La Guardia Civil se contradice sobre el vecino detenido por comer roscón ante el casoplón de Iglesias

Los agentes de la Guardia Civil destinados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a proteger el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero, ahora con la ayuda también de la Policía Nacional, manifestaron varias contradicciones en su declaración ante la juez Sara Rodríguez Huertas. Esta magistrada ha enviado al banquillo al vecino Francisco Zugasti, que fue detenido el pasado miércoles mientras se encontraba con un grupo de amigos comiendo roscón con chocolate frente a la mansión de la pareja gubernamental.

En el atestado de la Benemérita, al que ha tenido acceso OKDIARIO, un agente narra que el pasado 30 de diciembre, a las 18:30 horas, mientras se encontraba de «servicio para la prevención de la seguridad ciudadana» -en realidad, para proteger exclusivamente al secretario general de Podemos –»es solicitado por el suboficial coordinador de servicios de la compañía para prestar apoyo junto a los seis agentes a sus órdenes en las proximidades del domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno, porque se encuentran unas personas haciendo sonar silbatos». Este hecho disparó las alertas del séquito de seguridad del líder morado a causa de su evidente e intrínseca peligrosidad.

En el lugar se encontraban seis personas. La mayoría rondaba los 60 años. El número de asistente quedó reflejado en el atestado policial. Ni uno más, ni una menos. Sin embargo, los guardias civiles aseguraron en el interrogatorio ante la juez que «había una multitud».

En el mismo escrito, el agente aseguraba que los vecinos de La Navata se encontraban a «diez metros de la valla perimetral» del casoplón. El guardia civil autor del mismo se ratificó en sede judicial pero su compañero, que fue testigo y estuvo presente en el acto, aseguró que los manifestantes se encontraban a 50 o 60 metros de la vivienda de los dirigentes podemitas.

Fuentes presentes en el interrogatorio explican a OKDIARIO que la letrada del procesado Zugasti, Polonia Castellanos, preguntó a los testigos que «a qué distancia se encontraban» del domicilio. Estos efectivamente respondieron en línea con el agente testigo y en contra del atestado policial, que marcaba una distancia inferior a la real según los presentes.

Cárcel para un vecino

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado Villalba (Madrid) ha decidido procesar al vecino de Galapagar, pese a las múltiples contradicciones de los agentes que están a las órdenes del ministro Marlaska.

Zugasti será juzgado por un altercado ocurrido mientras paseaba por la calle, y es que vive a 400 metros del casoplón de los podemitas. Pero el líder de los morados ha decidido apropiarse de la vía pública e impedir a los viandantes el paso por las cercanías de su chalet. Además, un importante número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado escoltan su domicilio para multar a todo aquel que se atreva pasear por las inmediaciones de su casa.

La Fiscalía, cuya responsable es la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, solicita 20 meses de prisión para Zugasti por un supuesto delito de atentado contra la autoridad, recogido en el artículo 550.2 del Código Penal que dice así: «Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra la autoridad y de prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos.»

El detenido simplemente tomaba un chocolate con roscón con un grupo de amigos en la urbanización La Navata. En ese momento, los agentes de la Guardia Civil decidieron que los vecinos debían abandonar la calle –pública– en la que se encontraban porque está blindada.

La salida forzosa de la zona protegida por los agentes acabó con Zugasti como detenido. El incidente fue recogido en un vídeo que publicó en exclusiva OKDIARIO. En las imágenes, filmadas por otra vecina que le acompañaba, se puede observar cómo ambos abandonaban el lugar conducidos por la Benemérita. Zugasti suplica a los agentes que no le pisen los pies. Actos seguido se produce un forcejeo que termina con este vecino en comisaría.

La juez Sara Rodríguez Huertas también ha enviado al banquillo de los acusados a una madre y una hija de la urbanización galapagueña para quienes la Fiscalía pide un año y medio de prisión. Los vecinos habitualmente se desplazaban hasta la vivienda de Iglesias para protestar por la gestión del Ejecutivo durante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

Un acto que hasta hace poco apoyaba el líder podemita. Cuando su homóloga durante el mandato de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, sufrió un escrache en la puerta de su domicilio con su hijo de dos años dentro, Iglesias manifestó en su programa Fort Apache: «Los escraches son el jarabe democrático de los de abajo». Un jarabe democrático que cuando se le aplica a él estando en el poder, y ocupando el cargo de los antiguos políticos, ya no lo defiende.