El juez procesa a Fernández Díaz y su cúpula policial por ‘Kitchen’ y deja fuera a Cospedal y su marido
García Castellón descarta la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior
Ve posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación
Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, y la cúpula policial durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy se sentarán en el banquillo por urdir la Operación Kitchen para, entre julio de 2013 y 2015, sustraer documentación al ex tesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera ser comprometedora para el partido en la investigación judicial abierta por supuesta financiación ilegal.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga desde hace años una operación pagada con fondos reservados, ha decidido por el contrario archivar la causa abierta contra la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a su marido, Ignacio López del Hierro, y su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz, así como para Enrique Olivares por falta de indicios.
El magistrado pone así fin a la instrucción sobre el operativo que, presuntamente, se montó y desarrolló en esos años desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, para espiar a Bárcenas y su entorno con el propósito de robarles la documentación comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes y evitar de esta forma que llegara a la Justicia.
El auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) deja a las puertas de juicio a Fernández Díaz y a su ex número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al ex responsable de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; al ex director adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, a responsables policiales como José Luis Olivera o Andrés Gómez Gordo, que fue ex asesor de Cospedal; al ex comisario José Manuel Villarejo, y a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, entre otros.
El magistrado descarta la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior y cree que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
García-Castellón ha adoptado esta decisión sin llegar a citar al ex presidente Rajoy, con quien Villarejo aseguró haberse intercambiado mensajes para tratar los avances de la Operación Kitchen.
‘Operación Kitchen’
Este periódico desveló que el Ministerio del Interior utilizó fondos reservados que obraban en poder de Francisco Martínez, encargado de distribuirlos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia Bárcenas entre 2013 y 2015. Todo ello, según señala el juez, con la participación de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y máximo responsable político de este departamento en ese momento, que abuso de sus funciones con el conocimiento de su ilicitud.
Para ello, pactaron con el delincuente Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de los Bárcenas. El objetivo era recuperar tres pendrives con información sensible del Partido Popular. Los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.
El chófer
La operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Javier Ríos Esgueva (también llamado cocinero, Kitchen, o K2, de ahí el nombre de la operación), quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas, y persona de máxima confianza del entorno familiar.
El DAO, Eugenio Pino, habría encomendado tanto a Villarejo Pérez como al comisario Enrique García Castaño conocido como El Gordo, el desarrollo de labores operativas para ganarse la confianza y lograr la colaboración activa de Sergio Ríos. Éste realizó una labor de confidente, por la que recibió 2.000 euros netos mensuales durante dos años. En total, el topo cobró 48.000 euros por su papel como infiltrado y fue premiado con el ingreso en la academia de la Policía Nacional y la consiguiente entrega de una plaza en la escala básica.
Ríos, por su parte, sigue explicando el auto, debía facilitar información que les permitiera sustraer documentación en posesión de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias. Para acceder a esta persona, El Gordo y Villarejo se valieron del inspector jefe Andrés Gómez Gordo, hombre de confianza de Cospedal al que apodaron Cospedín.