Golpistas y etarras sí pero presos gallegos no: el Gobierno limita ahora los acercamientos

El Gobierno pone límites al acercamiento de los presos en comunidades distintas a Cataluña y País Vasco, y, especialmente, cuando no se refieren a presos de ETA y a dirigentes independentistas.

En estos casos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tuvo reparo en defender que los traslados no suponían un «beneficio penitenciario», sino que se enmarcaban en «el estricto cumplimiento de la ley». 

Ahora, en cambio, pone más reparos: «No es posible en todos los casos que las personas presas cumplan sus condenas en prisiones cerca de sus lugares de residencia», responde el Gobierno a una pregunta por escrito en el Congreso del diputado de Podemos, Miguel Anxo Fernández Bello (En Marea).

En concreto, Fernández Bello se interesaba por los «criterios del Gobierno para que los presos de vecindad gallega o vinculación en Galicia cumplan sus penas en cárceles del territorio gallego». En la actualidad -según los datos aportados en la misma pregunta- hay 2.267 presos registrados con residencia en Galicia, de los cuales, 183 cumplen condena fuera de la Comunidad. 

Consideraba el diputado que «el alejamiento de presos y de presas, penados o preventivos, de sus lugares de residencia supone privarles de su apoyo social y dificultar su reinserción familiar, social y laboral». Además, argumentaba, «el alejamiento supone un castigo añadido para sus familias, que no está previsto en la legislación penitenciaria».

El Gobierno enfría los traslados: «Dependen de una serie de variables que se integran en el programa individualizado de tratamiento de cada interno»

Fernández Bello solicitaba al Gobierno explicaciones por el hecho de que 183 personas cumpliesen condena fuera de la región, y, en concreto, se interesaba también por el acercamiento de seis condenados del grupo filoterrorista Resistencia Galega. La pregunta pedía información concreta sobre las medidas del Gobierno para facilitar a todos los condenados de Galicia el cumplimiento de su pena o prisión preventiva en cárceles gallegas.

«Condicionado por una serie de variables»

En su respuesta, el Gobierno enfría la posibilidad de traslados y advierte de que «no es posible en todos los casos que las personas presas cumplan sus condenas en prisiones situadas cerca de sus lugares de residencia».

«La asignación de un centro de cumplimiento -continúa el Ejecutivo- se encuentra condicionada por una serie de variables que se integran en el programa individualizado de tratamiento de cada interno, donde además del arraigo social, es preciso ponderar otras variables, como son: los factores tratamentales -programas de intervención y de tratamiento- los factores regimentales -incompatibilidades, régimen de vida, levantamiento de limitaciones regimentales, aplicación del art. 10 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, etc.- y los factores de seguridad -pertenencia a organización criminal, grupo delincuencial-«.

A ello, añade, «hay que añadir una no menos importante, que es la propia voluntariedad del interno». «Esta actuación está sometida a la fiscalización y control de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria», se justifica.

Polémica medida

Los acercamientos de presos de ETA y de los dirigentes golpistas fueron dos de las primeras y más polémicas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. Frente a las críticas, el Ejecutivo respondió que se enmarcaban en la estricta legalidad y que no se trataba de ningún beneficio penitenciario. Entre los trasladados en los últimos meses está Kepa Arronategui Azurmendi, etarra condenado por participar en el intento de asesinato del rey Juan Carlos en Bilbao en 1997, y que cumple ahora su pena en la prisión de Zuera (Zaragoza) tras su paso por Almería. Más cerca por tanto del País Vasco.

En el caso de los líderes independentistas en prisión, OKDIARIO reveló los ‘privilegios’ que disfrutan en la cárcel de Lledoners, a donde fueron trasladados en julio, apenas un mes después de la llegada de Sánchez al poder.

Los dirigentes catalanes -el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; y el expresidente de ANC, Jordi Sánchez- disfrutan de más “flexibilidad” y “laxitud” en sus horarios, y más minutos para sus visitas y comunicaciones. De hecho, han «colapsado» el sistema de visitas del penal.