Illa blanquea un fraude millonario en menores tutelados a los que se siguió pagando una vez emancipados

Salvador Illa ha dado carpetazo a uno de los últimos escándalos destapado por la Sindicatura de Comptes (el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en la Comunidad de Cataluña) y estimado en un total de 4,7 millones de euros en pagos indebidos, entre 2019 y 2022, a menores ex tutelados, que siguieron cobrando durante años en algunos casos cuando no vivían en Cataluña o habían logrado un puesto de trabajo y, por tanto, no tenían derecho a la prestación de 780 € mensuales que se les asigna cuando dejan de ser menores en acogida.

Tras las denuncias de un trabajador de las empresas que se ocupaban de fiscalizar esas ayudas, la publicación del informe de la Sindicatura de Comptes, una auditoría interna y una comisión parlamentaria que han dejado al descubierto, cuando menos, un gran descontrol en la gestión de las ayudas y del dinero público en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el Parlamento de  Cataluña ha votado a favor de condonar la deuda a quienes cobraron indebidamente, tal como había establecido Illa por decreto, dando  por cerrado el asunto. La mayoría del Parlament se niega a reclamar los 4,7 millones pagados de forma indebida, alegando una cuestión de «justicia social» y negándose a pedir la devolución a quienes cobraron indebidamente, por ser  «los más desprotegidos».

Los pagos irregulares se localizaron tras la denuncia de un trabajador de la empresa contratada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que detectó los pagos anómalos. El trabajador fue conminado a no informar de esa irregularidad y decidió grabar a sus superiores en el Departamento para demostrar cómo, frente a sus denuncias, le explicaban que su trabajo consistía también en «hacer el trabajo sucio» y obviar esos errores en sus informes.

Con los votos favorables de PSC, Junts, ERC (que era quien gestionaba Asuntos Sociales durante los años en los que se detectó el fraude) los Comunes y la CUP, el Parlamento catalán da carpetazo a una parte del escándalo de la DGAIA, la que se refiere a los pagos indebidos dentro de sus competencias. La propia DGAIA fue desmantelada hace meses y reconvertida en la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Pero la condonación de 4,7 millones de euros afecta solo a  una de las muchas irregularidades que detectó la Sindicatura de Comptes en su informe sobre el descontrol del dinero público en la DGAIA.

Multiples irregularidades

Sorprendentemente, las organizaciones y empresas concesionarias del servicio de tutela de los menores, las que realizaban el control de pagos a los ex tutelados y las que acreditaban la ocupación de plazas en los centros de acogida y los pisos tutelados, pertenecían a un mismo grupo matriz, por lo que llama poderosamente la atención que, tal como detecta el informe en cuestión, se dieran casos en los que las organizaciones cobraban por plazas desocupadas como si las estuvieran ocupando los menoeres y sus filiales no detectaran esas anomalías, pese a que su trabajo consistía, precisamente, en organizar las ayudas y evitar duplicidades.

De acuerdo con los datos ofrecidos, en 2018 el coste de cada plaza de menor tutelado tenía un coste de 15.000€ mensuales. En cuanto al coste de los pisos asistidos, en los que se tutela a los menores ascendía a 36.000€ anuales  en 2019 y pasó a costar 50.000€ anuales un año después, circunstancia que nadie en el Departamento de Asuntos sociales ha sido capaz de explicar, más allá de admitir que hubo incidencias «pero nadie se embolsó dinero».

A tal maraña de despropósitos hay que añadir la concesión de créditos por valor de máss de 300 millones de euros por parte del Institut Català de Finances para que estas organizaciones gestionaran los derechos de uso de 500 viviendas durante 75 años, una operación que, puesta bajo la lupa de la Sindicatura de Comptes, también hizo saltar las alarmas, por el uso dado al dinero público.

Por su parte, Salvador Illa, aseguró en su día que «reformaremos la DGAIA, pero no miraré atrás». Pero atrás quedan millones de euros, algunos  condonados y otros tantos ni justificados ni contratados con regularidad. Illa añadió en su día que «No señalaré a nadie, pero llegaré hasta el final». Está por ver si PP, Vox y AC, que votaron en contra, se plantean mantener vivo el caso en los Tribunales.