El Gobierno impulsa una ley para juzgar a terroristas extranjeros amnistiados mientras perdona a los CDR

Mientras Moncloa apura la negociación con Junts sobre la Ley de Amnistía, el Congreso votará este martes una proposición de ley de Sumar para recuperar la jurisdicción universal en España, de forma que los tribunales españoles podrán perseguir graves crímenes y violaciones de los derechos humanos, entre ellos delitos terroristas, con independencia de dónde se produzcan. Se da la circunstancia de que la norma permitirá que la Justicia española sea competente para investigar a aquellos acusados o condenados que hayan sido «absueltos, amnistiados o indultados» en el extranjero.

«Los supuestos de amnistía o indulto no producirán efectos excluyentes para el ejercicio jurisdiccional si en su tramitación y concesión no se hubieran respetado los tratados y convenios internacionales suscritos por España, y en particular los relativos a la protección internacional de los derechos humanos. Por su parte, tampoco la absolución resultará un requisito impeditivo cuando se hubiere acordado por prescripción de la acción penal, en el caso de que el correspondiente presunto delito perseguido fuera imprescriptible con arreglo a los tratados y convenios internacionales suscritos por España o por el Derecho penal español», se recoge en el texto.

Los dos socios del Gobierno votarán así sobre una reforma que contrasta con los términos de la Ley de Amnistía que negocian con el separatismo y que permitirá borrar los delitos terroristas, con o sin sentencia firme.

Amnistía para el terrorismo

La última versión de esta ley -que fue rechazada por Junts en la votación en el Pleno del Congreso- establece que sólo se excluirán de la aplicación de la amnistía aquellos hechos que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario». Esos artículos se refieren a los casos en que se produzcan muertes y torturas. 

Moncloa pretendía blindar así a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 12 procesados por los altercados violentos promovidos por Tsunami. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, sostiene en un reciente auto que las graves lesiones sufridas por dos policías durante los disturbios de 2019 en Barcelona resultarían «incompatibles» con «el derecho a la vida e integridad física» que se recoge, precisamente, en el artículo del Convenio Europeo de los Derechos Humanos antes citado. El magistrado sostiene, desde una calificación inicial, que los hechos promovidos por Tsunami tendrían la consideración de terrorismo.

En Junts rechazan esa acusación y exigen al PSOE que el texto final ni siquiera recoja el término «terrorismo», al entender, en contra del juez, que durante el proceso separatista catalán no tuvieron lugar hechos que merezcan dicha calificación. Es éste el punto más conflictivo entre los negociadores, que apuran el plazo para ultimar el texto que habrá de someterse de nuevo a la votación en el Congreso de los Diputados. Como ya avanzó este periódico, en Junts exigen cambios sustanciales para aprobar la ley, mientras que el Gobierno, inicialmente, sólo estaba dispuesto a ofrecer modificaciones cosméticas.

En espera de cómo avancen esas negociaciones, el PSOE sí tendrá que posicionarse este martes sobre la ley presentada por sus socios de Ejecutivo.

El texto promueve una reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de forma que la Justicia española será competente para investigar delitos cometidos por españoles o extranjeros cuando se den los tipos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de desaparición forzada acorde a los convenios internacionales, torturas, terrorismo, piratería, trata de seres humanos, tráfico de drogas, esclavitud, mutilación genital o delitos graves contra el medio ambiente.

La iniciativa precisa que, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales suscritos por España, debe quedar acreditado que los responsables o las víctimas tienen algún tipo de conexión con España, cerciorándose también que no se ha iniciado ningún procedimiento en la Corte Internacional de Justicia. Salvo en el caso de genocidio.

Entre los delitos perseguibles se citan además aquellos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, al que se refiere también el juez García-Castellón en uno de los autos en los que apuntala la acusación de terrorismo contra Tsunami. Cabe recordar que el juez investiga los hechos promovidos por la plataforma separatista en el aeropuerto de El Prat. Esa acusación por delitos terroristas ha motivado la preocupación de Junts en la negociación sobre la Ley de Amnistía.