El Gobierno prohibió hace dos meses una protesta por los menas de Hortaleza para «proteger sus derechos»

La detención, este fin de semana, de un mena marroquí en el madrileño barrio de Hortaleza por la violación de una niña española de 14 años se produce sólo dos meses después de que el Gobierno de Sánchez prohibiera una concentración de protesta contra la inseguridad que siente el vecindario ante la agresividad de menores inmigrantes alojados en el centro de acogida de menores ubicado en este distrito. La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por el sanchista Francisco Martín, prohibió esa movilización ciudadana esgrimiendo «la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro» y «la necesidad de proteger la seguridad ciudadana». La protesta iba a tener lugar el 7 de junio.

No iba a ser la primera manifestación ciudadana por el cúmulo de incidentes, faltas y delitos que desde hace años tienen como protagonistas a menas especialmente conflictivos que residen en esas dependencias, el Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Ya en 2019 surgió una plataforma vecinal, denominada Hortaleza se defiende, para alzar a pie de calle el hartazgo vecinal por esta problemática.

Considerado desde hace años como el centro de menas más problemático de España, el pasado mayo se promovió una nueva concentración ciudadana para denunciar la situación. La Delegación del Gobierno en Madrid acabó prohibiéndola. Lo hizo proclamando que la convocatoria encerraba «discursos amenazantes, de odio y cargados de racismo hacia estos menores» inmigrantes. Además, cargó contra los convocantes, la organización Núcleo Nacional, por ultraderechista.

La Delegación que dirige el sanchista Francisco Martín emitió el pasado 30 de mayo un comunicado justificando la prohibición de esa protesta ciudadana contra la conflictividad y delincuencia de internos alojados en este centro de menores de Hortaleza. En ese comunicado, la Delegación del Gobierno en Madrid dijo que había decidido prohibir dicha protesta por «la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los menores acogidos en el centro, en aplicación del principio del interés superior del menor». Y remarcaba: «Prioriza, por tanto, la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro ante el hostigamiento y el odio de los ultras».

«Derecho a la intimidad» de los menas

En otro punto de la misma nota oficial se indicaba que esa manifestación, al pretender realizarse ante el centro de menores de Hortaleza, «vulneraría el derecho a la intimidad y a un entorno seguro» para los menas y el resto de menores residentes en esas dependencias.

«La protección de los derechos de la infancia y la prevención de todo tipo de violencia son una obligación prioritaria de los poderes públicos», concluía ese comunicado dictado por el delegado de Moncloa en la Comunidad de Madrid.

La frase –como el resto del argumentario– choca con lo ocurrido este fin de semana, cuando ha sido precisamente una menor, una niña española de 14 años vecina del barrio, la que ha sido agredida sexualmente de forma brutal, viendo vulnerados dramáticamente sus «derechos de la infancia» alegados hace dos meses por la Delegación del Gobierno de Sánchez para prohibir la protesta que alertaba sobre la grave inseguridad que sufre Hortaleza por la conflictividad de menas, uno de los cuales está ahora detenido acusado de esa violación. Es un marroquí de 17 años y 8 meses, según la edad que tiene reconocida administrativamente en España. Esto le garantiza que, en caso de ser juzgado por esta violación, la condena a la que se enfrente sea sustancialmente menor que la que le correspondería si fuera mayor de edad.