La juez Bolaños renuncia a las piezas importantes del caso ERE

La juez María Núñez Bolaños ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una propuesta para que el juez de refuerzo, Álvaro Martín, instruya las seis primeras piezas en que ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas abierta contra 52 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha remitido ya esta propuesta al Alto Tribunal andaluz, cuya Sala de Gobierno se reunirá este mismo martes para analizar la misma y darle, en su caso, el visto bueno, lo que implicaría que el magistrado de apoyo, Álvaro Martín, dejara los asuntos ordinarios y se dedicara a la instrucción de estas seis primeras piezas piloto del caso ERE, que el próximo mes de enero cumple cinco años de investigación.

Hay que recordar que la magistrada acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.

La propuesta, según han indicado las mismas fuentes consultadas, ha sido «consensuada» entre la propia María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo, todo ello después de que el pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía apartara a la juez Mercedes Alaya de la investigación de los ERE y acordara que María Núñez y Álvaro Martín propusieran conjuntamente «la oportuna distribución de cometidos» en relación a las ‘macrocausas’, todo ello «sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura».

La Sala de Gobierno del TSJA decidió apartar a la juez Mercedes Alaya, ahora en laSección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares dada su «clara voluntad de no colaboración» con la juez titular, María Núñez Bolaños, y para «evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto» entre ambas magistradas, lo que fue ratificado posteriormente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, el Alto Tribunal Andaluz propuso que la medida de apoyo judicial para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla «quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando un magistrado», en referencia a Álvaro Martín.

En su informe, la Sala de Gobierno del TSJA ponía de manifiesto que la decisión adoptada por la juez Núñez de dividir el caso ERE en piezas separadas «incide» en el plan de actuación aprobado el pasado día 23 de junio, pues «podría conllevar una posible y nueva distribución de cometidos en ese procedimiento» y «repercutirá en la organización de los medios y del trabajo de la oficina judicial, obligando a un entendimiento y colaboración en este sentido».

En virtud del acuerdo de 23 de junio, el TSJA aprobó un plan de actuación por el que se asignó una comisión de servicio a Alaya para que llevara el caso de los ERE irregulares hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla resolviera sobre dicha división y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

Competencia exclusiva y excluyente

Según la Sala de Gobierno, a la división del caso ERE se suma que, con posterioridad a dicho acuerdo, la juez Alaya «ha exteriorizado que considera insuficiente y errónea la atribución única» del caso ERE, «insistiendo en que su competencia como comisionada debiera ser exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos y designados por ella, lo que patentiza una clara voluntad de no colaboración con la actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida de apoyo judicial».

El TSJA recuerda que «todos los acuerdos» adoptados por la Sala de Gobierno y la Comisión Permanente del CGPJ «parten de una premisa imprescindible», como es que «los comisionados colaborarán con la nueva titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el Juzgado conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe esta Sala de Gobierno», siendo este «el escenario lógico y la dinámica de cualquier comisión de servicio, y de ésta en particular».

En este contexto, las circunstancias descritas «alteran sensiblemente la operatividad de la medida de apoyo y exigen inevitablemente replantearse la solución inicial propuesta, ya que existen fundadas dudas sobre la viabilidad de la segunda comisión de servicio» acordada inicialmente para la juez Alaya, «lo cual ya se apuntó en el informe de esta Sala de fecha 7 de julio de 2015», en el cual solicitó al CGPJ que valorara la «falta de voluntad de colaborar» de Alaya tras cuestionar la capacidad de María Núñez y aludir a su «estrecha amistad» con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

Normalización del juzgado

Según la Sala de Gobierno, a la división del caso ERE se suma que, con posterioridad a dicho acuerdo, la juez Alaya «ha exteriorizado que considera insuficiente y errónea la atribución única» del caso ERE, «insistiendo en que su competencia como comisionada debiera ser exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos y designados por ella, lo que patentiza una clara voluntad de no colaboración con la actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida de apoyo judicial».

El TSJA recuerda que «todos los acuerdos» adoptados por la Sala de Gobierno y la Comisión Permanente del CGPJ «parten de una premisa imprescindible», como es que «los comisionados colaborarán con la nueva titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el Juzgado conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe esta Sala de Gobierno», siendo este «el escenario lógico y la dinámica de cualquier comisión de servicio, y de ésta en particular».

En este contexto, las circunstancias descritas «alteran sensiblemente la operatividad de la medida de apoyo y exigen inevitablemente replantearse la solución inicial propuesta, ya que existen fundadas dudas sobre la viabilidad de la segunda comisión de servicio» acordada inicialmente para la juez Alaya, «lo cual ya se apuntó en el informe de esta Sala de fecha 7 de julio de 2015», en el cual solicitó al CGPJ que valorara la «falta de voluntad de colaborar» de Alaya tras cuestionar la capacidad de María Núñez y aludir a su «estrecha amistad» con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.