El Gobierno quiere que los niños aprendan la «desmemoria histórica» como «saber básico»

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva el ‘guerracivilismo’ a la escuela. Se pretende que los menores de entre 10 y 12 años sean adoctrinados en «la memoria democrática», que se impone con la categoría de «saber básico» en el currículo educativo. Con esos mimbres, el Ejecutivo instruirá a los menores en el «análisis del proceso de construcción de la democracia en España».

Así se recoge en la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural para el tercer ciclo de Primaria. El borrador de los contenidos de esta materia, al que ha tenido acceso OKDIARIO, confirma la ambición socialcomunista de incultar a los alumnos su visión parcial de la historia. De hecho, se utiliza la misma denominación, «memoria democrática», que da nombre a la ley que será próximamente aprobada.

El Gobierno avanza en su plan para imponer definitivamente su ‘verdad’ sobre un periodo convulso para España. El pasado 20 de julio, el Consejo de Ministros dio luz verde a la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley de «memoria democrática» que, entre otros, obligará a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera o ilegalizará la Fundación Franco. 

«Valores democráticos»

El texto del proyecto de ley ya se fijaba en la educación, señalando que se fomentará «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas». Hasta ahora, se pensaba que esa medida afectaría únicamente a Secundaria y Bachillerato, pero, según estos contenidos, se impondrá también a los niños de Primaria.

¿Y qué se enseñará en las aulas? Bajo ese eufemismo de «memoria democrática» se esconde una vocación ideológica clara, que avanzó ya hace unos días el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. 

Durante el curso Memoria democrática y ciudadanía: El Valle de los Caídos en perspectiva comparada, celebrado en  la Universidad Complutense de Madrid, este alto cargo del Ministerio de la Presidencia detalló que se enseñará la Guerra Civil como «la primera batalla contra el fascismo en Europa». 

Martínez López defendió que «la memoria y la historia de la democracia tienen que entrar en la escuela» y consideró que, hoy por hoy, «el problema que tenemos es que no se llega a ese periodo para estudiarlo» y que hay «mucha gente que se conoce bien Atapuerca pero no esto».

Por ello, avanzó que desde su Ministerio se realiza en estos momentos un «trabajo impresionante» con Educación para actualizar los contenidos y «ver cómo se distribuyen para que se estudie el periodo de la Guerra y la dictadura, porque es importantísimo», valoró. El secretario de Estado avisó también de que «aquellos que se vayan a examinar para ser funcionarios van a tener un tema de memoria que se puede preguntar en las oposiciones» y que «los profesores tendrán formación continua»en la materia.

Fernández López insistió en la urgencia de formar en el concepto de la «memoria internacional» y en enseñar que «los demócratas aquí perdieron, pero continuaron la lucha en Europa contra el fascismo y ganaron en el año 45». «España fue el primer episodio de lucha contra el fascismo. Aquí se libra la primera batalla contra el fascismo y luego se sigue en Europa, en la resistencia, en los batallones de guerrilleros. Por tanto, formamos parte de la construcción de la memoria democrática de Europa y eso que a nadie se le olvide», incidió en su intervención. La idea del Gobierno es integrar la Historia de España dentro de la Historia de Europa.

La polémica norma incluye, entre otras medidas, al «resignificación» del Valle de los Caídos y la exhumación del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, que dejarán de estar en un «lugar preponderante» de la basílica.

El Ejecutivo también se reserva decidir «en su momento» sobre el destino de la gran cruz del Valle de los Caídos. Se retirarán símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a «todas aquellas personas a las que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil» y el Gobierno podrá acabar con las fundaciones que ensalcen a dirigentes de la dictadura.

También se establece un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros para quienes lleven a cabo «actos de exaltación» del franquismo que supongan un menosprecio a las víctimas.