Iglesias se olvida ante el juez del escrache a Soraya: «No se pueden hacer en la puerta de un domicilio»

El vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha redefinido años después el concepto de escrache, una técnica de presión y hostigamiento a cargos públicos que él mismo alentó e incluso puso en práctica. En la causa judicial que Iglesias y su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, tiene abierta contra el vecino de Galapagar Miguel Frontera por protestar frente a su domicilio, los líderes de Podemos han argumentado vía telemática este lunes que los escraches son -ahora- concentraciones que se «realizan sólo durante unos minutos y únicamente en el lugar de trabajo, no en el domicilio personal». Iglesias se olvida así de las manifestaciones que sufrió en la puerta de su casa la que fuera su homóloga durante el mandato de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, y que él apoyó.

Ante tal argumentación, la abogada de Miguel Frontera, Polonia Castellanos, ha preguntado a Iglesias: «¿Si dice que los escraches no se pueden realizar en la puerta de un domicilio, por qué incitó a que se realizara en la casa de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con su hijo de dos años en ella?». Esta pregunta no ha podido ser respondida porque inmediatamente ha intervenido la letrada del líder de Podemos alegando que no era «objeto de la investigación».

Durante el interrogatorio el vicepresidente ha improvisado la definición de escrache sin ni siquiera consultar la Real Academia Española que lo define como «piquete a la puerta del domicilio de la persona titular del órgano competente para adoptar la decisión a que se refiere la protesta». Iglesias cambia el significado según mejor le convenga. En 2013, el líder podemita rechazaba las críticas de los políticos a estas protestas: «Lo que está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes. Hacía falta que se viera en los medios a los ciudadanos». Sentenció en su programa Fort Apache: «Los escraches son el jarabe democrático de los de abajo». Un jarabe democrático que cuando se le aplica a él estando en el poder, y ocupando el cargo de los antiguos políticos, ya no lo defiende.

De ‘jarabe democrático’ a acoso

El vicepresidente segundo ha adoptado un papel victimista, según fuentes presentes en el interrogatorio, y ha asegurado que tiene miedo de los vecinos que acuden para quejarse de la nefasta gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. La letrada del querellado le ha preguntado si ha contratado a agentes de seguridad privada para proteger su vivienda que se sumen a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que escoltan el casoplón por orden de Fernando Grande-Marlaska. Iglesias ha contestado que no. Y la letrada ha respondido: «Entonces no tendrá tanto miedo usted».

La citación en calidad de testigos del vicepresidente y la ministra estaba prevista para el pasado día 9 de diciembre, pero el destino ha querido que se aplazara y se celebrara el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Toda una metáfora. En esa significativa fecha han declarado ambos altos cargos del Ejecutivo socialcomunista por medio de videoconferencia para intentar llevar hasta la prisión a Miguel Ángel Frontera.

La querella interpuesta por Pablo Iglesias contra el vecino Frontera fue adelantada en exclusiva por OKDIARIO. En su escrito el líder de Podemos acusa al querellado de seis delitos: acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y, por último, otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El juez ha archivado los dos últimos.

No hay acoso

Fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que Pablo Iglesias ha mantenido una actitud prepotente y, a su vez, la representante del Ministerio Fiscal «parecía que ejercía la defensa del vicepresidente segundo», según han aclarado.

La fiscal sólo ha formulado dos preguntas a los denunciantes. Ambas encaminadas a si querían volver a ver a Frontera en las mediaciones del domicilio de Galapagar. Tanto Iglesias como Montero han respondido que no. Fuentes judiciales aseguran que, posiblemente, la fiscal esté estudiando solicitar una orden de alejamiento. 

Además, el vicepresidente y la ministra han confesado que «no ha habido ningún tipo de interacción con el querellado, contacto ni tampoco destrozo». La abogada Polonia Castellanos comprende que entonces no existe el delito de acoso por el que se acusa a Frontera.

La Fiscalía de Delgado

La causa contra Miguel Frontera se instruye en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid). A esta causa se ha sumado otra diligencia que se incoaron por iniciativa de la Fiscalía de Madrid, que tiene como máxima responsable a Dolores Delgado, que actuó de oficio contra este ciudadano al que denunció por un supuesto delito de injurias por llevar una pancarta que decía: «Pablo Iglesias hijo de terrorista».

Iglesias ha reconocido en el interrogatorio que su padre Francisco Javier Iglesias Peláez, fue militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Esta organización terrorista asesinó a cinco policías de forma salvaje a finales de la dictadura franquista. El vicepresidente ha reconocido que su padre «participó en la lucha antifranquista». Pese a ello, la Fiscalía acusa a Frontera de un delito de injurias.

OKDIARIO ha tenido acceso al sumario de esta causa. En la misma consta un oficio de la Dirección General de la Guardia Civil, de 8 de junio de 2020, remitido a la Fiscalía Sección Territorial del municipio madrileño de Collado Villalba. Los agentes que vigilan el domicilio del líder de Podemos por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, describieron los siguientes hechos en su informe: «Entre las pancartas y lemas portados por las personas concentradas en las inmediaciones de este domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad, se ha podido observar desde el día 2 de junio, cómo uno de los asistentes expone un cartel con las inscripciones a mano en ambas caras del mismo que decía así: ‘Pablo Iglesias hijo de terrorista’».

Tan sólo un día después, tal y como adelantó este periódico, la fiscal decana de Madrid solicitó de manera urgente a los agentes un nuevo informe con nuevos detalles sobre los hechos acaecidos. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que en casos similares los agentes de la Benemérita y la Fiscalía «no actúan de esta forma contra un ciudadano cualquiera por el simple hecho de portar una pancarta aunque la misma sea abominable». Pero en este caso, continúan, la Guardia Civil está a las órdenes del ministro socialista y socio de Pablo Iglesias, Grande-Marlaska. Asimismo, la Fiscalía depende de la que fuera ministra de Justicia con Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

«Iglesias, garrapata»

Además, el vicepresidente se queja que este vecino le llama «garrapata» y a su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, «analfabeta». La querella arranca así: “Miguel Frontera se persona a diario en el domicilio particular de nuestro representado, sito en la Urbanización de La Navata de Galapagar, hostigando y profiriendo improperios como llamarle ‘garrapata’ o términos de índole similar”. Las acciones legales contra este ciudadano se fundamentan, básicamente, en las afirmaciones que ha vertido en la red social Twitter. «Otro día más en casa de la garrapata de Galapagar», publicó el pasado mes de junio el querellado. Este argumento ha sido calificado de «insustancial y vano» por expertos jurídicos consultados por este periódico.

Iglesias adjunta en su escrito vídeos de Miguel Frontera frente a su casoplón. Algunos filmados por ellos mismos y otros recogidos de las redes sociales. En uno de ellos, por ejemplo, se ve cómo Frontera tiene en sus manos la bandera Carlista con la Cruz de Borgoña usada en la Guerra Civil española y pone «a un volumen muy elevado» el himno de España, relata la querella.

En otras de las grabaciones aportadas por los abogados de Iglesias se observa a Frontera manipulando un equipo de sonido mientras lleva un cartel en el que dice: «Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas». Según la querella, en ese vídeo se observa al ciudadano gritando «¡arriba España!» y jactándose de huir de la Guardia Civil.