El Gobierno se llena de cargos que podrán silenciar lo que estimen “contrario a los intereses de España”

La nueva Ley de Información Clasificada, que ha diseñado el Gobierno de Pedro Sánchez para sustituir a la vigente Ley de Secretos Oficiales, amplía extraordinariamente el número de autoridades con capacidad para censurar el acceso a la información. Tan sólo tendrán que alegar que su difusión puede ser «contraria a los intereses de España» para mantenerla blindada hasta seis años.

La competencia para clasificar la información en la categoría de «Restringido» concede a estos cargos un poder discrecional y prácticamente ilimitado para ocultar todo aquello que consideren. Esta información, según la nueva norma, estará protegida entre cuatro y seis años, cuando se desclasificará automáticamente.

Así, el extenso listado de cargos que tendrán potestad para clasificar y desclasificar este tipo de información comprende desde el presidente a los ministros (con sus secretarios y subsecretarios), pasando por el director del Centro Nacional de Inteligencia o del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y del Ejército. Pero también abarca a secretarios y subsecretarios, a los delegados y subdelegados del Gobierno, al director general de la Policía y de la Guardia Civil, al secretario general de Instituciones Penitenciarias así como a autoridades autonómicas «competentes en materia de Policía, en aquellas comunidades autónomas que hayan asumido estatutariamente competencias para la creación de Cuerpos de Policía».

Todos ellos podrán clasificar la información en dos categorías: «Confidencial» y «Restringida». Y serán, además, responsables de su desclasificación cuando así lo consideren. Asimismo, podrán delegar incluso esa clasificación en las llamadas Unidades de Información Clasificada. Habrá una en cada uno de sus respectivos departamentos y «dispondrán de los medios y recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades, así como de personal cualificado, que deberá ser adecuadamente advertido del deber de reserva que le vincula y que deberá contar con una Habilitación Personal de Seguridad», concedida por el Ministerio de la Presidencia. En definitiva, la Administración se llenará de grupos de funcionarios con capacidad para ocultar el acceso a la información.

Como informó también OKDIARIO, estas «autoridades», entre las que se incluye cada uno de los 22 ministros de Sánchez, podrán también blindar hasta diez años la información cuya difusión, aleguen, pueda suponer «una amenaza» o «perjuicio leve» para «el efectivo desarrollo de las políticas del Estado», una vaga y extensa categoría que abre la puerta a una ocultación sistemática. Otros motivos pueden ser que la revelación de la información perjudique -de forma «leve»- el funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos o la prevención, detección e investigación de delitos.

Sanciones

La nueva norma identifica cuatro categorías de clasificación -«Alto Secreto», «Secreto», «Confidencial» y «Restringido»- y le asigna a cada una un nivel de protección diferente, en función del peligro que puede suponer para la seguridad o la defensa nacional su revelación no autorizada o su utilización indebida.

El Ejecutivo ha fijado además un severo régimen sancionador con multas que pueden oscilar entre los 50.000 euros y los tres millones de euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven y de otras sanciones accesorias, como la prohibición de contratar con administraciones públicas o, en el caso de funcionarios y autoridades, la separación del cargo.

Estas sanciones han sido criticadas por las principales asociaciones de la prensa al advertir del riesgo de censura, pues no se excluye expresamente a los periodistas de la prohibición de difundir la información, lo que iría en contra de la propia Constitución. Desde el Gobierno aseguran que el derecho a la información sí está protegido.

Además, se prevé la desclasificación automática una vez transcurridos unos plazos, que oscilan entre los 50 años (prorrogables otros 15) para información clasificada como «Alto Secreto» y 4 años (no prorrogables) para información clasificada como «Restringida». Como también ha publicado este periódico, esa desclasificación no afecta a la información que ahora está ya clasificada. Eso queda en manos del Consejo de Ministros, que habrá de decidir si la revela o no, por iniciativa propia o cuando un afectado lo solicite.

La norma afronta ahora una enrevesada tramitación parlamentaria, pues cuenta con el rechazo de los principales socios del Gobierno -que la consideren insuficiente- y también las críticas del Partido Popular. Desde el partido de Núñez Feijóo consideran que para abordar los secretos oficiales Sánchez «prefiere hablar con Bildu que con el PP».