El fiscal pide cárcel para una madre y su hija que se manifestaron ante el casoplón de Iglesias

La Fiscalía de Madrid ha pedido seis meses de cárcel para una mujer y un año para su hija tras manifestarse el pasado 30 de octubre ante el casoplón de Pablo Iglesias en la urbanización La Navata de Galapagar. Expertos penalistas consultados por OKDIARIO han quedado sorprendidos y consideran desproporcionada la petición del Ministerio Público, que dirige Dolores Delgado.

OKDIARIO ha tenido acceso al escrito de acusación de la Fiscalía. El Ministerio Público solicita seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena para la vecina de Galapagar, que responde al nombre de pila de Ascensión. La Fiscalía acusa a Ascensión de un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad. Para su hija, de 32 años, solicita una pena de un año de cárcel con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. También a una multa de tres meses con una cuota diaria de 8 euros, con el riesgo de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que no satisfaga. La Fiscalía le acusa de un delito de atentado a los agentes de la autoridad y un delito leve de maltrato de obra.

Expertos en Derecho Penal consultados por OKDIARIO se han mostrado sorprendidos por la dura petición de la Fiscalía. «Es desproporcionada», coinciden. Las fuentes consultadas recuerdan casos similares y citan el de cinco activistas de la organización feminista Femen que irrumpieron, en 2014, en una manifestación pro-vida, sin camiseta, enseñando el pecho y gritando proclamas en favor del aborto. Las feministas se enfrentaron a los agentes de la Policía Nacional llegando a agredirles. Pero el Ministerio Público no acusó y los hechos quedaron impunes.

Fuentes próximas a Ascensión y su hija, las acusadas, explican a OKDIARIO que el 31 de octubre por la tarde, otras dos vecinas de Galapagar -Mamen y Concha- se encontraban paseando por las inmediaciones de la calle donde vive el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Aseguran que varios coches de la Guardia Civil se acercaron a ellas para decirles que «no podían caminar» por la zona.

Ascensión y su hija se bajaron del vehículo en el que circulaban para interesarse por lo que ocurría y se dirigieron hacía donde estaban sus amigas. Según explican las mismas fuentes, estaban «rodeadas de agentes» que les impedían el paso porque habían montado -según les transmitieron- un dispositivo de seguridad. Según la versión de las acusadas, al alejarse del lugar, Ascensión tropezó con un agente y cayó al suelo, su hija fue a socorrerla y, en plena situación de tensión y nervios, Ascensión terminó cayendo al suelo desmayada.

Según testimonios próximos a las acusadas, Ascensión permaneció durante más de cuarenta minutos desmayada en el suelo. «No acudió ninguna ambulancia pese a que los guardias civiles nos decían que habían llamado. Allí no llamó nadie», cuentan a este periódico. Varias vecinas la arroparon con un edredón hasta que, poco a poco, fue recuperando el conocimiento.

La versión de la Fiscalía difiere. El escrito de acusación dice que «cuando los agentes de la Guardia Civil de Galapagar, uniformados y debidamente identificados, se disponían a establecer el perímetro de seguridad en las inmediaciones de la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad, las dos acusadas mantuvieron una actitud de absoluto desprecio a la labor de los agentes, impidiéndoles el cumplimiento de la función encomendada, desobedeciendo de forma retirada las indicaciones claras que los mismos les daban, en relación a que retrocedieran en la vía pública y despejaran el perímetro de seguridad». Por todo ello, solicitan las penas indicadas de prisión para las dos mujeres. La solicitud del abogado del vicepresidente Pablo Iglesias es mayor: un año y seis meses de prisión para ambas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a mediados de mayo, en pleno estado de alarma y al iniciarse las protestas frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, que la Guardia Civil de Galapagar desplegara un dispositivo especial de seguridad en torno a la parcela. Lo hizo sin que la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que es competente en la materia, considerara necesario reforzar el dispositivo. Desde entonces la calle donde viven el vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, que es una vía pública se ha sometido a un exclusivo blindaje que impide la libre circulación de los vecinos de Galapagar. Semanas después, el ministro ordenó cambiar a la Guardia Civil por la Policía Nacional que es, actualmente, la que se encarga de la seguridad.