Venezuela

Un informe de la ONU protege al contable perseguido por Maduro al que Sánchez quiere extraditar

contable venezolano ONU
El contable venezolano Ernesto Quintero.
Segundo Sanz

Un informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, protege al contable venezolano que España va a extraditar al régimen de Nicolás Maduro, sancionado por violación de derechos humanos. La entrega de Ernesto Quintero se iba a realizar este sábado pero ha sido aplazada temporalmente al estar infectado de Covid en la prisión de Soto del Real (Madrid). Su esposa, Cismary Marcano, se había encadenado este viernes frente al Congreso en señal de protesta.

En concreto, el citado informe de ACNUR, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que este organismo «reitera su llamamiento para valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela y la valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la información de país de origen, la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela, así como los principios de unidad familiar y el interés superior del menor».

«Somos una familia de tres, tenemos una niña de 8 años y actualmente trabajo una sola hora por la mañana en la limpieza de un banco. Mi esposo es el sustento de nuestra familia y si mi esposo es extraditado a Venezuela, nosotras quedamos en la calle literalmente», manifestó la mujer de Quintero este viernes encadenada delante del Congreso. Allí suplicó al Gobierno de Pedro Sánchez que su marido no termine en manos del chavismo porque será «torturado» y podría acabar «asesinado».

El informe, fechado el año pasado, recoge que «si bien ACNUR no consideró que el caso del señor Quintero reuniese los criterios para su inclusión en la definición de refugiado recogido en el artículo 1A de la Convención de Ginebra de 1951, sí considera que se encuentra cubierto por las recomendaciones» de la Agencia, que emplaza a los Estados a «asegurar que los nacionales venezolanos no serán deportados, expulsados o, de cualquier otro modo modo, forzados a retornar a Venezuela, de acuerdo con la legislación internacional de refugiados y derechos humanos».

ACNUR destaca en su escrito sobre Quintero que «la evolución de la situación humanitaria, de seguridad y de respeto de los derechos humanos en Venezuela, ha sufrido un continuo deterioro en los últimos años». Y cita un informe de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) donde se resalta «tanto la inseguridad general del país, con el incremento constante en las tasas de homicidios y delincuencia, como la presencia constante de grupos armados en el interior del país (los conocidos ‘Colectivos’) como la alta violencia institucional, que incluye la falta de respuesta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del estamento judicial».

Un «mero contable»

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero -que lleva un año en prisión en España- de ser miembro de la cúpula directiva de la agencia de cambio de divisas Abba, que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, la defensa asegura que él era un «mero contable» y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer. «Nunca fue socio, accionista ni tenía capacidad para administrar ningún bien de esa empresa», señalan sus abogados.

Además, recalcan que la «Audiencia Nacional ha declarado en otras ocasiones que no se debía acceder a la entrega a Venezuela, pues no existen garantías del cumplimiento de los derechos humanos en un país al que se le han aplicado sanciones por vulnerar los derechos humanos».

La Audiencia Nacional ha acordado seguir adelante con la extradición de Quintero por un presunto delito de estafa, al considerar que la última petición de asilo que ha formulado en España es un intento de «burlar» su entrega a Caracas.

Iniciativas de PP y Vox 

Entretanto, Partido Popular y Vox han registrado sendas iniciativas en el Congreso para que el Gobierno de Pedro Sánchez no entregue a Quintero a Venezuela. Los populares han preguntado al Ejecutivo socialcomunista, entre otras cuestiones, si «es consciente de que extraditar a alguien a Venezuela es mandarle a un sistema judicial de una dictadura carente de cualquier tipo de garantía». También reclaman que Moncloa explique si ignora que «la Corte Penal Internacional investiga al Gobierno de Maduro  por delitos de lesa humanidad».

Por su parte, Vox ha formalizado una proposición no de ley (PNL) para que el Congreso inste al Gobierno a «presentar con carácter urgente nota diplomática al objeto de denunciar y revocar el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela, hecho en Caracas el 4 de enero de 1989». Asimismo, la formación de Abascal exige «dejar sin efecto la extradición del venezolano Ernesto Quintero al régimen de Nicolás Maduro, interrumpiendo de manera inmediata la ejecución de la resolución que la acuerda».

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