El Gobierno admite en su plan ante Bruselas que sus medidas contra la crisis «no son suficientes»

El Gobierno de Pedro Sánchez admite en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a Bruselas -paso previo para poder recibir los 140.000 millones de los fondos europeos- el pésimo escenario económico en España, resultado de su gestión de la crisis pandémica. El Ejecutivo reconoce que «las medidas de respuesta y apoyo, imprescindibles para proteger la actividad, el tejido productivo y el empleo a corto plazo, no son suficientes, por sí mismas, para garantizar la plena recuperación del nivel de PIB previo a la irrupción de la pandemia ni corregir los importantes desequilibrios, nuevos y heredados, y hacer frente a los retos de futuro».

El Gobierno de Pedro Sánchez admite su incapacidad para manejar el futuro derivado de la brutal crisis económica, acentuada por su estrategia frente al Covid que obligó al cierre de hostelería y otros negocios.

Hasta 2024

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se jacta de que «las diferentes medidas han permitido preservar una buena parte del tejido productivo» -obviando aquí la destrucción de miles de empresas o los 5,6 millones de desempleados- reconoce también que «la nueva normalidad dejará a las economías operando por debajo de su potencial durante un tiempo».

En este contexto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez calcula que «en un escenario inercial, en ausencia del Plan de Recuperación», el nivel de producción y empleo «previo al shock» no se recuperaría hasta 2024. 

Deuda pública

El plan oficial subraya también que «en el ámbito fiscal, la respuesta decidida a la pandemia, los estabilizadores automáticos y la capacidad productiva no utilizada generarán a corto plazo un aumento significativo del déficit y de la deuda pública».

Así, el Gobierno de Pedro Sánchez explica que «las medidas desplegadas hasta el momento han llevado a un aumento significativo de la deuda emitida por el Tesoro del Reino de España, en el entorno de los 150.000 millones de euros en 2020 y 2021».

En su proyección, más allá del corto plazo, el documento enviado a Bruselas destaca asimismo que el Plan «proporcionará un apoyo financiero imprescindible para afirmar la recuperación y minimizar el riesgo de histéresis sobre el tejido productivo, la inversión y el empleo derivado del shock sufrido en 2020». Y asume que «en este momento, el principal riesgo para la recuperación podría venir de un impacto estructural sobre el tejido productivo y a una caída de la inversión total que deprima el crecimiento potencial a medio plazo, como ocurrió tras la crisis financiera».

Por este motivo, el Gobierno no oculta que es «fundamental acelerar la aprobación y puesta en marcha de los nuevos instrumentos».

El escenario económico dibujado por el Ejecutivo genera una elevada incertidumbre. Así, se señala también que la economía española «arrastra desde hace décadas importantes desequilibrios que lastran la capacidad de crecer de forma sostenible en el tiempo». Desequilibrios que, por otra parte, admite indirectamente que no han sido capaces de resolver en los años que llevan en el poder.

Los jóvenes cargarán con la deuda

Así, se señala que debido a «un alto desempleo estructural, una baja tasa de ocupación femenina, empresas pequeñas, baja inversión pública y privada en I+D+i y en capital humano, y un sector público con un limitado margen para desplegar su función de impulso y redistribución debido a sus desequilibrios estructurales, la economía española no ha tenido ni la capacidad para aumentar significativamente la productividad y la renta per cápita ni la resiliencia para hacer frente a las crisis periódicas». «El resultado es bien conocido: intensas fluctuaciones cíclicas, intensos procesos de destrucción de empleo, pobres aumentos de productividad y salarios, y un agravamiento casi crónico de la desigualdad».

El panorama, reconoce el Gobierno, es especialmente preocupante para los jóvenes, que «han sufrido intensamente tanto la anterior crisis financiera como la sanitaria, y tendrán que hacer frente al aumento de deuda pública que ha financiado la respuesta a la pandemia».

«Políticas palanca»

El plan se articula en torno a 10 «políticas palanca»: agenda urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas «resilientes»; transición energética «justa e inclusiva»; «una administración para el siglo XXI»; la «modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas»; un «pacto por la Ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud»; «educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades»; «nueva economía de los cuidados y políticas de empleo»; «impulso de la industria de la cultura y el deporte» y «modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible». 

En este último punto, ha resultado especialmente polémica la propuesta del fin de la reducción fiscal por tributación conjunta. Una medida que aparece literalmente citada en la página 341 del documento, donde se prevé «la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)».

La eliminación de esta figura equivaldría a una subida de impuestos de 2.400 millones de euros para 2,1 millones de familias. Es decir, un golpe fiscal de 1.150 euros de media por hogar, afectando a 4,2 millones de contribuyentes, especialmente de rentas medias.

El Gobierno asegura ahora que no se está planteando la supresión de esta reducción fiscal, pese a la literalidad del plan remitido ya a Bruselas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, llegó a calificar este miércoles de «errata» la inclusión del fin de la bonificación.