El juez investiga a Pablo Iglesias por el desvío de fondos públicos a una consultora chavista

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, aparece como investigado en el caso Neurona, la trama de corrupción en la que el juez indaga el desvío de fondos públicos a una consultora chavista. Así consta en la última providencia dictada por el instructor, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, y en la que el fundador del partido morado figura entre los investigados en la causa, junto a Juan Carlos Monedero. Hasta su marcha de la política, Iglesias gozaba de inmunidad parlamentaria, motivo que le ha permitido eludir más de una causa judicial.

Por el momento, el ideólogo podemita no ha sido imputado ni citado en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 42 de Plaza de Castilla. En esta causa, el magistrado Juan José Escalonilla investiga a dónde fueron a parar 363.000 euros de fondos electorales que Podemos pagó a la consultora mexicana Neurona Consulting.

Dos años y medio después del inicio de la instrucción, los investigadores han podido constatar que Podemos contrató inicialmente a una empresa llamada Neurona Comunidad SL, creada un mes antes de las elecciones generales en el municipio sevillano de Carmona, para la cobertura electoral de los comicios del 28-A de 2019.

Esta sociedad instrumental es, supuestamente, una filial de la consultora chavista Neurona Consulting. La empresa que presuntamente prestó esos servicios fue la consultora mexicana, pero el dinero fue transferido a otra compañía distinta: Creative Advice Interactive Group SA, constituida en agosto de 2015, sin logística de ningún tipo y radicada en una vivienda particular ubicada en una barriada de México. Ahí se pierde el rastro del dinero. El juez desconoce por qué se transfirió a esa sociedad y a dónde fue a parar después.

Desmontan a Podemos

Para justificar el desvío de fondos, Podemos entregó al magistrado una serie de trabajos audiovisuales que supuestamente había realizado la mexicana Neurona Consulting durante aquellos comicios. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional analizó el material entregado al juez y concluyó que una parte del mismo había sido creado siete años antes de la campaña electoral. Además, en buena parte de los vídeos, documentos e imágenes aparecen como «autores» personas que ni siquiera habían trabajado en la consultora chavista.

En su informe, los agentes concluyeron que «se habían analizado un total de 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos». Con respecto a las imágenes, seis habían sido creadas en 2012, otras seis en 2016, 85 en 2018, 525 en 2019 y 10 en 2020. Dos de los vídeos fueron realizados en abril de 2018, un año antes de las elecciones para las que Neurona fue contratada. También aparecen documentos creados en 2016, 2018 y 2020.

Los investigadores revelaron además que los metadatos de los vídeos entregados por Podemos indicaban que la mayoría habían sido creados en América. Un hecho significativo si se tiene en cuenta que los actos de campaña tuvieron lugar en España y que, supuestamente, según la versión de los miembros de Podemos imputados en el caso Neurona, un «equipo de trabajadores de la consultora se trasladó a Madrid para cubrir los eventos electorales».

El material elaborado durante la campaña electoral era muy escaso. En concreto, fueron 48 vídeos y 7 fotografías, además de dos documentos en formato pdf por los que Podemos pagó 363.000 euros, es decir, 6.000 euros por cada pieza. Los agentes no valoraron en su informe la relación calidad-precio de estos trabajos realizados supuestamente por Neurona porque, manifestaron, no era competencia de la unidad «determinar el valor obrante de los archivos». Sin embargo, OKDIARIO sí pudo visualizar estos vídeos, que destacan por su baja calidad y corta duración. Algunos de ellos ni siquiera superan los 15 segundos.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que resulta «exagerado» que estos archivos tengan un valor de 6.000 euros por cada uno. Podemos argumentó ante el juez que «los servicios contratados no consistieron únicamente en la elaboración de vídeos, sino que el trabajo desarrollado fue de carácter multidisciplinar en todas las áreas que requiere un equipo electoral». Sin embargo, el Tribunal de Cuentas avisó que parte de los trabajos no podrían imputarse a un gasto electoral.