El juez dicta orden de alejamiento para el hombre que pone a Manolo Escobar ante el casoplón de Iglesias

El juez ha dictado una orden de alejamiento contra Miguel Frontera para que no vuelva a acercarse a las inmediaciones del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero. El vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad se habían querellado contra este ciudadano por manifestarse con el ¡Viva España! de Manolo Escobar frente a su domicilio en la urbanización La Navata de Galapagar, para protestar por la gestión del Ejecutivo durante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

Frontera llegaba pasadas las 9:00 de la mañana a los Juzgados de Collado Villalba (Madrid) donde ha declarado en calidad de imputado. Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que el investigado sólo ha contestado a las preguntas formuladas por el juez y por su abogada, Polonia Castellanos, y, por ende, ha decidido no contestar a las preguntas de la letrada de Iglesias y Montero ni a las del Ministerio Fiscal.

El juez ha tomado esta medida en línea con la Fiscalía que ha solicitado dictar una orden de alejamiento de 500 metros contra Frontera que le obliga a no acercarse a las inmediaciones del casoplón y la prohibición de que se comunique con el líder podemita y su pareja. La acusación ejercida por el vicepresidente, en su petición, ha  ampliado el perímetro a 3 kilómetros. Un extremo que el juez no ha aceptado.

OKDIARIO adelantó que la Fiscalía se estaba planteando solicitar esta medida cautelar a raíz del interrogatorio realizado a Iglesias y Montero que declararon este lunes en calidad de testigos. La fiscal sólo formuló dos preguntas a los querellantes. Ambas encaminadas a si querían volver a ver a Frontera en las mediaciones del domicilio de Galapagar. Tanto Iglesias como Montero respondieron que no.

«Con miedo, Señoría»

Iglesias y Montero declararon este lunes ante el titular del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid). La pareja gubernamental aseguraron sentirse con miedo desde que un señor hizo sonar el muy terrorífico ¡Que viva España! de Manolo Escobar ante su casoplón plagado de cámaras de seguridad, sensores de movimiento y con un amplio dispositivo de la Guardia Civil. Tiene miedo y terror pero no ha contratado a agentes de seguridad privada, tal y como confesó en sede judicial, porque ya se sirve de los que les proporciona el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El líder de Podemos manifestó que se encontraba asustado y sin poder pegar ojo porque, a decenas de metros de su mansión, un hombre se manifiesta haciendo sonar con su teléfono móvil el himno de España y la copla de Manolo Escobar. También aseguró que ha tenido secuelas «en el rendimiento» profesional que ha afectado a su pareja. Pero no aportó ni un solo informe médico que acreditase estas afirmaciones en las que se sustentan la querella.

Archivo

En su escrito el líder de Podemos acusa al querellado de seis delitos: acoso (penado con hasta 2 años de cárcel), descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad (castigado con hasta 1 año de prisión), alteración del orden público y, por último, otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El juez ha archivado los dos últimos.

En el interrogatorio Iglesias confesó que «no ha habido ningún tipo de interacción con el querellado, contacto ni tampoco destrozo», por lo que su abogada Polonia Castellanos comprende que entonces tampoco se ha cometido el delito de acoso, penado con hasta 3 años de cárcel, por el que se acusa a Frontera.

La abogada de Frontera ya prepara la solicitud de archivo del procedimiento porque considera que los delitos que le imputan a su representado «no están acreditados». «No hay ninguna prueba que los certifiquen para entender que los mismos se han cometido», ha aclarado ante el magistrado. Si el instructor finalmente decide sobreseer la causa la orden de alejamiento quedaría sin efecto.

Denuncia de la Fiscalía

La Fiscalía muestra la misma dureza contra Miguel Frontera, la persona por hacer sonar el himno de España ante el casoplón de Pablo Iglesias en las protestas por la gestión del coronavirus. El Ministerio Público pide de oficio castigar también a Frontera por injurias graves, lo que conlleva una pena tipificada en la normativa española por este delito de entre seis meses y dos años de prisión.

La Fiscalía de Madrid ha denunciado a Frontera por llevar un cartel que decía: «Pablo Iglesias hijo de terrorista». Sin embargo, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 presumió durante un tiempo de ser hijo de un frapero, al haber militado su padre en las filas del grupo terrorista FRAP que actuó en España en la década de los años 70. Pero ahora parece que recordárselo supone buscarse un problema con la Justicia.

Este lunes en sede judicial el secretario general de Podemos corroboró este extremo y aseguró que, efectivamente, ha declarado públicamente que su progenitor formó parte de la organización que asesinó a cinco policías de forma salvaje a finales de la dictadura franquista.