Irene Montero alquila un edificio de lujo por 100.000 € al mes para reforzar el «movimiento feminista»

El Instituto de las Mujeres pagará el alquiler de una nueva sede cuya mensualidad asciende a 99.896,39 euros. El pasado 8 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó una modificación de los límites de gasto para permitir que este organismo, adscrito al Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, pueda realizar nuevos gastos destinados al arrendamiento de un edificio.

Como informó OKDIARIO, el Instituto de las Mujeres estrenará en los próximos meses una nueva localización en el exclusivo distrito madrileño de Chamartín. Se trata de un moderno inmueble, que hasta ahora ocupaban las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la calle Pechuán. La directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha considerado que el cambio es «una demanda histórica de las asociaciones feministas, que quieren un espacio más accesible». Este emplazamiento servirá para poner en marcha además un centro de documentación sobre políticas de igualdad y un nuevo espacio para actividades con la sociedad civil.

Desde el Instituto de las Mujeres consideran que esta localización es «una demanda histórica» del movimiento feminista que, aseguran, viene reclamando un lugar más céntrico. El Instituto de las Mujeres cuenta con un presupuesto para el 2022 de 23,6 millones de euros, un 16% más que el año anterior.

Según la referencia del Consejo de Ministros, consultada por OKDIARIO, el organismo tenía subarrendado el edificio, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. En esta situación, y ante «la necesidad de seguir disponiendo del citado edificio», es necesario «proceder a la formalización de un nuevo contrato que entrará en vigor el próximo 1 de julio». Tendrá una duración de cinco años y «la mensualidad asciende a 99.896,39 euros, IVA incluido».

El Ministerio de Igualdad está en el centro de la polémica por sus gastos. Recientemente se presentó el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, una iniciativa del departamento de Irene Montero que tendrá un coste de 20.319 millones de euros. «Una inversión histórica», como ensalzó la propia ministra.

Uno de los objetivos de ese plan es promover las políticas contra la «masculinidad hegemónica». Según la dirigente de Podemos, «la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública se ve condicionada por procesos históricos que han asociado la feminidad tradicional al espacio y las responsabilidades domésticas y privadas».

«Dichos procesos se basan en roles y estereotipos de género que afectan también al mandato de la masculinidad hegemónica, codificando unas formas de ser mujer y de ser hombre que impiden la plena participación pública en igualdad y que afectan a su vez al comportamiento privado», censura la ministra.

Así, y entre otras propuestas, considera que para hacerle frente es necesario impulsar las «investigaciones feministas» y «redes de asociaciones de hombres por igualdad» o «promover la igualdad mediante el tejido asociativo, sindical y político de las mujeres». El plan recoge asimismo la puesta en marcha de una convocatoria de subvenciones dirigida a organizaciones sindicales, «orientada al fortalecimiento de las acciones de igualdad de género en el ámbito sindical y por ende laboral», así como un «fortalecimiento del movimiento feminista» o «la participación activa de las mujeres en el tejido asociativo ecologista». Todo esto tendrá un coste de 42 millones de euros.

A esto se suma el gasto en cargos públicos, que ha supuesto ya un desembolso de 1.545.647 euros para las arcas públicas desde la creación de este Ministerio, en enero de 2020, según los datos sobre las retribuciones de los altos cargos del Gobierno a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Estos gastos, sin embargo, no van acompañados de actividad legislativa. El Ministerio ha impulsado normas especialmente polémicas, como la ley sobre la libertad sexual -conocida como ‘ley del sólo sí es sí’-, que todavía no ha entrado en vigor, ya que se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Esta ley ha recibido las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que alertó incluso de un «efecto de desprotección en las víctimas». Montero también ha aprobado que los jóvenes de 16 años puedan cambiar libremente de sexo, sin necesidad de contar con informes médicos.

La prioridad en estos momentos para la ministra de Igualdad es la reforma de la ley del aborto, que propone que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de contar con el consentimiento de sus padres.  «Del mismo modo que son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos», ha justificado la ministra.