Consejo General del Poder Judicial

Los jueces alertan contra el mercadeo del futuro Gobierno socialcomunista para renovar el Poder Judicial

El anterior intento para la elección del juez Marchena, como candidato de consenso entre PSOE y PP, para ocupar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, provocó división en las filas socialistas.

Poder Judicial

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidido en funciones por Carlos Lesmes desde el pasado 4 de diciembre de 2018, será uno de los principales escollos para el nuevo Gobierno de coalición PSOE-Podemos. Jueces y magistrados temen que el nuevo escenario parlamentario, fragmentado, complique los trámites para la elección de los nuevos vocales y «oscurezca» la imagen de la Justicia.

Según lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la designación de los diez vocales –el Consejo está integrado por una veintena-que decide el Parlamento, es necesario contar con el voto favorable de tres quintos de la Cámara. Esto es 210 de los 350 diputados que conforman el Hemiciclo. Al igual que sucede con los diez restantes, competencia del Senado, que exigen 159 votos afirmativos de entre el total de 265.

Así las cosas y atendiendo a los resultados obtenidos en las elecciones del 10-N por el Gobierno socialcomunista pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los números se antojan complicados. Como punto de partida PSOE y Unidas Podemos acumulan tan sólo 155 escaños.

Si a ellos sumasen los 13 de ERC, los 8 de JxCAT, los 6 del PNV, 5 aportados por Bildu, 3 de Más País y Compromís -respectivamente- 2 de Coalición Canaria y, otros tantos, de la CUP, y los únicos obtenidos por el Partido Regionalista de Cantabria, el Bloque Nacionalista Galego y la plataforma local Teruel Existe, estarían situados en un cómputo, insuficiente, de 203 diputados.

De manera que el bloque opuesto, integrado por Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma está en disposición de frustrar cualquier renovación si las maniobras de los grupos de izquierda, en connivencia con el independentismo, tratan de hacer caer la centralidad que debería ostentar el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.

Apoyo a la investidura

A los jueces les preocupa que Sánchez, candidato a la investidura y presidente del Gobierno en funciones, esté dispuesto a hacer concesiones al separatismo catalán sobre el Poder Judicial, a cambio de que le apoyen en su investidura.

Tras el trasvase de uno de los escaños obtenidos por el PNV en Álava a favor del Partido Popular -que suma su diputado 89 desde el País Vasco, de la mano de Beatriz Fanjul- el PSOE necesita el respaldo de los partidos independentistas catalanes y vascos, como mínimo. Por ello no descarta dar presencia a ERC y a PNV en el máximo órgano de gobierno de los jueces.

La entrada del primero de ellos, con un representante propio en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), permitiría a los de Junqueras adquirir una posición privilegiada en el ámbito judicial para poder influir, por ejemplo, sobre la aplicación de las condenas a los golpistas del ‘procés’.

Sánchez quiere avanzar en el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero de fraccionar el Poder Judicial para entregar a la Generalitat de Cataluña el control de los jueces autonómicos. Algo que ha causado un profundo malestar entre jueces, magistrados y fiscales.

Separación de Poderes

Tampoco ha sentado bien entre los profesionales de la Justicia, el posicionamiento de la asociación progresista ‘Jueces y Juezas para la Democracia’ -de la que era miembro la actual ministra en funciones Dolores Delgado, en su etapa como fiscal- celebrando el acuerdo alcanzado este martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para su Gobierno socialcomunista.

Los magistrados integrantes de la misma en una afirmaban, en una nota publicada en su cuenta oficial de Twitter, que «apoyan» la conformación de un Gobierno «que sume las fuerzas progresistas y que opte por las políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades».

Esta declaración de intenciones, inédita en la práctica asociativa de los profesionales de la carrera judicial contrasta con la neutralidad de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –mayoritaria en el Poder Judicial– o de la Asociación Francisco de Vitoria, que se han mantenido al margen de consideraciones políticas.

Desde ambos entes insisten a OKDIARIO en que continuarán trabajando para mejorar el ejercicio de la carrera judicial en España y aumentar la transparencia e independencia del Poder Judicial, frente a los intentos del Ejecutivo por interferir en el mismo.

Por ello, insisten en la importancia de abordar un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Una medida que el PSOE ha incorporado tradicionalmente en sus programas electorales -y a favor de la que la propia Delgado se manifestó antes de ocupar la cartera de Justicia con el Gobierno ‘frankenstein’ socialista- pero que estuvo muy lejos de implementar cuando tuvo la ocasión de hacerlo.

Tribunal Constitucional 

Tampoco será menor la renovación de varios magistrados que forman parte del Tribunal Constitucional que debería producirse en este mismo mes pero que, previsiblemente, se dilatará en el tiempo hasta que se confirme si el Gobierno socialcomunista de Sánchez sale adelante.

Se trata de cuatro de los actuales miembros del órgano judicial de garantías: su presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y, los jueces Fernando Valdés y Andrés Ollero.

Fuentes próximas al Constitucional confirman a OKDIARIO que el sector más conservador de los jueces que lo integran -y que permanecerán en sus respectivas Salas y Secciones pese al Ejecutivo de coalición y las vacantes que éste deberá cubrir- no permitirán maniobras orientadas a desvirtuar el juego de equilibrios tradicionalmente fijado para el Pleno del órgano judicial.

 

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