Interior da largas para no revelar en Transparencia a cuántas personas han detenido ante el casoplón

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, dilata una solicitud, en el Portal de Transparencia, en la que se requiere el «número de detenciones realizadas por la Policía y la Guardia Civil que vigilan el casoplón de Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid)», así como «el motivo de dichas actuaciones».

La petición se cursó el pasado 23 de diciembre. De acuerdo a la Ley de Transparencia, Interior disponía de un plazo de un mes para aportar la información requerida. Sin embargo, haciendo uso de la misma Ley, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha retrasado la respuesta, alegando la «complejidad» de la información que se solicita.

En concreto, la Secretaría de Estado de Seguridad notifica al interesado, en una nota a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que «para resolver su solicitud se amplía el plazo de resolución un mes», en base al artículo 20.1 de la citada Ley, según el cual «el plazo para resolución podría ampliarse por otro mes en el caso que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario».

Cabe recordar que el Consejo de Transparencia ya ha avisado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre sus dilaciones excesivas para resolver las peticiones de los ciudadanos.

Detenciones

En los últimos meses han trascendido a los medios de comunicación numerosas detenciones en los alrededores del chalet que Pablo Iglesias e Irene Montero poseen en la localidad madrileña de Galapagar (Madrid). Varios arrestados habían acudido sencillamente a protestar por la gestión de los líderes podemitas en la pandemia del coronavirus.

Recientemente se conoció por ejemplo el caso de Francisco Zugasti, un hombre que fue detenido mientras se encontraba con un grupo de amigos comiendo roscón con chocolate frente a la vivienda.

Este viernes se supo que Zugasti ha sido condenado a siete meses de prisión por un delito de atentado.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid detalla que «examinado y valorando el alcance, la entidad de los hechos, que no se produjeron lesiones en el agente de la autoridad, y que el acusado a pesar de no contar con antecedentes penales, tiene numerosas denuncias por faltas de respeto a los agentes, procede imponerle, por el delito de atentado, la pena de siete meses de prisión». La Fiscalía solicitaba una pena de 1 año y ocho meses de cárcel por atentado contra la autoridad.

Otro vecino de Galapagar, Miguel Frontera, que habitualmente se desplazaba hasta la vivienda de Iglesias para protestar por la gestión del Ejecutivo durante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, también se encuentra imputado en otra causa. El vicepresidente del Gobierno se querelló contra este ciudadano al que le imputa delitos que oscilan entre los dos años y nueve meses, en el grado más bajo de cada una de los ilícitos, y los 14 años de prisión como máximo.

Una madre y una hija se enfrentan también a seis meses y un año de cárcel por el mismo hecho: quejarse por la gestión del Ejecutivo.

Algunos procesos judiciales están aún en marcha. Otros han terminado. Es el caso de dos mujeres, Claudina y Ascensión, arrestadas por llevar banderas de España y hacer sonar el himno con un móvil ante el casoplón de Iglesias. Fueron imputadas por desobediencia, pero finalmente resultaron absueltas.

«Secreto oficial»

El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska ha cubierto de opacidad todo lo que rodea a las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad en el casoplón de la pareja Iglesias-Montero.

El Gobierno ha blindado como «secreto oficial» cualquier dato sobre el ingente dispositivo que se encarga de la seguridad del chalet. Cabe recordar que de la vigilancia se ocupa ahora la Policía, después de que Iglesias solicitase al ministro del Interior que relevase a la Guardia Civil de este servicio. El motivo de ese cambio fue, según se publicó en su día, la pérdida de confianza de Iglesias y Montero en el Instituto Armado después de que la noche de las elecciones autonómicas de julio del año pasado una persona se encaramase a la valla del casoplón y grabara a la pareja y un colaborador del partido mientras seguían la hecatombe electoral de Podemos en Galicia y el País Vasco.

El Ministerio del Interior ha convertido el chalet de Iglesias y Montero en todo un fortín. Mientras el número de efectivos destinados a la protección de los ministros ha ido en aumento, también crece la inseguridad ciudadana en los municipios afectados por la reestructuración de las funciones de la Guardia Civil, según denuncian las asociaciones.

La Guardia Civil, como informó OKDIARIO, llegó además a emitir una orden de servicio a los agentes encargados de la vigilancia de la vivienda en la que se les exigía que evitasen «realizar corrillos, así como elevar el tono de voz o causar molestias innecesarias a las autoridades residentes y demás vecinos próximos».