Ministerio de Igualdad

Montero audita las subvenciones de Rajoy mientras ella las reparte sin control previo

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Irene Montero, ministra de Igualdad. (Foto: EP)

El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, ha ejecutado un contrato para auditar las subvenciones otorgadas por el Instituto de las Mujeres durante los años 2017 y 2018, es decir, cuando gobernaba Mariano Rajoy. OKDIARIO ha solicitado los resultados de esa fiscalización pero el equipo de la ministra los oculta. No obstante, el Consejo de Transparencia ha dado orden de facilitar la documentación oficial.

La auditoría que Montero está realizando a las subvenciones de la etapa del Gobierno del PP coincide con el reproche que la Intervención General del Estado ha dirigido al departamento de la ministra de Igualdad por no tener aprobado un Plan Estratégico de Subvenciones (PES). Una hoja de ruta que es obligatoria según la normativa vigente y que tienen el resto de carteras del Gobierno.

En el Portal de Contratación del Estado, el Ministerio de Igualdad reflejó la firma de un contrato menor por un «Servicio de Asistencia Técnica para el estudio de las justificaciones técnicas y financieras de programas subvencionados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades durante los años 2017 y 2018». Se pagaron 18.148 euros a Fresno, una consultora especializada, para trabajos que se desarrollaron hasta mayo de 2021. A través del Portal de Transparencia , OKDIARIO solicitó los resultados de ese contrato.

Por el contrario, el Ministerio de Irene Montero optó por la opacidad total. «De acuerdo con el artículo 18.1.b de la Ley de Transparencia se inadmitirán a trámite las solicitudes referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos, como la que se solicita», se excusó el departamento de Irene Montero. Tan sólo se apuntó que «en lo que se refiere a los reintegros y devoluciones [de subvenciones] que han tenido ocasión como resultado de las actuaciones realizadas, estos han sido incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) donde puede consultarlos», sin aportar ningún dato concreto.

Ante la falta de respuesta, OKDIARIO acudió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que ha estimado la reclamación presentada. Este órgano oficial que vela por el cumplimiento de la Ley dictó una resolución para «estimar la reclamación» e instar al Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad) a que, en «el plazo máximo de 10 días hábiles», remita al reclamante «el resultado de los trabajos del contrato de asistencia técnica para el estudio de las justificaciones técnicas y financieras de programas subvencionados por el Instituto de la Mujer en 2017 y 2018».

Resolución del Consejo de la Transparencia fechada a 15 de diciembre. (Clic para ampliar)

En sus alegaciones, Igualdad afirmó que los “resultados” solicitados por el interesado «constituyen una información de apoyo en la que se sustentan los reintegros y devoluciones de los programas subvencionados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades durante los años 2017 y 2018». Insistieron en que «dichos reintegros y devoluciones se encuentran publicados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y, por tanto, son ya objeto de publicidad».

No obstante, esta excusa no le vale al Consejo de Trasparencia. Recuerdan que sólo se consideran documentación «auxiliar» los informes que «contengan opiniones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad; que sean un texto preliminar o borrador, sin la consideración de final; que trate de información preparatoria; que sean comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento; que se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final».

«Procede valorar si la motivación de la resolución del Ministerio razona suficientemente la concurrencia de las mencionadas características. En el presente caso, a nuestro juicio, no se aprecia la existencia de la causa de inadmisión invocada, que, recordemos, debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada», señalan en la resolución.

Citando fallos judiciales se afirma que estamos ante «informes que tienen relevancia en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que son útiles para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación».

El propio Ministerio reconoce, como dice el Consejo de Transparencia, que estas documentaciones «han sustentado los reintegros y devoluciones [de las subvenciones] porque han sido relevantes en la conformación de la voluntad pública del órgano. En consecuencia, no es información auxiliar». «Aunque el mismo lo califique de información de apoyo, hay que recordar que la Audiencia Nacional ha confirmado que lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido material», subrayan. Por todo ello, concluyen, Irene Montero tiene que entregar esos trabajos de fiscalización de las ayudas concedidas por el Gobierno anterior que guarda en un cajón.

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