Iglesias y Montero declararán el Día de los Inocentes para encarcelar al que puso el himno en su casoplón

Pablo Iglesias e Irene Montero seguirán en su intento de condenar a quienes protestan ante su casoplón de Galapagar. Y están dispuestos, incluso, a declarar personalmente en sede judicial como afectados con tal de llevar hasta la prisión a algunos de los que se han significado con sus críticas frente a la mansión del vicepresidente social y la ministra de Igualdad en Galapagar.

Así lo pensaban hacer el próximo día 9 de diciembre, pero el destino ha querido que se aplace la declaración de ambos miembros del Gobierno y se acabe celebrando un 28 de diciembre: Día de los Inocentes. Toda una metáfora.

En esa significativa fecha declararán ambos altos cargos del Ejecutivo  socialcomunista por medio de videoconferencia para intentar llevar hasta la prisión a Miguel Ángel Frontera. Y todo ello, por hacer sonar el himno de España ante la mansión de Galapagar donde residen el vicepresidente social y la ministra de Igualdad.

La implicación de Pablo Iglesias e Irene Montero en este caso del casoplón de Galapagar llega al punto de que ambos han mostrado desde el primer momento su convencimiento y decisión de comparecer para testificar ante el juez en condición de afectados.

«Dada cuenta; habiéndose acordado la acumulación de las diligencias previas 464/20 y 514/20 seguidas en este Juzgado a las presentes actuaciones, únanse y practíquense las diligencias siguientes:
– Óigase en declaración como perjudicado al querellante D. Pablo Iglesias Turrión» y «óigase en declaración como perjudicada a doña Irene Montero Gil […] por el sistema de videoconferencias y quedando citada la misma a través de la notificación de la presente resolución a su representación procesal».

Así lo refleja, desde hace días la resolución del juez que tiene que dirimir si envía a prisión a Miguel Ángel Frontera, principalmente por «un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ocurrido, presuntamente, el día 12 de julio de 2020, sobre las 20:00 horas, en el domicilio [de los líderes de Podemos]».

El acusado ha protagonizado ya un increíble relato judicial, al que no quieren poner fin el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad, por haberse paseado por delante del casoplón, haber grabado imágenes y haber hecho sonar el himno de España.

La acusación inicial, de hecho, era interminable: «El día 23 de julio de 2020 el Procurador de los Tribunales D. Esteban Muñoz Nieto, en representación de D. Pablo Manuel Iglesias Turrión, formuló una querella contra D. Miguel Ángel Frontera Díaz, por un delito de coacciones del artículo 172 y ss. del Código Penal, un delito de acoso del artículo 172 ter del Código Penal, un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 556 del Código Penal, un delito de alteración del orden público del artículo 559 del Código Penal y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal».

Sólo el delito de revelación de secretos -con penas de 1 a 4 años- sería suficiente para llevar a prisión a Frontera. La unión del resto, evidentemente, aseguraría -en caso de confirmarse- una entrada en la cárcel sin paliativos.

Revelación de secretos

De hecho, el «día 10 de septiembre de 2020 se dictó en las Diligencias Previas no 514/2020 un auto en el que se dispuso, al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la retención y conservación, a disposición de este Juzgado, del teléfono móvil de D. Miguel Ángel Frontera Díaz, intervenido por la Guardia Civil de Galapagar».

La acusación de Pablo Iglesias e Irene Montero avanza con plena decisión y quiere probar, al menos, ese delito de revelación de secretos. Por el momento, y con el último avance judicial del caso, «el día 11 de noviembre de 2020 se dictó en las Diligencias Previas no 514/2020 un auto admitiendo parcialmente la querella formulada por el Procurador de los Tribunales D. Esteban Muñoz Nieto, en representación de D. Pablo Manuel Iglesias Turrión, contra D. Miguel Ángel Frontera Díaz, únicamente por los delitos de coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, y desobediencia a agentes de la autoridad; inadmitiéndola a trámite, y acordándose el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, respecto al delito de alteración del orden público y al delito contra los recursos naturales y el medio ambiente».

Se mantiene sobre la parte, precisamente, de Iglesias, porque se mantiene «el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, respecto al otro perjudicado, D. Enrique Santiago Romero». Pero, sea como sea, la determinación de la pareja gubernativa es tal que sacarán tiempo para declarar como perjudicados personalmente y testificar para condenar a Frontera. Por eso lo harán el próximo día 28 de diciembre.