«Hugo Chávez ha copado el Tribunal Supremo de afines». Lo denunciaba, ya en 2004, Human Rights Watch (HRW). «Hugo Chávez está manipulando el sistema para favorecer sus propios intereses», afirmaba. Ese y otros informes de aquel año y los años siguientes describen todo un plan detallado de Hugo Chávez «para -usando su estrecha mayoría en el Congreso- ocupar una abrumadora mayoría de los puestos del Tribunal Supremo del país». Un plan -decía HRW en 2004-para «aniquilar» el Poder Judicial y convertirlo en un «apéndice» del gobierno bolivariano.

Ese proceso de aniquilación de la Justicia venezolana del militar golpista está ampliamente documentado por numerosas organizaciones internacionales. Human Rights Watch ha sido y es una de las más combativas contra la dictadura venezolana desde el inicio del régimen chavista.

«Sánchez e Iglesias siguen los pasos de Hugo Chávez en Venezuela. Se han quitado la careta». La frase la pronuncia, en esta España de octubre de 2020, un magistrado del Tribunal Supremo. No le extraña la maniobra de PSOE y Podemos en el Congreso para reformar la Ley del Consejo General del Poder Judicial y convertirla en una ley a la medida del Gobierno y sus socios independentistas y proetarras de investidura . «Se veía venir», dice. «Si aprueban la reforma coparán de afines el Consejo (del Poder Judicial) y el Supremo».

La advertencia de este magistrado del Supremo trae a la memoria aquel proceso de aniquilación de la independencia judicial en Venezuela que describe HRW, protagonizado por Hugo Chávez en los años en que el dictador venezolano fue asesorado por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Fecha clave

Uno de aquellos informes de Human Rights Watch que advertía del proceso que se estaba viviendo en Venezuela lleva la fecha de un día clave (un día negro) en la reciente historia de aquel país: 12 de diciembre de 2004. El día en que Hugo Chávez, haciendo uso de su mayoría en el Congreso, copó el Tribunal Supremo con 12 nuevos magistrados afines a su coalición de gobierno. Chávez había llegado al poder apenas cinco años antes, en 1999, y ya en aquel año había cambiado la Constitución venezolana.

El informe de HRW de aquel 12 de diciembre de 2004 comenzaba diciendo: «El Congreso de Venezuela propinó un duro golpe a la independencia judicial al copar el Tribunal Supremo con 12 nuevos magistrados. Una coalición mayoritaria, dominada por el partido del presidente Hugo Chávez, designó a los magistrados para cubrir los puestos creados por una ley aprobada el pasado mayo que amplió la composición del Tribunal en más del 50%».

El entonces Director Ejecutivo de Human Rights Watch en Las Américas, José Miguel Vivanco, declaró aquel día: «Hace cinco años, los partidarios del presidente Chávez contribuyeron a consagrar el principio de la independencia judicial en una nueva constitución democrática. Ahora, al copar de adeptos el máximo tribunal del país, están traicionando dicho principio y degradando la democracia venezolana». La frase recuerda a aquellas, en España, de Sánchez e Iglesias pidiendo despolitizar la Justicia en 2014, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.

HRW documentaba en aquel informe de diciembre de 2004, el proceso vivido para anular la independencia judicial. Explica que en 1999, una asamblea constituyente compuesta en su mayoría por simpatizantes del Presidente Chávez había redactado una constitución que garantizaba -formalmente- la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Tribunal Supremo. Sólo se podría destituir a sus magistrados en caso de cometer faltas graves y mediante el voto de una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso.

Pero en mayo de 2004, Chávez y su coalición de gobierno cambiaron las reglas, ampliaron el Tribunal Supremo y modificaron el juego de mayorías necesarias. Algo muy parecido a lo que PSOE y Podemos han anunciado este martes en el Congreso. Hugo Chávez nombró 12 nuevos magistrados titulares y cinco suplentes y amplió la composición del Tribunal de 20 a 32 miembros. Además, designó otros 32 más como magistrados suplentes. Invadió -de facto- el Supremo venezolano de afines a su Movimiento V República.

Como relata en su informe de 2004 Human Rights Watch, «Hugo Chávez firmó la ley de mayo para copar el Tribunal Supremo, lo que permitió a su coalición gobernante emplear su entonces estrecha mayoría para ocupar una abrumadora mayoría de los puestos en el máximo tribunal del país». Y añadía que «los 17 nuevos magistrados y 32 suplentes fueron seleccionados por una mayoría simple de la coalición gobernante». Chávez y su Gobierno -denunciaba HRW- «no revelaron a los congresistas de la oposición los nombres de los nominados hasta el mismo momento de la votación».

Aquel informe de HRW sobre la Venezuela de 2004 describe un panorama político similar al español actual: un gobierno de coalición, con una «estrecha mayoría» intentado ocupar la «abrumadora mayoría» del Supremo y usando una «mayoría simple» para hacer los cambios en la Justicia, ignorando la mayoría constitucional de 2/3 del Congreso.

El cambio de las mayorías parlamentarias en Venezuela -similar al que ahora pretenden PSOE y Podemos- no quedó ahí. HRW denunció en aquel documento de 2004 que la ley de Chávez «para copar el Tribunal Supremo, firmada en mayo, también otorgó a la coalición gobernante la facultad de destituir a magistrados del Tribunal sin la mayoría calificada de dos tercios exigida por la Constitución». Como ahora, el gobierno de Sánchez e Iglesias quiere dejar reducida la medida a una mayoría absoluta.

En aquel 2004 -el año clave del asalto chavista a la Justicia- Human Rights Watch llamaba la atención sobre la justificación que daba Chávez a los cambios: «Son una respuesta a los fallos favorables de los tribunales a la oposición. Hugo Chávez está manipulando el sistema para favorecer sus propios intereses».

Justicia y Democracia

Desde entonces, Human Rights Watch, como tantas otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, han denunciado el deterioro progresivo de la democracia venezolana y de los más elementales derechos y libertades. Este mismo año de 2020, en uno de sus últimos informes, HRW afirmaba que «el poder judicial de Venezuela ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno y los miembros del Tribunal Supremo, rechazando abiertamente el principio de separación de poderes, han avalado reiteradamente prácticas y políticas abusivas». Es decir, que un Supremo manipulado ha estado durante años avalando elecciones fraudulentas y la violación constantes de los derechos humanos en aquel país que ahora dirige Nicolás Maduro, el delfín de Chávez.

Este es el camino que recorrió la Venezuela de Hugo Chávez, con la ayuda de Iglesias y Monedero, desde la manipulación de la Justicia a la manipulación del propio sistema democrático hasta convertirlo en la dictadura que es hoy.

De vuelta a la España de hoy, de este octubre de 2020, la sensación en la Judicatura que deja el indisimulado intento del Gobierno de Sánchez e Iglesias de someter al Poder Judicial al más puro estilo chavista es de «preocupación» e «inquietud», dicen en el Alto Tribunal. «Incluso en algunos compañeros afines al PSOE», señalan.  Otro magistrado del Supremo, con una lacónica frase prefiere expresar más optimismo: «Cuanto más oscuro está el túnel, es que su final está próximo». «¿Nuestro final o el de ellos?», preguntamos. «Ellos son el túnel y nosotros la luz», contesta. «Nunca me ha fallado el optimismo».