‘La Manada’ se juega su futuro procesal en el mismo Salón del Supremo donde han sido juzgados los golpistas

El Salón de Plenos del Supremo abrirá de nuevo sus puertas para acoger una causa de altísimo interés mediático, una vez terminada la fase oral del juicio del ‘procés’. De lo que suceda este viernes depende el futuro procesal de ‘La Manada’. El Alto Tribunal ha concedido a las partes una última oportunidad para de defender sus recursos de casación, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que condenó a los cinco sevillanos como autores de un delito de abuso sexual con prevalimiento.

Será un trámite más dentro del procedimiento que los magistrados encargados de tomar la decisión definitiva llevan estudiando con detalle durante el último año. Y aunque las deliberaciones de la Sala -integrada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, como presidente; Francisco Monterde; Susana Polo, ponente; Ana María Ferrer y Vicente Magro, ambos expertos en violencia de género- están muy avanzadas, el «interés social» suscitado por el caso requería la admisión de la ‘vistilla’.

Los miembros de ‘La Manada’ no asistirán presencialmente al Supremo pese a que todos ellos permanecen en libertad provisional, en espera de que se dicte la sentencia definitiva. José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza y Antonio Manuel Guerrero seguirán desde Sevilla y acompañados por sus familias la última hora del el Alto Tribunal.

Intimidación ‘ambiental’

La clave de la futura sentencia, cuyo fallo podría avanzarse este mismo viernes, se sitúa en la intimidación ‘ambiental’. Una tipología de intimidación que las acusaciones aseguran que se produjo aquella fatídica madrugada del 7 de julio de 2017 en Pamplona y que la defensa de los cinco miembros de ‘La Manada’ se esfuerza por desvirtuar. ¿Por qué? Porque la fina línea que separa la pena de los condenados -por abuso sexual o por agresión sexual- depende de ese concepto que ninguno de los tribunales precedentes apreció.

La Fiscalía, en su recurso, solicita para ellos 18 años de prisión. Una posición a la que se adhiere la acusación particular – en representación de la víctima- cuando pide también agravar las penas de los condenados al estimar que cometieron agresión sexual. Por su parte, las acusaciones populares -en nombre de la Comunidad foral de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona- insisten en que en la noche de autos, en aquel estrecho portal, hubo de todo menos relaciones consentidas.

«No es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores», decía en su escrito la Fiscalía. Para el Ministerio Público la «intimidación ambiental» se dio con la sola presencia de «cinco individuos de fuerte complexión rodeando a una víctima» sin escapatoria.

Los hechos probados de la primera sentencia hablan de una joven madrileña «atemorizada, sometida» y en «actitud pasiva» que fue utilizada «como un mero objeto, con desprecio de su dignidad personal, para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales». Aunque en ningún momento se pudo probar el uso de una fuerza física para doblegar su voluntad, detalle que motivó un voto particular absolutorio.

Cuando al TSJN revisó la sentencia, dos jueces volvieron a discrepar. Los magistrados navarros sí apreciaban la existencia de una intimidación ‘ambiental’ que «revistió un carácter particularmente degradante o vejatorio», y estimaron que la condena debería haberse situado en los 14 años.

Pase lo que pase este viernes, la futura sentencia no contentará a nadie. Ni a los condenados, si se confirma la calificación jurídica de los hechos probados que no serán revisados e incluso si ésta, se agrava. Ni a todos los colectivos feministas y asociaciones y partidos de izquierdas que movilizaron las calles con multitudinarias protestas en la primera ocasión.

Hasta tal punto llegó la controversia que llegó a provocar la creación de una comisión de expertos, auspiciada por el Ministerio de Justicia, con el propósito de reformar el Código Penal para que todo abuso sexual fuese, en un futuro, considerado agresión. Un proyecto que, actualmente paralizado, podría reactivarse al hilo del fallo pendiente.