El juez bloquea 88 cuentas bancarias de la trama de Koldo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, la trama de corrupción del cobro de comisiones irregulares por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha ordenado bloquear 88 cuentas de los investigados en la causa.

El magistrado Ismael Moreno decreta el bloqueo y el embargo preventivo de estas cuentas, además de la prohibición de disponer de los saldos y los intereses que devenguen las cuentas bancarias y productos financieros que estén relacionados con cada de una de ellas. Así consta en un auto del pasado 19 de febrero.

Moreno prohíbe de esta forma cualquier disposición sobre estas cuentas, «indistintamente de cuál sea el tipo de vinculación, debiendo proceder asimismo a la inhabilitación o suspensión de las credenciales, claves y/o firma electrónica que permitan operar con los sistemas de banca electrónica o telemática».

«Arma de repetición»

El mismo juez ha acordado también la investigación para uno de los imputados en el caso Koldo, el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama, a un delito de tenencia ilícita de armas. Esto se debe a que en el registro de una de sus propiedades ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) hallaron un arma de repetición manual, carabina, del calibre 44 milímetros de la marca Tiger sin documentación.

Así se recoge en el auto del pasado 22 de febrero, cuando el magistrado ordeno la puesta en libertad de De Aldama y en el que se señala la solicitud previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 20 de febrero en la que daba cuenta de ese hallazgo.

«Durante el desarrollo de la mencionada diligencia -entrada y registro-, se ha encontrado un arma de fuego, la cual carece de documentación que ampare su posesión de manera legal, entre ella la correspondiente guía de pertenencia», afirma la UCO, para añadir que se trata de «un arma de repetición manual».

Aquel día, la UCO informó al juez del caso Koldo de que en otro de los registros, en el del domicilio del dueño del Depósito Judicial de Murcia Rogelio Pujalte -que no consta como imputado en la causa- en Raya (Murcia), donde hallaron «varios efectos considerados armas prohibidas por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas».

En ese registro se detalla el hallazgo de una defensa eléctrica (Taser) y una defensa extensible. En este sentido, la UCO solicita al magistrado que añada también para él el delito de tenencia ilícita de armas.

Cabe recordar que los imputados en el procedimiento abierto contra la trama que pagó comisiones durante la pandemia para conseguir contratos con administraciones públicas para el suministro de mascarillas están siendo investigados por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Los imputados

El juez Ismael Moreno bloqueó también las cuentas bancarias y ordenó el embargo de los bienes de los imputados en el caso Koldo, mientras se investigan las presuntas mordidas millonarias que cobraron a través de contratos públicos adjudicados durante la pandemia. De esta forma, los investigados no pueden utilizar sus ingresos, ni tampoco los de sus familiares a los cuales tengan autorización. Los imputados por la Fiscalía Anticorrupción son el ayudante del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre; su hermano, Ioseba García; su mujer, Patricia Uriz; el guardia civil José Luis Rodríguez y los empresarios Juan Carlos Cueto, Íñigo Rotaeche y Víctor de Aldama.

El magistrado ordenó también otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente el juzgado. En concreto, el juez Ismael Moreno ha obligado a los imputados a personarse cada 15 días. Las medidas cautelares tendrán una duración determinada, aunque el juez no ha especificado hasta cuándo. Los abogados de los imputados ya barajan recurrir las medidas interpuestas.

El juez de la Audiencia Nacional dejó en libertad a los imputados que pasaron a disposición judicial debido a que la Fiscalía no pidió su ingreso en prisión preventiva. Fuentes consultadas señalan que el Ministerio Fiscal no considera que exista riesgo de fuga ya que se les ha retirado el pasaporte.

Los imputados también permanecen sin sus teléfonos móviles desde que pasaron a disposición judicial el pasado 22 de febrero. El juez de la Audiencia Nacional ordenó que los cuatro imputados dejaran sus terminales en el juzgado de modo que los peritos pudieran analizarlos. En concreto, fuentes consultadas señalan que los investigadores tratan de interceptar comunicaciones de 2020, fechas en las que los implicados en el caso Koldo se hicieron con los contratos públicos. Por el momento, la Audiencia Nacional no ha devuelto estos terminales móviles