El Gobierno presume de que su ley castiga al Barça por pagar a Negreira pero admite que no lo hará

La nueva Ley del Deporte, aprobada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez, incluyó en su articulado el aumento de la prescripción para los delitos leves y graves, pero no para los muy graves. En esta última categoría se enmarcan los pagos que el F.C. Barcelona realizó al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018. El Gobierno ha presumido en el Congreso que su ley está diseñada para no dejar sin castigo este tipo de «infracción de máxima gravedad», pero admite la realidad: el Barça no podrá ser castigado en base a la nueva Ley del Deporte por ese plazo de prescripción de 3 años, que hace que los pagos estén fuera de alcance legal.

El Barça podría estar enfrentándose en estos momentos a las graves consecuencias de pagar durante casi dos décadas sumas que totalizarían hasta 7 millones de euros al que fuera número 2 de los árbitros españoles. Sin embargo, una decisión del Gobierno, poco después de que la Agencia Tributaria descubriese esos pagos a Enríquez Negreira, le ha facilitado enormemente el futuro al club blaugrana. No se le puede perseguir con la Ley del Deporte en la mano, ya que sus impulsores decidieron no ampliar la prescripción a los delitos graves, como sí ocurre en otros países europeos.

Se da la circunstancia, además, de que uno de los máximos impulsores de esta normativa es el ex director general del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler, a su vez ex directivo del Barça durante los años de los pagos. A Soler le señala como conocedor de los pagos incluso el propio equipo barcelonés, que entregó a Hacienda todas las facturas emitidas por Negreira junto con una carta, con membrete del club, en la que instaban a que los inspectores se pusieran en contacto con Soler, ya que él tendría «la información» referente a los pagos y sus detalles.

Presume de Ley

Pese a que la ley imposibilita al Estado a castigar al Barça deportivamente por esos pagos, dejando tan sólo abierta la vía penal, el Gobierno ha sacado pecho en el Congreso de esta Ley del Deporte, dibujándola como una herramienta perfecta para perseguir este tipo de delitos. Eso sí, a futuro.

Esta nueva normativa, según defiende el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, «vela especialmente por el buen gobierno en el deporte al establecer mecanismos preventivos para favorecer la transparencia y la ejemplaridad en su gestión».

Recuerda el Gobierno que la ley, en su artículo 104.1, castiga «las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición afecte o no al resultado, y, en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva».

Prescrito

Sin embargo, el Gobierno constata a continuación la muletilla que lo cambia todo: «Con un plazo de prescripción de 3 años». Es decir, que los pagos a Enríquez Negreira, reconoce el Ejecutivo, dejaron de ser castigables deportivamente en 2021.

«El Gobierno puede garantizar que el sistema sancionador en esta materia es eficiente y eficaz; además, los supuestos hechos investigados pueden ser objeto de sanción penal en cuanto a conductas que se encuadran dentro de los supuestos de corrupción, administración desleal o fraude en el deporte», asegura el Ejecutivo.

Soler

Si hay un nombre que preocupa especialmente en el Gobierno de Pedro Sánchez en relación al caso Negreira, ése es el de Albert Soler. El que hasta el pasado mes de enero era el director general del CSD salió del ente público de manera precipitada, con una dimisión presentada por motivos personales que parece apuntar más bien a otras razones. Soler sabía desde meses antes que estaba siendo objeto de investigación por este caso de «corrupción continuada en el deporte» que afecta al Barcelona y a varios directivos del club.

Soler, que pertenece a la familia socialista del PSC y es una persona muy próxima al ministro de Deportes, Miquel Iceta, está señalado por haber ocupado el cargo de director del área de Deportes Profesionales del F. C. Barcelona desde 2014 hasta 2021. En sus años al frente de este departamento, uno de los que se consideran claves en el engranaje de los pagos al número 2 de los árbitros, en al menos cuatro ejercicios aparecen reflejados los servicios de Negreira.

El papel de Soler como miembro designado por el Gobierno en el CSD no fue ni mucho menos irrelevante. Pero entre lo destacable de su poco menos de dos años en el cargo, resalta el hecho de que Soler firmó, de su puño y letra, un protocolo de adhesión al sistema de alertas sobre apuestas deportivas. Un mecanismo que buscaba detectar y evitar cualquier manipulación en los resultados de una competición.