El hombre clave de Imelsa y Crespo Gomar recibió 300.000 euros de ZP por un negocio ruinoso
El hombre clave de Crespo Gomar e Imelsa recibió 300.000 de Zapatero por un negocio ruinoso. Su nombre es Josep Ramón Tíller Fibla. Él es uno de los hombres clave del caso Divalterra –la antigua Imelsa–. Fue colocado a dedo en la empresa pública valenciana. Pero, además, fue, previamente, directivo de la agencia de comunicación Crespo Gomar durante la campaña electoral del PSOE del año 2007, la misma que está siendo investigada por la posible financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV).
El cobro de 300.000 euros de Zapatero se dio en el año 2010, en pleno Plan E. Él era ya un ex alto cargo socialista, y su empresa recibió 300.000 € del Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero. La sociedad de Josep Ramón Tíller –un antiguo asesor de Lerma, ex diputado autonómico y candidato al Senado- se dedicaba a implantar ‘opinómetros’: unos aparatos con los que, en teoría, recogían los deseos regulatorios de la población. Un negocio que ha acabado ya en la mesa de la Justicia que investiga la financiación B de los socialistas en esta comunidad porque, según las sospechas judiciales, ésta y otras compañías como Crespo Gomar podrían haber recibido ilegalmente contratos con objeto de ayudar posteriormente en la financiación de las campañas de los socialistas.
El contrato que investiga la policía judicial es el “contrato de suministro del sistema de comunicación TIC (opinómetros) adjudicado a la empresa Opino Media SL por el Ayuntamiento de Benidorm en el año 2010 por 193.000 euros (IVA no incluido)”.
Lo cierto es que en la implantación del proyecto de colocación de opinómetros, que se adjudicó a Opino Media, se invirtieron 223.880 euros del Plan E, a los que luego se sumaron 31.390 euros de un contrato de “servicio, adecuación, instalación y configuración” de los dispositivos y otros 32.625 euros para contratar a cuatro personas. El coste final fue, por tanto, de 288.435 euros.
En aquella época, el alcalde de Benidorm, el socialista Agustín Navarro, afirmaba que los opinómetros eran una herramienta clave para impulsar la participación ciudadana. Se anunció que mensualmente se dispondría de informes sobre los resultados de los cuestionarios realizados por los vecinos y turistas. Pero lo cierto es que sólo dos estudios llegaron a ver la luz.
El Juzgado de Instrucción señala ahora que “en el pliego de licitación se hacía constar, entre las condiciones exigidas, que el licitador debía acreditar la solvencia técnica y profesional mediante la colocación de los suministros objeto de este contrato en al menos dos municipios”. Pues bien, “dicho extremo no fue acreditado mediante las pertinentes certificaciones de los ayuntamientos”, pese a lo que se admitió que Opino Media participase en la licitación.
Además fue el único licitador por lo que “debió declararse desierto”: pero tampoco fue así. El concurso siguió para dárselo a esta sociedad. Ese fue uno de los negocios de Tíller, la misma persona que fue nombrada años más tarde por el Consejo de Administración de Divalterra como nuevo director gerente, con el voto a favor de los consejeros de PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos, EU y València en Comú; y la abstención del PP.
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