Inmigración irregular

El Gobierno de Sánchez sólo devuelve por la vía rápida un 6% de los inmigrantes ilegales de Marruecos

En 2023 entraron más de 13.000 marroquíes ilegales, pero sólo se efectuó el retorno de algo más de 900

El Ejecutivo reconoce al PP que ejecuta al año menos de un 30% de las expulsiones dictadas para irregulares marroquíes

Sánchez Marruecos
Decenas de inmigrantes irregulares en Fuerteventura. (Foto: EP)
Segundo Sanz

El Gobierno de Pedro Sánchez sólo devuelve por la vía rápida un 6% de los inmigrantes ilegales de Marruecos que llegan a suelo español. Así lo reflejan datos policiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO. En concreto, en 2023 se contabilizaron entradas de más de 13.000 marroquíes, mientras que el Ejecutivo español apenas dispuso el retorno de algo más de 900, lo que supone apenas un 6%. Unas cifras que ponen de relieve la desidia del Gobierno socialcomunista en política migratoria. Todo ello mientras el problema se agrava.

La inmigración irregular en España por vía marítima y terrestre subió un 82,1% el año pasado con respecto al anterior, al producirse un total de 56.852 llegadas, un registro muy superior al de los 31.219 irregulares que se computaron en 2022 (25.633 personas más), según datos del Ministerio del Interior. Esta subida se debió especialmente al récord absoluto de llegadas irregulares a las Canarias, donde se contabilizaron 39.910 inmigrantes, lo que supone un 154,5% más que en 2022, cuando llegaron 15.682 personas de manera irregular (24.228 más).

El retorno es la situación que se produce cuando, por «falta de los requisitos necesarios para la entrada en el país», se acuerda el regreso del extranjero al país de procedencia. Mientras que la devolución es la medida que se puede adoptar cuando un extranjero es «interceptado intentando entrar en España de manera irregular o cuando habiendo sido expulsado previamente es detenido en España estando vigente la prohibición de entrada».

Por su parte, la expulsión, que implica todo un proceso administrativo, es una sanción que se puede imponer al extranjero que está en España en situación irregular y que, en caso de ejecutarse, «implica la repatriación de la persona». Además, lleva añadida una prohibición de entrada tanto en España como en la mayoría de los países de la Unión Europea (en el espacio Schengen) durante «un período de tiempo que puede variar entre 3 y 10 años», explica la Fundación Migrar.

Precisamente, en materia de expulsión, el Gobierno de Sánchez acaba de reconocer al PP en sede parlamentaria que ejecuta menos de un 30% de las órdenes anuales dictadas para inmigrantes naturales de Marruecos. En una reciente respuesta escrita al Grupo Popular en el Congreso, consultada por OKDIARIO, el Ejecutivo señala que el año pasado se dictaron 2.359 expulsiones conforme a la vigente Ley de Extranjería, mientras que sólo se ejecutaron 652, o lo que es lo mismo, apenas un 27,6%. Y lo mismo ocurrió en 2022, cuando hubo 2.793 expulsiones dictadas y sólo 596 se materializaron, esto es, un 21,3%. Moncloa sostiene que estos «procedimientos de extranjería pueden durar meses».

Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló este viernes que Italia y Grecia han reducido este año la entrada de menores extranjeros no acompañados (menas) en un 71% y 58%, respectivamente, mientras que España «en los primeros meses de este año la ha incrementado en más de un 300%». El jefe de la oposición atribuyó este hecho a la «nefasta» política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, plegado a las exigencias de Marruecos, y remarcó que esos otros países sí están «haciendo bien su trabajo».

En una rueda de prensa convocada en la sede nacional del PP para responder al «disparatado movimiento» de Vox de romper los pactos de gobierno en 5 comunidades autónomas por acoger a 110 menas (120 si se cuenta Baleares, donde los de Santiago Abascal han retirado el apoyo parlamentario al PP), Feijóo emplazó a Sánchez a recuperar urgentemente «el control de la política migratoria».

«Emergencia migratoria»

Para ello, planteó a Sánchez, entre otras medidas, la declaración ya de «emergencia migratoria», una financiación suficiente para las comunidades autónomas, implicación del Gobierno en la gestión de los menores, más control de fronteras, negociaciones con Europa e inversiones en los países de origen, como Marruecos.

«El Gobierno no tiene más política económica que enfrentar a las comunidades autónomas», denunció Feijóo, advirtiendo que «las capacidades de las comunidades son limitadas». «Quien diga que son infinitas es un demagogo sin escrúpulos», recalcó. «Las comunidades pueden ayudar hasta el límite de su capacidad máxima, y a partir de ahí, el señor Sánchez está obligado a poner los medios y a la gestión directa del problema, porque las comunidades no tienen capacidad para afrontar solas el descontrol migratorio que está provocando el Gobierno», insistió.

Además, Feijóo proclamó que España es «una sola nación» y «eso implica solidaridad» entre sus territorios. «Los hemos defendido siempre respecto a Cataluña y lo defendemos ahora respecto a Canarias y Ceuta y así será siempre», aseguró. En ese sentido, cuestionó la «curiosa forma de entender el patriotismo» que tiene Vox al dejar «abandonadas a comunidades que lo están pasando mal». «La política migratoria no consiste en lavarse las manos como hace el Partido Socialista, ni en cerrar los ojos como plantea Vox», añadió.

«Han cambiado los socios europeos que Vox ha elegido, sus preocupaciones electorales, y no sabemos si algo más, pero no han cambiado las preocupaciones de los ciudadanos, a las que nosotros sí vamos a seguir dedicándonos», remachó Feijóo.

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