Interior sí emplea con presos en tercer grado las pulseras israelíes que Montero descartó para maltratadas

Los presos en tercer grado y régimen de semilibertad en España llevan desde hace años las pulseras telemáticas de la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring sin experimentar los graves fallos que han afectado a las víctimas de violencia de género. El contrato se ha adjudicado en 2021 y ha sido prorrogado porque funciona bien hasta 2026, según fuentes de OKDIARIO, mientras que el Ministerio de Igualdad desechó esta misma tecnología y no lo prorrogó presumiblemente por motivos ideológicos.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha mantenido su contrato con Attenti por un valor de 25.124.256 euros desde el 1 de septiembre de 2021. El sistema permite la monitorización de hasta 7.500 personas simultáneamente en cualquier punto de la geografía española con total eficacia. La capacidad del sistema incluye la gestión de «al menos 200 centros de vigilancia penitenciaria». En todo caso, el ministerio avanza que «un nuevo contrato saldrá a licitación en los próximos meses».

El contrato penitenciario especifica tres tipos de dispositivos telemáticos diferentes. Los «dispositivos telemáticos para conocer la ausencia o presencia de un penado en su domicilio» funcionan las 24 horas con verificación de identidad. Los sistemas incluyen también «dispositivos para el control de consumo de alcohol» que realizan controles aleatorios de alcoholemia.

Además, el sistema cuenta con «dispositivos de sistema de seguimiento continuo que permitan conocer la ubicación geográfica de un sujeto en todo momento». Estos dispositivos pueden establecer «zonas de exclusión» o «zonas de inclusión» según las necesidades de cada caso.

La documentación técnica exige que «todos los documentos generados deberán reunir las condiciones de fiabilidad necesarias para permitir su uso como soporte de las decisiones y resoluciones administrativas o judiciales». Esta condición contrasta dramáticamente con la pérdida de datos que, como desveló en primicia OKDIARIO, sufrió el sistema de pulseras antimaltrato de Igualdad.

El adjudicatario debe «disponer de los medios humanos y materiales necesarios para mantener en todo momento operativo el servicio». La empresa ha garantizado «soporte técnico permanente» y «atención telefónica de 24 horas los 365 días del año, siempre en castellano». No ocurre lo mismo en Igualdad donde se denuncian apagones informativos.

El contrato de Interior establece precios específicos por cada tipo de monitorización: 4,5 euros diarios por dispositivo de control domiciliario, 5 euros por dispositivo con control de alcohol y 3,5 euros por monitorización continua de geolocalización. Estos costes han demostrado ser eficientes durante más de tres años de funcionamiento.

La licitación se ha desarrollado mediante procedimiento abierto con tramitación ordinaria. Attenti Electronic Monitoring fue la única empresa que presentó oferta, lo que refleja la especificidad técnica requerida para este tipo de servicios.

El contrato ha contemplado la instalación de dispositivos «en un plazo máximo de 72 horas desde la comunicación» y la sustitución de equipos defectuosos de forma inmediata. Esta diligencia contrasta con los retrasos sistemáticos que han experimentado las víctimas de violencia de género.

Paralelamente, el cambio ideológico en el Ministerio de Igualdad ha provocado un desastre tecnológico. La ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell, expresó que no quería seguir contratando a Attenti porque les «jodía mucho el tema de Gaza», según han revelado fuentes conocedoras de las negociaciones a este diario.

El proveedor israelí fabricaba dispositivos con tecnología «rugerizada» que impedía su manipulación sin activar las alarmas durante más de 15 años con resultados satisfactorios. «Si ocurría que muchas veces alguna mujer o maltratador se la quitaba, incluso con una radial, pues eso saltaba e inmediatamente se reponía», explica una fuente consultada.

El Ministerio de Igualdad ha perdido el acceso a todos los datos históricos de las órdenes de alejamiento por maltrato anteriores al 20 de marzo de 2024. La Fiscalía General del Estado ha alertado de que esta anomalía está provocando «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios».

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han alertado específicamente de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». El Centro Cometa ha informado «reiteradamente» que no puede facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024.

Trabajadoras del centro Cometa han denunciado múltiples fallos técnicos en el nuevo sistema, desde la congelación de la ubicación de agresores durante horas hasta imprecisiones geográficas por errores en el GPS. Varias fiscalías provinciales han alertado de «lo gravoso» que resulta para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que se detectaron «algunas incidencias técnicas» durante el cambio del contrato. Sin embargo, mantiene que «el sistema funciona y funciona mucho mejor», contradictiendo los informes de la Fiscalía que documentan el colapso del sistema. Asegura una y otra vez que las mujeres «no han quedado desprotegidas» cuando sí ha sido así.

La responsabilidad última sobre el sistema defectuoso recaía en Irene Montero cuando se ha producido la licitación catastrófica. En julio de 2021, Noelia Vera firmó los pliegos de la contratación inicial, mientras que en julio de 2023, Ángela Rodríguez Pam avaló los pliegos técnicos de la nueva licitación.

La paradoja resulta meridiana: mientras los presos ordinarios disfrutan de un sistema de monitorización eficaz y fiable con tecnología israelí, las víctimas de violencia de género han quedado desprotegidas por una decisión ideológica que antepuso el sesgo político a la seguridad de las mujeres más vulnerables.