Iglesias quiere que la reforma laboral incluya un castigo a las empresas con trabajos “precarios”

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (Foto: EFE).

La reforma laboral que planea el Gobierno de Pedro Sánchez puede acabar convirtiéndose en todo un quebradero de cabeza para las empresas. No sólo por la devolución de poder a los sindicatos que planea llevar a cabo el Ejecutivo, sino también porque los socios del PSOE quieren regular todo un régimen sancionador para aquellas compañías que, pese a aplicar fórmulas legales de contratación laboral y respetar el sueldo y condiciones mínimas de los trabajadores, “superen determinados umbrales de temporalidad”.

La medida ha sido ya pedida por Podemos y puede sumir a las empresas en un mar de inseguridad jurídica que haga que, por ejemplo, no puedan cubrir bajas laborales con trabajadores con contrato temporal. El autor de este tipo de castigos es, de nuevo, Podemos. Y pretende aprovechar la reforma laboral ya abierta y anunciada para colar penalizaciones a empresas.

El primero de estos castigos es lo que denomina el partido morado como penalización en la cotización empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes. Y pretende que se aplique a aquellas empresas que superen determinados umbrales de temporalidad. Dichos umbrales se calcularán según el ámbito sectorial de cada empresa. Traducido: que Podemos, y dependiendo de sus presiones políticas a Sánchez, pueda hacer saltar por los aires los márgenes ya fijados legalmente usando un criterio subjetivo como es un supuesto abuso de figuras temporales de contratación.

La primera consecuencia de esta medida será un aumento de la rigidez del mercado laboral, algo que, obviamente, llevará a que los empresarios se piensen mucho más cada contratación antes de firmarla. La segunda será la imposibilidad de cubrir determinadas bajas o necesidades puntuales de aumento de plantilla con contratos temporales, lo que puede llevar a aumentos ilegales de las jornadas de los empleados ya contratados en plantilla o a cerrar acuerdos laborales en negro con tal de evitar entrar en el tipo penalizado por Podemos.

Los hombres de Pablo Iglesias quieren, por otro lado, una mayor dureza de las sanciones en caso de fraude en la contratación por parte de la empresa. A estos efectos la infracción será por cada uno de los trabajadores afectados, multiplicando más que considerablemente el castigo actual. Y, evidentemente, este mayor castigo, también se aplicaría al primer supuesto: al de que, según Podemos, una empresa se haya excedido en la contratación de trabajadores temporales.

Podemos quiere colar estas medidas en la futura reforma laboral que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. Una reforma que apunta mal para la economía porque, como ya ha publicado OKDIARIO, el Ejecutivo ha pactado derogar dos de los puntos más polémicos de la reforma laboral que se aprobaron en el marco del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC): eliminar la ultraactividad y la prioridad a los convenios sectoriales sobre los de la empresa.

Una de las primeras consecuencias de derogar los convenios sectoriales sobre los de las empresas será la de que las empresas no podrán poner límites salariales al margen del sector, independientemente de las dificultades económicas que pueda en ese momento atravesar la compañía. Todo el control queda en manos de los sindicatos.

Por su parte, la ultraactividad define la duración de un convenio cuando éste finaliza. Sino se ha aprobado uno nuevo, la ultraactividad permite continuar con el convenio anterior hasta que las partes firmen el nuevo. La polémica sobre este asunto se generó con la reforma laboral de 2012. Entonces, el Ejecutivo de Mariano Rajoy limitó la ultraactividad. Es decir se estableció en tan sólo un año ese tiempo en el que se prorrogaban las condiciones de los convenios ‘obsoletos’.

Se trata de un golpe más a la empresa que se asesta desde el Ejecutivo. Con vistas a 2019, Pedro Sánchez ha confirmado ya su intención de disparar los impuestos a las empresas para acabar con la ‘arquitectura de deducciones’ elevando el tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades al 15% del beneficio corporativo para las grandes empresas y al 18% para la banca y las compañías petroleras. Y lo hará en un momento en el que la mayoría de los países europeos y del resto del mundo se disponen a bajarlos, por lo que el éxodo de empresas e inversión puede convertirse en una realidad.

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