ministerio del Interior, en el que la dirección del centro autoriza la entrada por parte de familiares de los presos de un kilo de polvorones, un kilo de mazapán y una tableta de turrón siempre que no sea a granel y se trate de un paquete correctamente precintado. Esta instrucción interna no sólo contraviene la normativa penitenciaria en lo que a introducir alimentos del exterior se refiere, sino que es una gran brecha de seguridad. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que tras el estado de alarma, en el que no se podía ir de visita a prisión, ha habido un repunte de entrada de objetos y sustancias ilegales en los penales españoles. De hecho, en las últimas semanas la detección de pequeños teléfonos móviles y el menudeo de droga ha vuelto a protagonizar el resultado de los cacheos y registros carcelarios. Y ahora pueden recibir polvorones, mazapán y turrón desde fuera. Porque ese es el problema, el origen de lo que entra, no que los reclusos puedan o no comer dulces de Navidad, que de hecho lo hacen todos los años.

2 años de órdenes llamativas

“Es una más. En los últimos años se han aprobado una serie de normas que siempre benefician al preso, y lo malo no es que la población reclusa viva mejor, eso es lo deseable, lo malo que estas órdenes últimamente van contra el trabajo de los funcionarios”. Quien lo explica es un funcionario de prisiones que nos ayuda a repasar varias instrucciones aprobadas en los últimos meses. Una de las más llamativas data de febrero de este mismo año. Decía así: “Asimismo se recordará a todos los profesionales que desarrollan su labor en el área de vigilancia, que los registros, cacheos y requisas previstos en la legislación penitenciaria se llevarán a cabo con el debido respecto a la dignidad y derechos fundamentales de los internos, velando porque el ligero desorden inherente a la práctica de este tipo de medidas no exceda de la normalidad”. Buscar sustancias prohibidas en prisión, armas como pinchos artesanales o teléfonos móviles clandestinos sí, pero con cuidado y sin desordenar mucho.

Esta orden vino precedida de otras dos igual o más llamativas. En julio de 2019 Interior hizo prevalecer el testimonio del reo dándole presunción de veracidad contra el del funcionario de prisiones, que automáticamente se convertía en presuntamente culpable. El asunto era muy espinoso: posibles lesiones provocadas a un interno por parte de los funcionarios. El texto de Interior era contundente y preocupante: “Aunque no consten lesiones se procederá del mismo modo (remitir denuncia del preso al juzgado de guardia) siempre que el reo refiera haber sido agredido”. Si el preso dice que ese funcionario le ha golpeado su acusación irá al juzgado, aunque ninguna lesión respalde su acusación. Algo Similar sucedió con otro protocolo más que curioso, el de contención mecánica por motivos regimentales. Hay ocasiones en los que el síndrome de abstinencia que pueden sufrir reclusos por falta de droga o alcohol, la alteración propia de la falta de libertad o la tendencia que pueden tener a ser violentos con los funcionarios porque sí obliga a estos funcionarios a tener que contenerlos físicamente. El citado protocolo exige anteponer “el diálogo” a la fuerza. Nada menciona el protocolo de qué hacer cuando un preso afila una pieza metálica y te degüella delante de cinco compañeros funcionarios. No es una hipérbole, sucedió y el preso fue apodado como el Annibal Lecter español.

Está claro que la realidad penitenciaria es una y la normativa de Marlaska otra bien distinta. De hecho acaba de anunciar que los presos ya podrán hacer videollamadas desde prisión. En medio la seguridad de un colectivo de funcionarios y funcionarias que no saben a qué atenerse no parece que las videollamadas desde prisión sean una prioridad ahora mismo.