Iglesias y Montero testificarán el 9-D para meter en la cárcel 4 años al vecino que puso el himno ante el casoplón

Pablo Iglesias Irene Montero Galapagar
Pablo Iglesias e Irene Montero. (Foto: Europa Press)

Pablo Iglesias e Irene Montero no descansan en su intento de condenar a quienes protestan ante su casoplón. Y en esta ocasión están dispuestos a llevar hasta la prisión a Miguel Ángel Frontera por hacer sonar el himno de España ante la mansión de Galapagar donde viven el vicepresidente social y la ministra de Igualdad. De hecho, su implicación llega al punto de que ambos comparecerán por medio de videoconferencia para testificar ante el juez el 9 de diciembre en condición de afectados.

«Dada cuenta; habiéndose acordado la acumulación de las diligencias previas 464/20 y 514/20 seguidas en este Juzgado a las presentes actuaciones, únanse y practíquense las diligencias siguientes:
– Óigase en declaración como perjudicado al querellante D. Pablo Iglesias Turrión, señalando para la práctica de esta diligencia el próximo día 9  09:30 horas por el sistema de videoconferencias y quedando citado el mismo a través de la notificación de la presente resolución a su representación procesal.

– Óigase en declaración como perjudicada a doña Irene Montero Gil, señalando para la práctica de esta diligencia el próximo día 9 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas por el sistema de videoconferencias y quedando citada la misma a través de la notificación de la presente resolución a su representación procesal».

Resolución

Así lo refleja ya la resolución del juez que tiene que dirimir si envía a prisión a Miguel Ángel Frontera, principalmente por «un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ocurrido, presuntamente, el día 12 de julio de 2020, sobre las 20:00 horas, en el domicilio [de los líderes de Podemos]».

El acusado ha protagonizado ya un increíble relato judicial, al que no quieren poner fin el vicepresidente y la ministra, por haberse paseado por delante del casoplón, haber grabado imágenes y haber hecho sonar el himno de España.

La acusación inicial, de hecho, era interminable: «El día 23 de julio de 2020 el Procurador de los Tribunales D. Esteban Muñoz Nieto, en representación de D. Pablo Manuel Iglesias Turrión, formuló una querella contra D. Miguel Ángel Frontera Díaz, por un delito de coacciones del artículo 172 y ss. del Código Penal, un delito de acoso del artículo 172 ter del Código Penal, un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 556 del Código Penal, un delito de alteración del orden público del artículo 559 del Código Penal y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal».

Sólo el delito de revelación de secretos -con penas de 1 a 4 años- sería suficiente para poder llevar a prisión a Frontera. La unión del resto, evidentemente, aseguraría -en caso de confirmarse- una entrada en la cárcel sin paliativos.

De hecho, el «día 10 de septiembre de 2020 se dictó en las Diligencias Previas no 514/2020 un auto en el que se dispuso, al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la retención y conservación, a disposición de este Juzgado, del teléfono móvil de D. Miguel Ángel Frontera Díaz, intervenido por la Guardia Civil de Galapagar».

La acusación de Pablo Iglesias e Irene Montero avanza con plena decisión y quiere probar, al menos, ese delito de revelación de secretos. Por el momento, y con el último avance judicial del caso, «el día 11 de noviembre de 2020 se dictó en las Diligencias Previas no 514/2020 un auto admitiendo parcialmente la querella formulada por el Procurador de los Tribunales D. Esteban Muñoz Nieto, en representación de D. Pablo Manuel Iglesias Turrión, contra D. Miguel Ángel Frontera Díaz, únicamente por los delitos de coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, y desobediencia a agentes de la autoridad; inadmitiéndola a trámite, y acordándose el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, respecto al delito de alteración del orden público y al delito contra los recursos naturales y el medio ambiente».

Se mantiene sobre la parte, precisamente, de Iglesias, porque se mantiene «el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, respecto al otro perjudicado, D. Enrique Santiago Romero». Pero, sea como sea, la determinación de la pareja gubernativa es tal que sacarán tiempo para declarar como perjudicados personalmente y testificar con tal de condenar a Frontera. Por eso lo harán este próximo día 9 de diciembre -nada más pasar el puente-, a las 9:30 y 10:00 de la mañana y por medio de videoconferencia.

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