La presidenta de Patrimonio Nacional será investigada por contratos adjudicados para El Valle de los Caídos

El juez de Instrucción número 38 de Madrid ha abierto diligencias contra Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, por el presunto amaño en la adjudicación de contratos para la prestación del servicio de mantenimiento del Valle de los Caídos. La investigación aborda la presunta comisión de delitos de prevaricación del funcionario público y malversación de caudales públicos por parte de Ana de la Cueva.

El magistrado ha ordenado la investigación tras una denuncia contra la presidenta de Patrimonio Nacional en la que se señalan dos contratos en concreto, ambos para el mantenimiento de Cuelgamuros, por valor de 600.000 euros a Limpiezas Manchegas Becquer. Ésta fue la única empresa que se inscribió y presentó ofertas para la licitación.

El escrito de la denuncia recoge también que Patrimonio Nacional le otorgó los contratos a dicha empresa aún a sabiendas de «que tiene problemas de impago» con la administración pública. En este sentido, se hace referencia a sanciones impuestas por Castilla-La Mancha, lugar en el que la sociedad tiene su domicilio fiscal, y a litigios pendientes enmarcados en el orden social y civil. Se hace mención también de la apertura de un expediente de ejecución forzosa.

El caso denunciado es «un claro ejemplo de que Pedro Sánchez quiere adueñarse del Valle por intereses económicos, además de por cuestiones ideológicas», ha declarado Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, fundación civil que ha interpuesto la denuncia a raíz de la cual el juez ha abierto diligencias contra la presidenta de Patrimonio Nacional.

Por otro lado, el magistrado no aprueba que Abogados Cristianos forme parte del procedimiento tras incoar su apertura. Argumenta que la fundación no cumple los requisitos procesales, en alusión a los exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a partir de la configuración legal del ejercicio de la acción popular.

El Valle de los Caídos y Pedro Sánchez

Como buque insignia del Gobierno de Pedro Sánchez para promocionar su Ley de Memoria Histórica, el Valle de los Caídos ha supuesto importantes desembolsos del Ejecutivo. Hace 3 semanas el Gobierno licitó un contrato para la práctica del análisis genético de exhumaciones en el enclave, por valor de 415.000 euros. Aunque lo cierto es que, con 11.060 cajas y 33.833 restos de personas de ambos bandos de la Guerra Civil, el Ejecutivo sólo había recibido 190 peticiones por parte de descendientes de las víctimas. Es decir, sólo el 0,56% de los familiares habían solicitado la exhumación. Únicamente se identificaron 18 restos en dos años de actividad.

El Valle de los Caídos pasó a denominarse Valle de Cuelgamuros a raíz de un paquete de 30 medidas a incluir en la Ley de Memoria Democrática, presentado por el entonces Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.