CATALUÑA

Interior paga la demolición de un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona que le exigió ERC

El cuartel de Manlleu (Barcelona), que la Audiencia Nacional instó a pagar a Interior, será derribado a cargo del Estado

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Pelayo Barro

Nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios independentistas en Cataluña con la Guardia Civil de fondo. Y ésta, en concreto, con sabor electoral para ERC. El Ministerio del Interior ha iniciado la búsqueda de una empresa para demoler el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Manlleu (Barcelona). Unos terrenos a los que lleva aspirando ERC desde hace dos décadas, y que finalmente serán cedidos al Ayuntamiento. Interior pagará incluso la demolición del cuartel, a pesar de que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2013 obligaba al Ayuntamiento a pagar más de medio millón de euros por esa edificación. Ahora, no sólo le sale gratis a este Consistorio barcelonés sino que el Estado dejará el solar preparado para edificar viviendas. Interior prevé gastarse 400.000 euros.

Tras 20 años de pulsos con el Estado, el separatismo se sale con la suya. El Ayuntamiento de Manlleu tendrá a su disposición un solar limpio y listo para aumentar el parque municipal de viviendas, una vez que el antiguo cuartel de la Guardia Civil desaparezca de escena, como reclaman por toda Cataluña los socios de Sánchez.

El cuartel, donde la Guardia Civil prestó servicio al municipio durante décadas, se inauguró en 1970 tras la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento. Llegados los primeros años del 2000, con el traspaso de competencias a los Mossos d’Esquadra, el cuartel dejó de ser necesario en el municipio y fue poco a poco quedando en desuso. El Consistorio, en ese momento en manos de ERC, decretó la devolución del inmueble para integrarse en el patrimonio municipal. Sin embargo, el Estado recurrió esta decisión alegando que la construcción del cuartel, realizada con fondos públicos, debería ser abonada al Gobierno central. Y ahí se inició un pleito por lo terrenos.

Más de una década después, en 2013, la Audiencia Nacional sentenció finalmente que el Ayuntamiento, en manos de ERC, tenía derecho a recuperar esos terrenos, puesto que la Guardia Civil ya no los utilizaba. Pero fijó en 523.000 euros el importe que debería abonar Manlleu al Ministerio del Interior, en concepto del coste de los edificios levantados en la finca y que todavía podían utilizarse. ERC dejó pasar el tiempo hasta que el efecto de la sentencia expiró. Y con ello, el derecho municipal a recuperar esos terrenos gratuitamente.

Todo cambió con la llegada de Pedro Sánchez al poder y, con ella, sus pactos con ERC. Las negociaciones se retomaron y terminaron llegando a buen puerto para los intereses de los independentistas: los terrenos se cederían y, además, sería Interior quien derribaría el cuartel de la Guardia Civil. Y asumiría ese coste.

La licitación, publicada este 1 de abril, la ha gestionado la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), dependiente del Ministerio del Interior. El arquitecto que figura en la ficha como redactor del proyecto es Josep María Enrich i Solà.

Sin minuto de silencio

Hace sólo unas semanas, en Cataluña, el Partido Socialista también se negó a guardar un minuto de silencio en el Parlament por los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Precisamente uno de los agentes, David Pérez, nació en Barcelona, y el martes 13 de febrero se pretendía organizar un acto para homenajear su labor y la de su compañero en el cuerpo de seguridad.

ERCJunts, la CUP y los comunes votaron en contra, por lo que la pelota estaba en el tejado de los socialistas, que finalmente optaron por no pronunciarse al respecto y provocar que la iniciativa no saliera adelante.

Antes, fueron Vox y Ciudadanos quienes habían presentado la propuesta de hacer una declaración institucional en la Cámara regional para transmitir el pésame a los familiares de los agentes de la Benemérita asesinados. Una iniciativa que tenía la finalidad de exigir más medios y apoyos a la Guardia Civil que combate a los narcos en Cádiz y que se enfrenta a este tipo de desafíos cada día. Pero que finalmente fue rechazada también en la Junta de Portavoces del Parlament.

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