JxCat presiona a los funcionarios para que desobedezcan la ley y paguen a los diputados suspendidos

En JXCat confían en que, de pedir cobrar los diputados suspendidos, los funcionarios den la orden de pago y presionan para ello. Sostiene un diputado juntero que “no entenderíamos que los funcionarios hiciesen otra cosa que no fuera aceptar un acuerdo del pleno”.

El pleno del Parlament de Cataluña aprobó rechazar la suspensión de los diputados presos y fugados, dictada por el juez Pablo Llarena, y permitir que deleguen su voto en otros compañeros del grupo parlamentario manteniendo intactos los derechos inherentes al cargo de diputado. Uno de esos derechos es el de la retribución que perciben, que oscila entre los 2.900 euros y los 5.400.

Desde que Llarena emitiese una interlocutoria donde dictaba la suspensión de los diputados procesados por rebelión, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Raül Romeva y Toni Comí, no han percibido el sueldo que les corresponde como diputados, aunque no acudan a su puesto de trabajo. Eso ocurre desde antes del verano, momento en el que la mayoría independentista cerró las puertas del Parlament y evitó el debate hasta resolver esta cuestión, incómoda para Esquerra Repúblicana.

Ahora, decididos a desobedecer por acuerdo del pleno del Parlament, JXCat no descarta que alguno de sus diputados pueda pedir la restitución de su salario, en tanto que continúan siendo diputados aunque con el voto delegado. Fuentes de JxCat apuntan a que “puede pasar” que pidan volver a cobrar aunque recuerdan “es una cuestión personal de cada diputado”.

De pedirlo, los diputados suspendidos pondrán en un apuro a los funcionarios que se encargan de abonar las nóminas cada mes. Algunos de los trabajadores de esta unidad no están dispuestos a ingresarles la nómina -tomaron la decisión de no pagarla en su día- si no se lo notifica el juez con el levantamiento de la suspensión. Cualquier otra orden de pago, debe ir acompañada de un documento firmado por un alto cargo de la cámara, que les exima del delito de desobediencia y prevaricación que cometerían como funcionarios públicos, en caso de desacatar una resolución judicial.

Los responsables de abonar las nóminas a los trabajadores de la cámara, en caso de pagar el salario a los diputados suspendidos, se enfrentarían a una inhabilitación como funcionario