El Gobierno, con Garzón, permitió ampliar el número de cerdos en las «macrogranjas» que ahora ataca

El 11 de febrero de 2020, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que establecía las «normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas», convertidas ahora en el objetivo de sus críticas tras el ataque del ministro Alberto Garzón a la carne española. La normativa del Ejecutivo socialcomunista, a la que Garzón no puso pegas, modificaba dos decretos anteriores, de 2000 y, como estos, fijaba los límites al tamaño de las explotaciones. En concreto, como entonces, la capacidad máxima se situó en 720 UGM (unidad ganadera mayor) pero con la opción de que se pudiese ampliar hasta los 864 UGM, si así lo consideraban las comunidades autónomas, lo que supone un máximo de 7.200 cerdos y 3.500 madres por granja.

El Gobierno, que ahora ataca la ganadería intensiva, mantuvo la posibilidad que ya venía determinada en el decreto anterior (bajo mandato del PP) de que los gobiernos regionales aprobasen una normativa para aumentar aún más la capacidad máxima de las granjas de mayores dimensiones. Así, la norma dejaba a valoración de los gobiernos regionales la posibilidad de aumentar hasta en un 20% la capacidad de las instalaciones «en función de las características de las zonas en que se ubiquen las explotaciones, de las circunstancias productivas o de otras condiciones».

Unas granjas que ahora son motivo de crítica por parte del propio Gobierno tras la polémica por las declaraciones de Alberto Garzón en The Guardian, donde afirmó que España exporta «carne de mala calidad de animales maltratados». El ministro de Consumo se refería, en concreto, a la producción procedente de las granjas de mayores dimensiones que su Gobierno, precisamente, había regulado dos años atrás.

Así, en 2020, el Ejecutivo defendió su real decreto para «revisar en profundidad los pilares» de la normativa hasta entonces vigente, y especialmente en el ámbito de «la sanidad animal y la gestión ambiental de las granjas», dos aspectos que ahora el propio Gobierno cuestiona. El texto destaca que «el sector porcino es la primera producción ganadera en cuanto a importancia económica de nuestro país, así como uno de los principales productores en el ámbito europeo y mundial» y fija normas para la reducción de componentes contaminantes en las explotaciones o el bienestar animal, entre otros asuntos.

El ataque del Gobierno ha provocado un visible malestar en el sector rural, que el pasado fin de semana se echó a la calle en una multitudinaria manifestación en Madrid.

El PSOE salva a Garzón

Pese a ello, Pedro Sánchez ha evitado destituir a su ministro de Consumo y asumir responsabilidades por sus palabras. Este martes, el PSOE salvó a Garzón de tener que comparecer ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, como había solicitado el Partido Popular.

La diputada del PP Milagros Marcos criticó que el Gobierno «cuestione sistemáticamente la honestidad de los agricultores y ganaderos españoles» y avanzó que desde su partido no cesarán hasta que Garzón dimita.

«El problema no es el tamaño de las explotaciones sino que tenemos un Gobierno contrario al mundo rural que, en vez de apoyarlo con fondos europeos, ha decidido acabar con él por asfixia económica y deterioro de su imagen», aseveró Marcos.

Garzón, así, se librará de dar explicaciones en la Cámara baja sobre su ataque a la ganadería, puesto que, al contrario que otros ministros -como Nadia Calviño (Economía) o Carolina Darias (Sanidad)- ni ha solicitado comparecer a petición propia. El titular de Agricultura, Luis Planas, cuya comparecencia también había sido solicitada por el PP por esta polémica, sí lo hará, aunque por otro asunto.

Desde el PSOE el diputado Juan Francisco Serrano acusó al PP de buscar la «confrontación» con su exigencia de responsabilidades y calificó de «falsedad sacada de contexto» lo dicho por Garzón. Algo que no deja de resultar llamativo cuando precisamente el ministro Planas sí dio credibilidad en su día a las declaraciones de su compañero de Consumo, que calificó de «desafortunadas».

Desde que estalló la polémica, el PSOE ha dado muestra de sus contradicciones. Ya en 2020, los socialistas criticaron ante la Unión Europea el modelo de «macrogranjas» y, como Garzón, cuestionaron la calidad de la carne de estas explotaciones. Incluso llegaron a vincularlas con el riesgo de pandemias. El propio Pedro Sánchez aboga en su Plan España 2050 por reducir el consumo de carne y avala un informe que dice que el modelo cárnico español es un «peligro para la salud pública».