La interventora que audita el uso de fondos públicos participó en una reunión de apoyo al 1-O

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el golpe separatista en el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona han cazado a la responsable de garantizar que no había malversación de fondos públicos en uno de los grupos clave que se movilizó en apoyo del referéndum ilegal del 1-O.

Los investigadores cuentan con un correo electrónico que prueba la asistencia de Rosa Vidal a un acto de “unidad y compromiso con el referéndum” celebrado el pasado 21 de abril de 2017, el mismo día en el que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras juntaron a 140 altos cargos del Govern y anunciaron que se celebraría el referéndum inconstitucional hiciera lo que hiciera el Estado.

Al acto al que fue convocada Rosa Vidal también estaban congregados, entre otros, Josep Maria Jové, Natalia Garriga, Pere Aragonés, Josep Lluís Salvadó y el director del Idescat, Frederic Udina.

La Guardia Civil, de hecho, ha reservado un apartado especial para esta pertenencia de Rosa Vidal a los grupos de apoyo al 1-O dentro de su informe. Y es que, de confirmarse un alto grado de participación en estas reuniones, podría indicar, no ya sólo su evidente contagio con el golpe separatista, sino que ni tan siquiera se habrían realizado sus prácticas por temor a un castigo de sus superiores, sino que podría haberlo hecho por propia motivación.

La gravedad de este hallazgo es elevada porque los informes de la Policía y la Guardia Civil, además, han demostrado ya que este interventora ha ocultado pruebas del 1-O al ministerio y, por lo tanto, a los jueces que investigan el golpe separatista.

Los documentos remitidos ya a la Justicia a los que ha tenido acceso OKDIARIO ponen el descubierto que la interventora de Hacienda ocultó la malversación de 3 millones de euros destinados a la promoción y celebración del referéndum ilegal. Y todo ello, siendo la persona de la que se ha fiado Hacienda para garantizar –hasta la intervención física de los pagos de la Generalitat– que no se destinaba dinero público al 1-O.

La Guardia Civil y el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer habían alertado ya en diversas ocasiones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de los retrasos e irregularidades cometidos por esta interventora, Rosa Vidal, a lo largo de toda la investigación del golpe separatista. Pero, pese a ello, Hacienda no ha querido apartarla del cargo.

Ella es la supuesta controladora de la legalidad de los pagos y gatos de la Generalitat y la que debe alertar a Hacienda de los movimientos de fondos públicos con destino al 1-O.

Una de las ocultaciones de pruebas de la interventora que ha detectado la Guardia Civil se encuentra en los pagos a Unipost, la empresa que preparaba las papeletas del referéndum. Los agentes detectan una serie de anomalías que anotan como “incidencias sobre la gestión de la interventora general de la Generalitat”.

Y allí detallan que “la interventora hace referencias en un anexo al registro de facturas de la Generalitat emitidas por Unipost, pero sin embargo no las adjunta en el informe”; que la interventora afirma que “no se han registrado ni se han abonado los importes de las mismas”, cuando hay pruebas de lo contrario; que “debido a que la interventora no aportó el anexo” se acordó mantener una reunión con ella y, entonces, la interventora encontró “el anexo que no había aportado inicialmente”; y que, pese a todas las anomalías, “no ha activado ningún procedimiento para denunciar acciones”.