Crisis migratoria

El Gobierno admite el caos en los centros de inmigrantes: «Hay 45 nacionalidades y riesgo de revuelta»

La masiva llegada de inmigrantes a Canarias en los últimos días desborda al Gobierno

Interior traslada a los inmigrantes a distintas partes de la Península, sin informar a los gobiernos

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Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La masiva llegada de inmigrantes ilegales a Canarias ha desbordado al Gobierno, que acelera su traslado por toda España. Además de la crítica situación en los lugares de llegada, la gestión de los centros de acogida de refugiados, los más vulnerables, también genera preocupación. Así lo revela el Ministerio de Inclusión en la documentación de un contrato, en proceso de adjudicación, para la seguridad y vigilancia privada del centro de acogida de refugiados (CAR) de Vallecas (Madrid).

El departamento que dirige José Luis Escrivá admite que en estos centros residen personas de «hasta 45 nacionalidades diferentes a un mismo tiempo» que «comparten habitaciones», pudiendo «convivir ajustadamente tres personas de diferentes procedencias, sin vínculos familiares ni culturales ni idiomáticas entre ellas». «Esta convivencia forzosa requiere intervenciones y mediaciones permanentes que, cuando no logran dar una salida dialogada al conflicto, precisan de la intervención del personal de seguridad con el fin de evitar situaciones de violencia», se destaca en la memoria justificativa.

En estos centros, relata Inclusión, «están presentes en muchas ocasiones conductas reactivas, tensiones, o reacciones personales con una importante carga de crispación y exasperación». Y dadas estas circunstancias, y vista la «experiencia», «no puede excluirse la posibilidad de que se genere un conflicto o altercado colectivo, incluso una revuelta violenta».

La seguridad de estos centros se encarga a vigilantes privados, no a Policía ni Guardia Civil. Para el centro de acogida de Vallecas, Inclusión precisa de siete empleados. El coste del contrato asciende a 1.485.393 millones para cuatro años, cofinanciados con fondos europeos. Entre sus funciones está la vigilancia interior y exterior de la instalación, el control de visitantes o la «disuasión o contención de cualquier altercado o conflicto», además de «solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El Gobierno admite que los inmigrantes trasladados a estos centros presentan cuadros frecuentes de ansiedad, depresión o estrés post-traumático, además de otros «síndromes que dificultan su convivencia y limitan su capacidad de reacción y sociabilidad». Factores que se ven agravados, reconoce, por la incertidumbre respecto a su futuro, «ya que la respuesta a su solicitud de protección demora un año o más».

Llegada masiva de inmigrantes

En los últimos días, el Gobierno se ha visto desbordado por la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Canarias. Sólo el pasado sábado, más de 1.000 personas arribaron a las islas. Ante la situación de colapso en los recursos del archipiélago, el Ejecutivo ha optado por su traslado a la Península, de forma clandestina y sin dar conocimiento a los distintos gobiernos regionales.

El pasado lunes, OKDIARIO fue testigo de la llegada de un vuelo con capacidad para más de 300 personas que trasladaba a inmigrantes llegados a Canarias al aeropuerto de Barajas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no fue informada. Fuentes del gobierno madrileño calificaron la operación de «deslealtad» criticando la falta de coordinación por parte de Interior. El martes, otros dos aviones de la misma capacidad aterrizaron en el aeropuerto madrileño, procedentes de Canarias.

Los inmigrantes son repartidos después por distintos puntos de España, como Aragón, Extremadura o Andalucía. Los gobiernos de estas comunidades, todos del PP, han denunciado la falta de información. Este martes, 320 inmigrantes fueron trasladados a un hotel de cuatro estrellas de Almería, donde la habitación tiene un precio mínimo de 120 euros por noche.

Aunque en público el Gobierno asegura que la situación está bajo control, en privado habla de «emergencia». Una resolución publicada por este periódico revela la preocupación por gestionar las llegadas.

Según el último balance de Interior, 36.814 inmigrantes ilegales habían llegado a España, bien por vía marítima o terrestre, hasta el pasado 15 de octubre. No obstante, esa cifra se queda corta, ya que en los últimos días se han registrado centenares de desembarcos. Interior admite que las llegadas a las islas se han incrementado un 79,4% (23.537) en comparación con el año pasado. Las imágenes recuerdan a las peores crisis migratorias vividas en Canarias.

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