El Gobierno reactiva el dispositivo de control de fronteras para evitar la llegada de Puigdemont a la investidura

El Gobierno tiene la evidencia de que Carles Puigdemont ha vuelto a plantearse la aparición en Cataluña. En concreto: que planea intentar presentarse en el Pleno de Investidura en el Parlamento catalán, que debería celebrarse antes del 31 de enero. Y sabe que, en caso de acabar tomando la decisión de hacerlo, su plan consiste en salir de Bélgica, posiblemente escondido en coche, y llegar hasta Barcelona para forzar al Gobierno a tener que optar entre una detención policial ante los medios de comunicación en plena investidura o permitir la vergüenza de una desautorización abierta a todo el estado de derecho.

La orden está dada ya por la Justicia: y es la de la detención inmediata, con lo que, con toda probabilidad, la opción sería la primera, una instantánea que, acto seguido, sería utilizada por todas las terminales separatistas internacionalmente para venderla como la prueba de una supuesta vulneración democrática.

La Policía y Guardia Civil lo saben y no piensan permitir, bajo ningún concepto, que Puigdemont pueda llegar a cumplir ese plan. Y para evitarlo, el Ministerio de Interior ha reactivado ya el dispositivo policial que se encargó de vigilar y controlar la frontera cuando temió un plan similar del expresident regional al cierre de la campaña electoral previa al 21-D. La orden es sencilla: si cruza la frontera, detención inmediata.

El dispositivo está integrado por Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. La primera línea de actuación serán los Mossos, puesto que es su jurisdicción, pero la envergadura de la operación ha vuelto a requerir del complemento de Policía y Benemérita.

Otras tentativas

El Gobierno puso ya en marcha este dispositivo hace poco más de un mes, cuando se enteró de que la cúpula de JxCAT había propuesto viajar a Cataluña en plena campaña para relanzar el voto. Ya en aquel momento el principal impedimento fue el miedo de Puigdemont a la prisión. De hecho, en su partido le intentaron convencer de que conseguiría volver sin ser apresado. Desde la Policía española han confirmado ya, como lo hicieron en el pasado, que Francia –país que debería cruzar Puigdemont en su travesía de ida y vuelta– prestará toda su ayuda para que este plan no puede salir bien.

Las autoridades españolas saben que la prisión asusta a Puigdemont. Y saben que la posibilidad de que el plan no se ejecute depende, básicamente, de ese temor a encontrarse en una situación similar a la de Junqueras. Pese a ello, consideran que el acto realizado en Dinamarca muestra una escalada en sus tentaciones de aprovechar el efecto mediático de una detención en público y grabada y que, por lo tanto, es mejor tomar todas las precauciones.
El temor del Gobierno pasa por el hecho de que Puigdemont pretenda cruzar la frontera a través de carreteras rurales.

La llegada en avión o tren le produce menos miedo al Ejecutivo ante la evidencia de un mayor y más fácil control. En el entorno rural se daría el problema adicional de que el cuerpo que podría ayudar al Ministerio de Interior, los agentes rurales de la Generalitat, están comandados por un director general, Marc Costa, totalmente entregado al separatismo, como ha publicado OKDIARIO.

La Fiscalía, por su parte, tiene claro que pedirá detener inmediatamente a Carles Puigdemont en cuanto pise España. El punto se debatió ya durante el mandato de José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General. Y la conclusión fue y sigue siendo rotunda: el expresident de la Generalitat y los exconsellers fugados a Bélgica han demostrado su intención más que evidente de fugarse y de escapar a la acción de la Justicia.